El priorizar políticas para la intensificación de la agroindustria y de las cámaras empresariales ha venido acompañado del debilitamiento de las condiciones de las comunidades para potenciar la agricultura y la producción de alimentos a escalas familiares y comunitarias. Esto ha implicado que cada vez más personas campesinas se acerquen a los trabajos en empresas productoras de monocultivos como piña, banano y palma, generando también un cambio en las economías familiares, que en ocasiones pasan a depender en mayor medida del trabajo asalariado.

Tal y como diversas comunidades lo han comentado, la llegada de estas empresas ha provocado, además de este, impactos en la cotidianidad de las personas, como la exposición a agroquímicos, el mal estado de los caminos por el peso de la maquinaria, la contaminación de fuentes de agua y un sistemático incumplimiento de derechos laborales.

Sin embargo, el contexto de pandemia que se encuentra atravesando el mundo pone nuevas discusiones sobre la mesa y evidencia aún más las desigualdades que venían sucediendo y que se intensifican. En los últimos meses, a raíz de la pandemia, ha habido afectaciones a gran escala en el sector trabajador; según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el contexto del COVID-19 se reporta el 81% de la fuerza de trabajo mundial con afectaciones totales o parciales. Para el caso de Costa Rica, según el informe de del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se estimó que unos 200 mil empleos serán afectados y que el desempleo pasaría de un 12% a un 19%. En el caso del sector agrícola, específicamente el de producción de piña, se reporta pérdidas principalmente en la Zona Norte del país, que es donde se concentra el 49% de esta producción. Según informes del presidente de la Cámara Nacional de Productores y exportadores, ha habido una afectación en el 38% de la piña, la cual está teniendo problemas de comercialización en Estados Unidos y Europa.

No obstante, a pesar de que se presenta un nuevo contexto para la economía, es necesario recalcar que aún en los momentos de mayor producción y exportación de esta fruta las condiciones de trabajo se han desarrollado bajo un constante incumplimiento de derechos. Eso se ha visto reflejado en las reiteradas denuncias y huelgas que se han realizado a lo largo de años.

Sin embargo, las condiciones han tendido a profundizarse y hacerse más evidentes con la pandemia. El Sindicato de Trabajadores del Sector Privado (Sitrasep) se encuentra denunciando que en momentos de emergencia sanitaria hay empresas piñeras en la Zona Norte del país que en su conjunto tienen hasta 750 trabajadores sin seguro, las cuales continúan incumpliendo sus deberes patronales. Por otro lado, se reporta omisión por parte de las empresas de las normas básicas del Ministerio de Salud y el equipo necesario para las medidas sanitarias y laborales.

Esta crítica situación preocupa en mayor medida debido a las características socioeconómicas que reúne la Región Huetar Norte. Según Mideplan, la actividad agropecuaria es la más importante en la región, puesto que en este sector trabaja cerca del 35% de la población. Por su parte, Morales y Segura (2017), basadas en el Censo Agropecuario del 2014, señalan que “hay una relación directa entre pobreza, empleo agropecuario y extensión agropecuaria” (p.226).

Por otro lado, la presencia reiterada de bajas calificaciones en índices como el de Desarrollo Social de Mideplan y el de Competitividad Cantonal del Observatorio del Desarrollo de la UCR, son muestra de la condición de vulnerabilidad en la que se ha colocado a las regiones fronterizas y costeras del país. Oportunidad que ha sido aprovechada por la agroindustria de la piña, la cual ha captando mayores rentas a partir de su creciente control del mercado de trabajo, del acceso a mano de obra transfronteriza y del incumplimiento de derechos laborales.

Este periodo de crisis puede dar paso a un sinfín de debates entorno a manejos y decisiones políticas y también a cómo repensar las relaciones con otras personas y la naturaleza. Lo cual permite recalcar la importancia de la soberanía alimentaria y las formas de producción de alimentos frente al modelo agroexportador que nos han vendido las élites político-económicas del país. Así como abrir discusiones alrededor de las grandes desigualdades que existen entre las regiones fronterizas y costeras y lo que conocemos como la GAM. Pero definitivamente, lo que nos debería de ocupar hoy, en el corto y mediano plazo, son las respuestas que desde lo local se pueden articular para hacer frente a la crisis, y que ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema.

Fuente: https://semanariouniversidad.com/opinion/las-desigualdades-en-la-ruralidad-se-evidencian-mas-en-tiempos-de-pandemia/

Agradecemos a todas la Unidades Acádemicas que nos han hecho parte de sus espacios: CIEP UCR Facultad de Ciencias Sociales Escuela De Ciencias Políticas Escuela de Trabajo Social UCR Escuela De Antropologia Ucr Escuela De Geografía

Les compartimos la nueva configuración de los proyectos del Programa Kioscos, organizados por las Unidades Académicas en donde cada proyecto está inscrito.

 

Marisol Rapso & Mauricio Alvarez (Consejo De Programas De Acción Social)

Es en este contexto que le solicitamos al CU que extienda dicho plazo a un mes adicional a partir de la normalización del quehacer en nuestra Universidad. Así podrá enriquecerse la propuesta con la consulta necesaria y este Consejo tendrá un insumo adecuado y consensuado con los beneficiarios de los Programas, para fortalecer el accionar de estos importantes espacios que tienen la función de oxigenar y retroalimentar a través de acción social, la investigación y la docencia, trabajando prioritariamente con poblaciones y espacios vulnerabilizados de nuestro país.

Artículo:

Los Programas Institucionales de Acción Social son instancias que aportan desde hacen más de tres décadas a la articulación entre la Universidad y la Sociedad; además, actúan como catalizadores dentro de la misma universidad e instituciones estatales, tejiendo una red de incidencia que se hace evidente en los éxitos y reconocimientos recibidos.

Por casualidad, nos enteramos en diciembre pasado que se estaba creando un Reglamento (R-273-2019) para regular los Programas Institucionales sin tomarnos en cuenta, según se publicó en el Semanario Universidad (03-12-19). El Reglamento propuesto no retoma nuestra experiencia o aprendizajes, más bien busca anexar y centralizar los nuevos programas a la Rectoría. Al mismo tiempo, de manera irreflexiva y sin esperar a la finalización del proceso de consulta al Reglamento, se empezó a generar una serie de medidas administrativas y unilaterales para sacar a los programas de la Vicerrectoría de Acción Social.

Desde ese momento, nos hemos organizado para dar respuesta a la propuesta del Consejo Universitario con respecto a los Programas institucionales, al mismo tiempo que se nos exige que cumplamos con medidas que buscan anexar los Programas a las unidades académicas. Esto implica que los Programas se vuelvan disciplinares al imponer términos administrativos que entorpecen los procesos de trabajo multidisciplinarios de los mismos.

Esta propuesta tiene entre sus justificantes reuniones con algunos programas realizadas en 2011 y 2013 con objetivos muy distintos al documento en consulta en el 2019. Es por esta razón, y como una forma de impugnar la misma, que se reactiva la figura del Consejo de Programas de Acción Social, planteado por la anterior vicerrectora de Acción Social.

A la fecha tenemos un documento trabajado desde los Programas de Acción Social, el cual es fundamental compartir con nuestras poblaciones, comunidades y personas usuarias. Algunos programas –como el caso de Kioscos–, por las nuevas regulaciones administrativas y recorte de personal, no han podido normalizar sus actividades usuales a la fecha. El PIAM y el Programa de Educación Abierta estaban por iniciar sus cursos en marzo, pero fueron suspendidos debido a la situación de emergencia nacional provocada por el COVID-19. A los Programas no se les autorizó hacer nombramientos de estudiantes en verano y para el I ciclo 2020, se bajaron las horas asistentes o se cambiaron por horas estudiante, otros tuvieron cambios en el número de plazas que dejaron a los funcionarios sin vacaciones y sufrieron rebajas en sus presupuestos de apoyo.

Entre las actividades que programamos para darle contexto a esta discusión están debates, programas de radio, foros, pasacalles y otras actividades. En una ocasión invitamos a la actual vicerrectora de Acción Social a debatir públicamente sobre la situación de la acción social, pero declinó su participación. Finalmente, algunas de estas actividades tuvieron que suspenderse por la emergencia nacional; en ese caso, la idea inicial de consensuar esta propuesta alternativa de Reglamento con la comunidad universitaria, los sectores y poblaciones directas de los diferentes Programas no ha sido posible.

Sin embargo, los plazos de consulta establecidos por el Consejo Universitario, a pesar de esta realidad que como país nos afecta, transcurren sin ningún cambio; es decir, a pesar de la suspensión de labores establecida en la Universidad y de la reorganización de muchas de las actividades programadas, la fecha del 31 de marzo sigue aplicando como el plazo límite para esta consulta. Sin poder informar a todas las personas usuarias de nuestros Programas, principales interesados de esta consulta, del contenido final de la propuesta trabajada.

Es en este contexto que le solicitamos al CU que extienda dicho plazo a un mes adicional a partir de la normalización del quehacer en nuestra Universidad. Así podrá enriquecerse la propuesta con la consulta necesaria y este Consejo tendrá un insumo adecuado y consensuado con los beneficiarios de los Programas, para fortalecer el accionar de estos importantes espacios que tienen la función de oxigenar y retroalimentar a través de acción social, la investigación y la docencia, trabajando prioritariamente con poblaciones y espacios vulnerabilizados de nuestro país.

Era Verde Canal UCR conversa con Dylanna Rodríguez y Zuiri Méndez, del Programa Kioskos Socioambientales, sobre las controversiales decisiones que ha tomado la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, que han afectado la labor de varios programas institucionales de acción social.

Puede ver el programa aquí.

 

*seminario sobre la intensificación de un modelo fracasado

 (24/03/2020). La agricultura está amenazada en la 4ta revolución industrial. Se plantea una vuelta de tuerca más para acabar con la agricultura real y desarmar las redes campesinas de alimentación. Impulsada por las corporaciones en un momento donde nunca antes la concentración del poder había llegado a las dimensiones actuales. La maquinaria, la semilla, los insumos agrícolas, los agrovenenos, el agua y la tierra son acaparados para alimentar un sistema agroindustrial que no da de comer, ni nutrir, a la humanidad.

 

Fecha límite de envío del CV: 18 de marzo
Favor revisar los requisitos, los CV que no cumplan con estos, no serán tomados en consideración.

Este próximo jueves 12 de marzo a las 6pm en el auditorio de la facultad de Educación.

Algunas y algunos no han podido terminar sus horas de TCU, ya que en verano es donde se realizan más giras. Esto ha atrasado que algunes incluso no se puedan graduar.

Las decisiones que la vicerrectora ha tomado, ha generado que al día de hoy en el Programa Kioscos no cuente con la posibilidad de ejecutar el presupuesto y por lo tanto, las labores en comunidad están paralizadas.

 

De manera respetuosa pero vehemente, este cuerpo estudiantil exige:

1. Que desde la Vicerrectoría de Acción Social se pueda ejecutar el presupuesto del TC-590 mientras se resuelve con la Unidad Académica, cómo funcionará la administración de los mismos. De esta forma, podremos iniciar con el trabajo que tenemos programado para este año

2. Mayor compromiso y fortalecimiento de la acción social, siendo esta un pilar de la universidad pública

3. El conocimiento de esta solicitud por parte de la Sra. Angulo, así como una respuesta pública, que permita a la población universitaria y a las comunidades, conocer con detalle porqué esta administración no ha tenido respeto por nuestros derechos, al debilitar una área sustantiva que permite formarnos y aportar a la sociedad.

4. Una pronta rendición de cuentas por parte de la administración de Henning Jensen respecto a estas acciones que han violentado de una u otra forma, los derechos de las personas estudiantes y de las personas funcionarias

Prosokioc