Autor: Mauricio Álvarez Mora , Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 Diálogo de Saberes y Geografía, docente Escuela de Geografía, Ciencias Políticas, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.

Hoy día de la tierra entra en vigor el Acuerdo de Escazú y mientras en la región celebran en nuestro país están amenazadas de muerte 12 personas de pueblos indígenas: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba); Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra); Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Doris Ríos, Ariel Ríos (China Kichá); y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y José Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además, han amenazado a dos defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery López Castro[1].

Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

Estas intimidaciones son parte de los 88 tipos de agresiones registradas tan solo el año pasado[2], entre las que están: agresiones por parte de turbas, múltiples tipos de amenazas, amedrentamientos, hostigamientos, detonaciones de arma de fuego, incendios, bloqueos de caminos, agresiones con arma, ataques con sustancias químicas y muchas otras formas de violencia, cuyo hecho crucial fue el asesinato del dirigente indígena Jerhy Rivera, en febrero del 2020. Toda una guerra de lenta y cruel intensidad.

Para este 22 de abril Día Internacional de la Madre Tierra nos parece importante preguntarnos ¿Cuáles desafíos estamos enfrentado para su cuido? Les compartimos en estas infografías algunas de las tensiones que nos preocupan y les invitamos a reflexionar ¿Cuáles otras están presentes en sus territorios, comunidades, barrios?

Fuente: Frente Ecocipreses https://www.facebook.com/frente.ecocipreses.1

La deficiente e irregular administración de los últimos años de la ASADA de Cipreses ha agudizado la problemática del recurso hídrico en la comunidad. Todas las irregularidades administrativas han sido demostradas a través de investigaciones por parte del AyA. Desde el Frente comprendemos que el desarrollo ambiental va íntimamente ligado a una administración sana y transparente del recurso hídrico. Un mala gestión del recurso, las nacientes sobreexplotadas y violentadas en sus zonas de protección, forman el caldo de cultivo perfecto para un caos.

Los fondos públicos que administran las ASADAS son ÚNICAMENTE para velar por el abastecimiento y la continuidad del servicio a la población, así como para la protección del recurso hídrico. Mientras las nacientes se encuentran violentadas y deforestadas en sus zonas de protección y la ASADA sea administrada de manera deficiente e irregular, la crisis del recurso hídrico en Cipreses no acabará.

Con la participación de Patricia Mora: Diputada en el periodo 2014-2018, Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez: Directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria.

Pueden ver el programa aquí.

Los pueblos indígenas vivimos sumidos y abandonados en nuestros territorios y violentados por todos los medios. Los tres poderes de este país violentan los derechos del pueblo indígena: esta Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo.

Vivimos sumisos y para sentirnos bien tenemos que callarnos, estar escondidos y no hablar. Desde el momento en que hablamos nos asesinan. Hace 40 años yo empecé esta lucha con el hermano Sergio Rojas y es una lucha muy desigual, totalmente desigual.

En las universidades se forman los procesos educativos, no hay un solo curso de derecho indígena en la Universidad de Costa Rica ni en las universidades privadas donde se forman los abogados. Es muy difícil manejar el tema indígena.

Como pueblos indígenas hemos sido reconocidos con derechos desde 1939. Tenemos una serie de jurisprudencia que no la consideran para tomar decisiones en los pueblos indígenas. Generalmente, cuando el juez toma una decisión la hace basada en la jurisprudencia que tiene a nivel nacional y no basada en los derechos que existen para los pueblos indígenas y que se han ido reconociendo.

¿Es lícito confundir la profundidad de una clase con el bienestar de un país? Eduardo Galeano

arece curioso hablar sobre la tierra en tiempos de la exacerbación tecnológica y la economía del conocimiento; sin embargo, reflexionar sobre la situación de la tierra en Costa Rica no es un asunto menor. La tierra es un bien común no renovable, que nos alberga y garantiza muchos otros (agua, bosques, biodiversidad, alimentos), que tiene un lazo intrínseco para el sostén de la vida. Por ello, resulta relevante cuestionarnos: ¿En qué situación se encuentra el uso y tenencia de la tierra?

El curso “Ambiente y ecosistema culturales desde América Latina de la Maestría de Estudios Latinoamericanos del IDELA invita a participar a una clase abierta: “Del extractivismo en América Latina” con Emiliano Teran Mantovani, Sociólogo de la Universidad Central de Venezuela y Master en Economía Ecológica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Doctorando en Ciencia y Tecnología ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona. Participa en el Grupo Permanente de Trabajo Sobre Alternativas al Desarrollo organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo, en el Grupo de Trabajo CLACSO sobre ecología política y ha colaborado con el proyecto EjAtlas - Justicia Ambiental con Joan Martínez Alier. Miembro fundador del Observatorio de Ecología Política de Venezuela.

Pueden ver la conferencia aquí.

Sobre “El gobierno del Partido Acción Ciudadana y el debilitamiento de la institucionalidad democrática costarricense” con la participación de Patricia Mora Castellanos y Laura Martínez

Pueden ver el programa aquí.

A pesar de que Sergio Rojas Ortiz, del clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre, era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321-12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática muchas veces, la omisión de las medidas permitió el homicidio. 

Así inicia el documento firmado por una sólida muestra de interculturalidad que incluye a las autoridades y consejos autóctonos de los pueblos originarios, organizaciones de campesinos recuperadores de tierra, defensores del derecho a la tierra, representantes de diversas culturas, organismos de derechos humanos, programas de acción social de universidades públicas, organizaciones ambientalistas y activistas independientes de distintos sectores sociales.  

Más de 30 organizaciones reiteraron ante el mundo, ante la sociedad costarricense y el gobierno de la República incluyendo a cuestionado Sistema de Justicia, que las razones del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz fueron “políticas” “racista” y “de intereses empresariales” de terratenientes que le arrebatan los territorios con violencia a personas pacíficas y desarmadas.

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