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- Zona de vulnerabilidad amenazada por megaproyecto hotelero
La Gruta en Belén de Heredia es una zona de una gran importancia ecológica pues alberga más de 14 nacientes de agua. También hay dos zonas boscosas muy importantes para la comunidad, el Bosque de la Negra, llamado así debido a una antigua propietaria conocida como “La Negra’’ y bosque adentro, se encuentran otros terrenos boscosos propiedad de la Municipalidad. Además, fue el asentamiento de los primeros pobladores de la zona los cuales fueron indígenas huetares, por lo que ha provocado un gran apego y es de gran importancia para la comunidad de La Asunción, distrito en el que se encuentra La Gruta.
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- Realizado con participación comunitaria y resultados son parte de la red mundial de corales
El 4 de noviembre del presente año, El Centro de Buceo Comunitario Embajadoras y Embajadores del Mar (CCBEM) con participación de personas de la comunidad realizaron un monitoreo respecto a la salud de los corales en La Caracola, ubicado en Punta Cocles, Limón, Costa Rica. Este fue el punto inicial de la evaluación de 300 corales de la zona donde ya se contaba con registros previos en este lugar. Para esto se utilizó una metodología y los resultados serán accesible en Reef Check, de Coral Watch de la Universidad de Queensland de Australia. Tanto el monitoreo como el Centro parten del enfoque de Ciencia Ciudadana es decir con capacitación y participación de la comunidad, donde se presentarán próximamente los resultados.
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- Mañana miércoles a las 3 de la tarde
En representación de las comunidades costarricenses afectadas por la contaminación por el uso de plaguicidas altamente contaminantes y organizaciones ambientales entregarán más de 106.422 firmas que solicitan a la Asamblea Legislativa la pronta aprobación del proyecto de ley de Expediente No. 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos.
Aunque algunos de los plaguicidas altamente peligrosos incluidos en el proyecto ya están prohibidos vía decreto ejecutivo, incluyendo recientemente el clorotalonil, es necesario brindar mayor seguridad jurídica a las personas afectadas, elevando a rango de ley la prohibición del registro, importación, fabricación, formulación, almacenamiento, distribución, transporte, reempaque, reenvase, manipulación, venta, mezcla y uso de 16 plaguicidas altamente peligrosos y la evaluación de riesgos periódica de al menos otros 19 plaguicidas más.
Las organizaciones que protestan entregarán las firmas y una carta a la Comisión de Ambiente del Congreso donde aseguran que “es urgente establecer mecanismos efectivos para el control de venta y uso de plaguicidas en el país”.
El proyecto de regulación busca además la transición hacia una producción de alimentos con menor carga química y mayores beneficios económicos para las personas agricultoras que requieren la creación de mecanismos para el fomento, fortalecimiento y financiamiento de la investigación, desarrollo, asistencia técnica, extensión y capacitación para la agricultura sostenible.
En la carta aseguran que es “necesario generar mejores condiciones para el surgimiento y consolidación de emprendimientos que produzcan alternativas a los plaguicidas químicos sintéticos, incluyendo trámites preferenciales para su registro y créditos fiscales a favor de personas productoras que compren estas alternativas”.
Además, buscan eliminar incentivos fiscales perversos, como lo es la exoneración fiscal de la que gozan los plaguicidas altamente peligrosos, cuyo uso termina generando enormes pérdidas y gastos al país que terminamos pagando injustamente todas y todos los costarricenses. Finalmente aseguran que “debe fortalecerse el régimen sancionatorio tanto por el uso de plaguicidas prohibidos y como por el uso indebido de los plaguicidas permitidos y asegurar recursos suficientes para su aplicación efectiva”.
Por estas razones solicitan a las señoras diputadas y a los señores diputados de la Comisión de ambiente: audiencia a representantes de las comunidades afectadas por el uso de plaguicidas, dictamen afirmativo al Expediente No. 23.783 y su aprobación en plenario legislativo.
Finalmente: “en ejercicio de su rol de control político, la Asamblea Legislativa brinde seguimiento al cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo de las 8 recomendaciones contenidas en el Informe Técnico Clorotalonil del 14 de abril de 2023, elaborado por el equipo interinstitucional conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Ambiente y Energía e Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados”.
Las personas organizadoras señalan que con esta entrega dan inicio a una nueva etapa en la campaña que han sostenido en su derecho constitucional a obtener agua sin agrotóxicos.
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Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
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- Empresa vinculada a contaminación de Escuela La Victoria de Santa Rita de Río Cuarto
El pasado 30 de noviembre del 2023 en la noche, se produjo una situación que puso en peligro la salud de la población del Barrio El Progreso en Santa Rita de Río Cuarto. Jessica Luna, narra que alrededor de las 8:20 pm había maquinaria rociando productos agroquímicos en una finca que se encuentra detrás de sus casas. Ella comenta que era “un olor insoportable, hasta respirar costaba, yo procedí a cerrar las ventanas y encender el abanico y a mí, y tengo conocidos que a los chiquitos más que todo, les produjo náuseas, unos dijeron dolores de cabeza, malestar estomacal, picazón en la garganta y en la nariz y hoy amanecí igual, con los mismos malestares, es un olor tan fuerte que uno inhala y exhala y siente el producto en el paladar, comiendo uno siente hasta amarga la comida.”
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- Costa Rica se une a otros 30 países que han prohibido este agroveneno
- Decreto establece 6 meses para que se agoten las existencias del producto
El decreto N° 44280-S-MAG-MINAE fue firmado por el presidente de la República, fue emitido conjuntamente por Ministerio de Salud, MAG y MINAE y publicado el día de hoy en la Gaceta.
El decreto asegura que “el Clorotalonil es un fungicida no sistémico que se utiliza principalmente en una amplia gama de cultivos, incluyendo hortalizas y frutas, es altamente persistente en el medio ambiente, lo que genera impactos negativos. En el suelo, su degradación depende de factores como la temperatura, el pH y la presencia de microorganismos, esto determina su capacidad para generar otras moléculas, conocidas como metabolitos, de importancia para la salud.
Asegura que es una molécula que “puede ser altamente tóxica para peces e invertebrados acuáticos cuando se aplica durante periodos de lluvia”. Además, que “crea preocupaciones significativas para la salud de los individuos ya que se encuentra categorizado en el grupo 2B como probable carcinógeno humano según la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC por sus siglas en inglés) y también presenta preocupaciones para la salud por su posibilidad de ser un perturbador endocrino y generar efectos en el desarrollo embrionario”.
La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) elaboró un informe dirigido a la Comisión Europea para prohibir el uso del Clorotalonil en todas sus formas, concluyó que había problemas críticos en cuanto a la contaminación ele las aguas subterráneas por los metabolitos del clorotalonil, se concluyó que, en todos los escenarios pertinentes para los usos propuestos, se prevé que los metabolitos estarán por encima del valor paramétrico de O, 1 µg/1.
Según dice el decreto 2020 la Unión Europea procedió con la prohibición del uso del Clorotalonil ya que puede presentar riesgos para la salud humana además ha identificado una serie de preocupaciones que incluyen la toxicidad de sus metabolitos y que la exposición crónica puede ser motivo de preocupación, especialmente para los grupos de población más vulnerables.
Alvaro Sagot abogado ambientalista que fue el abogado que ayudó a la comunidad aseguro “Me parece una gran victoria del sector ecologista que logró, a punta de gestiones administrativas y judiciales, demostrarle a los empresarios y al Poder Ejecutivo que hay que pensar en las generaciones futuras y la protección de bienes que son altamente frágiles y finitos!”
El decreto establece concretamente en su artículo 1 Se prohíbe el registro, la importación, la exportación, la fabricación, la formulación, el almacenamiento, la distribución, el transporte, el reempaque, y reenvase, la manipulación, la venta, la mezcla y el uso de materia prima o productos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL.
Mientas el artículo 4. establece “que Los Ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería y de Ambiente y Energía en el marco de sus competencias, velarán por el cumplimiento de las disposiciones aquí establecidas”. Y el artículo 5 establece que en caso de incumplimiento de las disposiciones establecidas en el Decreto Ejecutivo “se dará lugar a la aplicación de las medidas sanitarias especiales que señala la Ley General de Salud, la Ley para la Gestión Integral de Residuos, la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley de Protección Fitosanitaria, sin perjuicio del resto de sanciones establecidas en la legislación nacional”.
El único transitorio establece que “las personas físicas o jurídicas que importen, exporten, fabriquen, formulen, almacenen, distribuyan, transporten, reempaquen, reenvasen, manipulen, vendan, mezclen y usen plaguicidas sintéticos formulados que contengan el ingrediente activo CLOROTALONIL, tendrán un plazo impostergable de seis meses en todo el territorio nacional contado a partir de la publicación de este Decreto Ejecutivo en el Diario Oficial La Gaceta para agotar sus existencias en el mercado nacional.
Vencido este plazo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería a través del Servicio Fitosanitario del Estado y el Ministerio de Salud procederán a la cancelación de todos los registros que contengan este ingrediente activo.
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Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica
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Se puede seguir firmando en línea hasta el 6 de diciembre
Este próximo 6 de diciembre se cumple el plazo de 6 meses que la Sala Cuarta otorgó al gobierno costarricense para prohibir el Clorotalonil en el país, a pesar de esto, no se ha cumplido con dicha indicación. Por lo tanto, los grupos ambientales se manifestarán ese mismo día frente a Casa Presidencial, a partir de las 11 am, para hacer entrega de las firmas recolectadas en apoyo a la prohibición y demandar que se respete el derecho al agua de miles de costarricenses. Por el momento cuentan con 75 mil adhesiones, pero esperan que “más personas se unan en la defensa del agua”.
Para firmar se puede ingresar al enlace e incluir su nombre y su correo electrónico, es fácil y rápido. La plataforma es impulsada por la organización Ekō, una comunidad formada por más de 22 millones de personas de todo el mundo: “comprometidas con la tarea de frenar el creciente poder de las corporaciones. Queremos que las empresas, de las que somos compradores, trabajadores e inversionistas, respeten el medio ambiente y la democracia, y traten bien a sus empleados”.
El agroquímico pone en peligro la salud de más de 10 mil ciudadanos cartagineses. Como dice Jordan Vargas, vecino del lugar y defensor de agua de Cipreses de Oreamuno: “No queremos degradados agrotóxicos en el agua de las comunidades. Acompáñenos a exigir nuestro derecho Constitucional de agua sin venenos agrotóxicos.”
La petitoria también solicita a la Asamblea Legislativa aprobar el proyecto de ley de Expediente 23783 sobre la regulación de plaguicidas altamente peligrosos y al Poder Ejecutivo, “implementar las ocho recomendaciones del Informe Técnico Clorotalonil”, que incluye su prohibición del agroveneno. Según la solicitud, el agroquímico está prohibido en 32 países “pero en vez de sacarlo del mercado, compañías europeas como Syngenta nada más lo venden en países del sur global como Costa Rica”.
La petición está encarnada en Isabel Méndez García, vecina y lideresa en la defensa del agua en Cipreses de Oreamuno de Cartago, un pueblo pequeño donde cuya agua está contaminada de moléculas degradadas del pesticida cancerígeno clorotalonil. Isabel, al igual que otros vecinos de la zona, están siendo afectados y continúan recibiendo agua en cisterna desde hace más de un año. Sin embargo, hay que recordar que los primeros análisis que dieron presencia de derivados de clorotalonil fueron a finales del 2021 (Se confirma contaminación con agroquímicos en el agua de Cipreses Cartago).
Unos días después se denunció que otra comunidad vecina Santa Rosa de Oreamuno también tiene sus nacientes contaminadas con derivados del mismo veneno afectando a miles de personas (Kioscos UCR, 24-3-23). Lo más grave que según un Informe de los Ministerios de Salud, de Ambiente y del AyA fue clave para que la Sala Constitucional solicitará la prohibición del clorotalonil en junio pasado en la zonas vecinas de Cartago. Había alrededor de 65.000 personas que dependían de suministros de agua en “las mismas condiciones”, con una agricultura tan cercana a las fuentes de agua que estaba “afectando la calidad del agua” y generando “una probabilidad muy alta de contaminación por el uso de los productos químicos".
El pasado 10 de noviembre ARESEP convocó a una Mesa de Trabajo con el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes. En este espacio se dio a conocer que el Decreto de prohibición del Clorotalonil está firmado por la ministra de Salud y está en la mesa del ministro del Ministerio de Agricultura y Ganadería para pasar posteriormente al presidente de la República y que sea oficializado. También, se dio a conocer que otra ASADA en San Pablo de Oreamuno estaría contaminada con derivados del Clorotalonil y finalmente se anunció la publicación del decreto N°44200 de fortalecimiento del Laboratorio Nacional del Agua (Ver más de resultados de reunión).
Para más información: frente.
Diputado pide cuentas por contaminación de clorotalonil en agua de la ASADA de San Pablo de Oreamuno
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Solicita información al AyA , Servicio Fitosanitario y Ministerio de Salud
El diputado Ariel Robles accionó ante la denuncia realizada por Frente Eco Cipreses sobre un nuevo caso de contaminación con clorotalonil del agua basada en la información revelada por Vladimir Mesén Montenegro de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago del AYA en una mesa de trabajo que ARESEP convocó para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.
El funcionario Mesén no quiso dar mayor detalle de las fuentes de agua comprometidas. Además, ante la pregunta de EcoCipreses de por qué no hacer público en la comunidad la información aseguró que “no estaban listos los reportes de laboratorio”.
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Visita de presidente y acto con alcalde genera descontento en la comunidad
La Zona Norte del país donde se concentra la mayoría del cultivo de piña sigue siendo una de las más afectadas a causa de sus impactos socio ambientales. Un ejemplo de esto es la situación del cantón Río Cuarto, pues recientemente las personas vecinas denunciaron que “recibieron una notificación sobre el cierre por orden sanitaria del Acueducto La Tabla debido a la contaminación por bromacil”, un agroquímico prohibido en el país desde el 2018. La comunidad se cuestiona cómo siguen pasando estas situaciones: “Seguimos recibiendo malas noticias”, “creíamos que el problema del agua ya se había solucionado”, “¿qué les vamos a heredar a nuestros hijos?”, son algunas de las impresiones de vecinos y vecinas de este cantón.
Miguel Ángel Salazar Campos, vecino de La Españolita, expone que el uso de agroquímicos como el bromacil, ya se realiza incluso por parte de los pequeños agricultores, y comenta que “para ellos es una gran gracia decir que “compré tal producto que mata las hierbas, mata esto o lo otro” y nos están matando a nosotros mismos, eso no lo comentan ellos, por desconocimiento” y sugiere que ojalá esto no pase más y que es importante informarse para descontinuar estas prácticas. Sin embargo, la comunidad tiene claro que esta problemática no viene de los pequeños agricultores exclusivamente sino de las grandes empresas transnacionales.
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El pasado 10 de noviembre, la ARESEP convocó al funcionario del AYA y de la oficina regional de Acueductos Rurales Cartago Vladimir Mesén Montenegro a una mesa de trabajo para discutir la contaminación del acueducto de Cipreses de Cartago.
En dicha mesa participaron la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y la Defensoría de los Habitantes.
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Después de más de un año de recibir agua en cisterna y estar pagando la misma tarifa por agua contaminada con metabolitos de clorotalonil ARESEP convocó el 10 de noviembre a la Gerencia General Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, Asada Cipreses, Frente EcoCipreses, Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas y a la Defensoría de los Habitantes
Según la convocatoria de ARESEP “en atención a la situación que vive el acueducto de la comunidad de Cipreses en Oreamuno de Cartago y debido a varias consultas realizadas a la Intendencia de Agua referentes a temas de calidad del agua y tarifas, aunado también al objetivo de armonizar los intereses de los consumidores, usuarios y prestadores de los servicios públicos, es de interés realizar una mesa de trabajo para abordar desde un punto integral dicha situación”.
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- Laboratorio Nacional de Aguas sigue sin tener la capacidad técnica para detectar degradados del clorotalonil en el agua potable, pese a existir gestiones por parte del AyA para robustecer dicho laboratorio aún no se cuenta con apoyo concreto de las altas autoridades de Gobierno.
- Ministro de Agricultura y Ganadería acepta que deberá prohibirse el clorotalonil, pero no dice cuándo. Mientras tanto AyA sigue asumiendo costos de distribución de agua sin degradados del agrotóxico para miles de personas en la zona Norte de Cartago
El 14 de abril del 2023, el Ministerio de Salud, del Ministerio de Ambiente y Energía y del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados emitieron el “Informe Técnico Clorotalonil”, que contiene las medidas y recomendaciones para solventar el problema de contaminación ocasionado por los metabolitos de ese plaguicida. A partir de esto, la Sala ordenó la adopción y ejecución de las medidas señaladas en el informe técnico para dentro de seis meses contados a partir de la notificación de tal resolución (plazo que comenzó a correr en agosto de 2023 y que estaría pronto a finalizar el 6 de diciembre). Ante esto Acueductos y Alcantarillados realizó una solicitud para aumentar el plazo otorgado para la ejecución de las labores que ordenó la Sala Constitucional.
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