En el marco del primer taller virtual de Educación Popular y Territorios Comunitarios, que estamos realizando en conjunto con la Escuela De Geografía. Universidad De Costa Rica. por todo este mes de agosto, tuvimos de invitado al señor Oscar Jara del CEP Alforja y parte del Consejo de Educación Popular de América Latina y el Caribe. Les compartimos por acá su exposición, por si desean empaparse un poco sobre lo que es la Educación Popular y su papel en los procesos emancipatorios de América Latina.

Pueden ver el video aquí.

Las agrupaciones y personas abajo firmantes, integrantes de organizaciones sociales y comunidades, así como de proyectos y programas de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y otras universidades públicas, comprometidas con el bien común y el bienestar social, preocupados por la situación de la pandemia que afecta al país, hacemos un llamado a las autoridades respectivas, así como a empresas y personas involucradas, para que se priorice el respeto a la diversidad cultural, el cumplimiento de los derechos humanos y el acceso real a todos los derechos los de las personas indígenas, migrantes y trabajadoras en las colectas de café que se avecinan.

Durante las últimas semanas ha habido un aumento significativo en la cantidad de casos positivos de Covid-19. Una gran parte de estas personas afectadas trabaja en fincas y plantas empacadoras de productos para la exportación, en plantaciones de monocultivos y en el sector de construcción, entre otros trabajos, donde históricamente ha habido denuncias por la falta de inspección laboral y cumplimiento de garantías laborales y que en ocasiones condiciona a las personas a vivir en cuarterías o baches. Esto deja en evidencia que el riesgo de contagio se encuentra relacionado con personas en condiciones de vulnerabilización. En ese sentido y conociendo lo sucedido en otras plantaciones con respecto a las condiciones de las personas trabajadoras y el número de contagios, es que en este momento, genera preocupación la situación que podría acercarse con respecto a las personas trabajadoras de las cosechas de café, quienes son principalmente personas indígenas panameñas, que migran con sus grupos familiares para estas temporadas, además de la migración interna de costarricenses y la migración de personas nicaragüenses.

Según datos del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE) en el 2019, en el país, el café es el tercer producto agrícola de mayor exportación y genera 285 millones de dólares en divisas, por otra parte, se ha visto beneficiado en términos económicos por la pandemia, teniendo un incremento del 12% en el valor de sus colocaciones.

Datos publicados por el Semanario Universidad mencionan que se espera un ingreso de alrededor de 12 mil personas para la cosecha de café en la Zona de los Santos y en San Vito. Según un comunicado emitido por la Defensoría de los Habitantes el 15 de mayo del 2020, se estima la siguiente temporada de cosecha para finales de julio, habiendo una mayor demanda de personas en los meses de agosto y setiembre. Por otra parte, Guiselle Guzmán, jefa del Área de Salud Colectiva de la Caja Costarricense del Seguro Social mencionó que en los siguientes meses el virus podría moverse a sectores vulnerables, como centros de cuido de personas adultas mayores, cárceles y población recolectora de café.

Es importante destacar que el pasado 20 de noviembre del año 2019, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) firmaron un convenio para el aseguramiento de las personas recolectoras de café. Este es un paso fundamental para el reconocimiento de la relación laboral entre estas personas y los propietarios de las fincas productoras de café, relación que durante muchos años no fue reconocida. Asimismo, beneficia a uno de los eslabones de la cadena más débiles, en particular cuando son trabajadores ocasionales migrantes indígenas.

Gran parte de las actividades agrícolas y cafetaleras de este país dependen de la mano de obra migrante, y así ha sido durante las últimas décadas. Las empresas se han beneficiado de esta situación al dar precarias condiciones laborales y bajos salarios, muchas veces contraviniendo la legislación nacional y compromisos internacionales asumidos por el país. Las condiciones laborales de las personas panameñas indígenas ngöbe-buglé, han sido denunciadas anteriormente, como por ejemplo, el pago por destajo, la exposición a mordeduras de serpientes, picaduras de avispas u otros insectos, lesiones en la espalda o cintura por la cantidad de peso que trasladan en los canastos, el no pago de las pólizas de riesgo por trabajo, se ha denunciado también, el trabajo infantil de niñas y niños que acompañan a sus papás y mamás al campo en el momento de la recolección y además, las condiciones insalubres de los galerones en los cuales viven las personas durante estas temporadas. Estas personas son explotadas y aceptan las condiciones precarias que se les dan por motivos de supervivencia.

El pasado 6 de junio del presente año, el Ministerio de Salud emitió la circular: “LS-CS-015. Lineamientos generales para las fincas cafetaleras que contratan mano de obra migrante (Indígenas Ngöbe-Buglé) en el marco de la alerta por (COVID-19)”, relacionada con los requisitos específicos que se le está solicitando al personal de salud, productores y a instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería y Fuerza Pública para la preparación de medidas para la llegada de personas indígenas ngöbe-buglé ante la cosecha de café.

En estos lineamientos, se menciona como requerimientos la regularización migratoria de todas las personas con el carnet de binacionalidad, una cuarentena de 14 días y un reporte diario de salud, entre otros. Sin embargo, no se menciona la forma operativa en la cual estos se va a cumplir, lo que deja un escenario de incertidumbre para el acceso real a recursos y las formas en que se va a velar por el cumplimiento por parte de los patronos. Por otra parte, se da la solicitud expresa para los productores de “no recibir personas indocumentadas”, y además, según la reforma al decreto ejecutivo reforma N° 42406 se multará a las empresas agrícolas que contraten mano de obra irregular, con multas que oscilarán “entre dos y hasta doce veces el monto de un salario base, definido en el artículo 2 de la Ley N.° 7337”, sin embargo, la reforma firmada el día 15 de julio, empezará a regir a partir del 23 de setiembre. Esto, deja por este tiempo, un escenario de incertidumbre para las personas trabajadoras, a quienes, una vez más, se les estará asignando la responsabilidad de su regularización. A su vez, el 16 de junio de este año se firmó el decreto 42406-MAG-MGP, impulsado por el sector agroindustrial que permitirá la legalización de personas migrantes que demuestren arraigo en el país, el mismo ha presentado cuestionamientos, ya que desde el año pasado existe un mecanismo de regularización que solo 22 personas trabajadoras agrícolas solicitaron.

En consideración del contexto y las situaciones antes expuestas, a modo de llamado a la población general, a las autoridades gubernamentales pertinentes y a las instituciones respectivas, urgimos atender las siguientes demandas:

• Que se garanticen las condiciones sanitarias, de acceso a salud, cumplimiento de derechos laborales y respeto cultural a todas las personas que vayan a participar en las cosechas de café, por parte de las instituciones y de las empresas.
• Que se garanticen las condiciones dignas y necesarias para el cuido y protección de las personas menores de edad, así como de las mujeres que se encuentran con sus hijas e hijos y mujeres embarazadas.
• Que el Estado cumpla con su responsabilidad, según el Convenio Nº 169 de la OIT, de realizar supervisiones en las regiones donde hay mayor concentración de personas trabajadoras indígenas, para asegurar que se les da un trato adecuado.
• Que se generen materiales de comunicación o intervenciones comunitarias para prevenir las manifestaciones de violencia u odio, como el racismo y la xenofobia.
• Que se proceda a implementar, las acciones necesarias para asegurar el acatamiento de las normas laborales, con el fin de asegurar el respeto y cumplimiento de todos los derechos humanos y laborales. En este orden de ideas, instamos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para que realice labores de inspección en estos centros de trabajo.
• Que se establezcan procedimientos efectivos y funcionales de seguimiento para asegurar el cumplimiento de estas normas por parte de las personas o actores sociales involucrados en toda la cadena de producción. Para tal efecto es necesaria una regulación de las cadenas de valor, de manera que se responsabilice a toda la cadena de valor de los derechos laborales de las personas recolectoras de café, sean estos permanentes, de temporada u ocasionales, ya que todas estas personas son esenciales para la existencia y funcionamiento de esa cadena de valor.
• Que se exija el cumplimiento de las leyes laborales en todos sus alcances y que se proceda, como corresponde en cualquier momento, pero en especial en esta coyuntura, a sancionar a cualquier empresa que no cumpla con las normas sanitarias en general, y en especial las establecidas en el contexto de la crisis del coronavirus.
• Que, en el caso particular de las empresas o personas individuales que se identifiquen como potenciales responsables de acciones de encierro, sometimiento, reclusión obligada u ocultamiento de actividades laborales ilegales y violatorias de los derechos humanos fundamentales, o cualquier otra acción similar a la trata de personas con fines de explotación laboral o relaciones de semi-esclavitud, se proceda, tal y como corresponde, con la aplicación de todo el peso de la ley en el ámbito penal.
• Que se apruebe, de la manera más inmediata posible, el expediente legislativo 21.706, que lleva años en la corriente legislativa frenado por el sector empresarial, y en el que se autoriza a las autoridades de la Inspección de Trabajo a establecer sanciones directamente, sin tener que recurrir a largos procesos judiciales, cuando identifique que se ha violado la ley laboral

En una coyuntura tan sensible como la presente, hacemos un llamado vehemente a las autoridades del gobierno y al personal de instituciones públicas, al sector empresarial, a los medios de información y a la población en general para que, en todo momento, las decisiones y acciones que se tomen y las informaciones que se emitan estén orientadas por la consideración y el respeto de los Derechos Humanos de todas las personas, independientemente de su condición social, origen o nacionalidad.

SUSCRIBIMOS:
1. Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria, Universidad de Costa Rica.
2. Centro Demostrativo de Sostenibilidad, organización sin fines de lucro.
3. Asociación para la Sostenibilidad Rural de Costa Rica, asociación sin ánimos de lucro.
4. Debate Feminista Costa Rica.
5. Hablemos de Derechos Humanos
6. Red de arte y gestión cultural comunitaria GuanaRED.
7. Cátedra Autónoma de Filosofía Política.
8. Programa Pueblos indígenas Agroecología y Buen Vivir, UNA.
9. La Cadejos, Comunicación Feminista.
10. Asociación COMUNIDADES, organización comunitaria sin fines de lucro.
11. Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.
12. Fundación Laberinto.
13. Comisión Política del Partido Frente Amplio.
14. MAIZ Movimiento Alternativa de Izquierdas.
15. Jaime E. García González, miembro de la Red de Coordinacion en Biodiversidad y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina (UCCSNAL).
16. Mauricio Álvarez Mora, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
17. Bruno de Jesús Coto Barboza, secretario de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, Confederación Unitaria de Trabajadores (C.U.T.)
18. Francis Leonardo Cordero Mojica, Alianza de comunidades por la defensa del agua Puntarenas.
19. Marvin Amador Guzmán, TC635 UCR, Docente, coordinador del proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC635, UCR.
20. Marcos Guevara Berger - Proyecto 839B8358, Centro de Investigaciones Antropológicas, UCR.
21. Valeria Montoya Tabash, docente del Programa Kioscos Socioambientales, UCR.
22. Renier Canales Medina, asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
23. Gustavo Gutiérrez Espeleta, Universidad de Costa Rica.
24. Melissa Salas. Directora Clínica de migración y refugio, UCR.
25. Ali García Segura. Proyecto 839B8358, UCR.
26. Mauricio Castro Méndez, “TCU-681: Cumplimiento de los derechos laborales en plantaciones y afines. Alcances de la reforma procesal laboral frente a las necesidades del colectivo laboral”, y Pry01-597-2020-Relaciones laborales en Costa Rica: representación colectiva, organización del trabajo y cadenas de valor".
27. Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, UCR.
28. Eva Carazo Vargas, investigadora y activista ecofeminista.
29. Denia Román Solano, proyecto Conflicto Territoriales (UCREA), UCR.
30. Karina Fonseca Vindas. Coordinadora Nacional Servicio Jesuita para Migrantes Costa Rica.
31. Guadalupe Urbina Juárez, música y gestión cultural.
32. Ana Catalina Chaves Arias, Presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR).
33. Yoel Buitrago País, Talamanca por vida y por la tierra.
34. Carmen Caamaño Morúa, docente de la Universidad de Costa Rica.
35. Héctor Ferlini-Salazar, docente UCR, Sede del Pacífico.
36. Handmaids Costa Rica
37. María José Chaves Groh, CEFEMINA.
38. Rafael Cuevas Molina, IDELA-UNA.
39. Daniel Torres Sandí, Frente Amplio Moravia.
40. Milagro Solís Aguilar, Consultora en Derechos de Niñez y Adolescencia.
41. Carlos Cruz Chaves, Sede Regional Chorotega-UNA.
42. Lucía Solis Hidalgo, Gestora de los Recursos Naturales-Zona de los Santos.
43. Amilcar Castañeda Cortez, Funcionario de la UNED.
44. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
45. Maritza Marín Herrera, Docente Escuela de Estudios Generales, Universidad de Costa Rica.
46. Mariano Sáenz Vega, docente e investigador adjunto del proyecto de investigación de UCREA. Investigador del Centro de investigaciones Antropológicas ( CIAN).
47. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
48. Mariela González Chaves.
49. María Fernanda Rojas, tutora UNED.
50. Carolina Arias, Botánica Subversiva.
51. Isabel Ducca Durán, Alianza por una Vida Digna.
52. María Pérez Yglesias, escritora.
53. Andrés Dinartes Bogantes, Profesor, Universidad de Costa Rica.
54. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
55. Helga Arroyo Araya, Docente Universidad de Costa Rica.
56. José Manuel Arroyo Gutiérrez, profesor universitario.
57. Jorge Arturo Lobo Segura, profesor UCR.
58. Paulo E. Coto Murillo, UNED y UCR.
59. David Selva.
60. Anel Sancho Kenjekeeva.
61. Laura Rivera Alfaro.
62. Ingrid Flores Salazar, Colectiva Feminista Handmaids Costa Rica.
63. María José Cabezas Castro, psicóloga.
64. Silvia Rodriguez Cervantes, Red de Coordinación en Biodiversidad.
65. Edna julia Rodríguez Alvarado, Emprendedora, San Luis, Santo Domingo.
66. Isaac Rojas, miembro de COECOCEIBA- Amigos de la Tierra Costa Rica.
67. Pablo Chaverri Chaves, INEINA-UNA.
68. Vaniah Lee Foglesong Villa, Docente y politóloga.
69. Zuiri Méndez Benavides, docente Programa Kioscos Socioambientales.
70. Gustavo Gatica López, Investigador del Centro de investigación en Cultura y Desarrollo UNED.
71. Marcelo Valverde M. IDELA – UNA.
72. Santiago Navarro Cerdas, Docente Universidad de Costa Rica.
73. Suray Carrillo Guevara, FEDEAGUA.
74. Daniel Solano Ulate, Músico y funcionario Universidad Nacional.
75. Mariela Andrea Zamora Rey, Comisión política de Frente Amplio.
76. Fabián Campos Boulanger, Sociólogo.
77. Alexander Barquero-Rodríguez, Internacionalista.
78. Osvaldo Durán Castro. Sociólogo ITCR. Asoc. PROAL-FECON.

Actualmente, la Universidad de Costa Rica (UCR) está bajo un gobierno de transición, se espera que para octubre de este año se tengan elecciones y así se defina quién será la nueva persona rectora de esta institución. También se definirán quiénes serán las encargadas de acompañar en las distintas vicerrectorías a la futura persona rectora. Sin duda alguna, en un contexto como la actual pandemia, es un momento clave para definir nuevos retos que finalmente busquen fortalecer el quehacer universitario.

Muchas y muchos recordarán que el señor Jensen Pennington fue el rector de la UCR desde el año 2012 hasta el pasado mes de mayo del presente año, y fueron varias las personas que estuvieron a su lado coordinando las distintas vicerrectorías de esta Universidad. Sin embargo, sin duda alguna la Vicerrectoría de Acción Social (VAS) fue una de la más cambiantes de todas, contando con tres personas distintas en esos ocho años.

Fue justo en la administración Jensen que el discurso del emprendedurismo tomó muchísima fuerza, y al mismo tiempo la Acción Social iba siendo cada vez más débil, o más bien, cada vez más debilitada. No era una prioridad definitivamente. Y es que desde que el señor ex-rector inició su campaña política en el año 2011, prevaleció la discusión de que la Acción Social en la UCR debía re-ordenarse, re-plantearse, re-estructurarse. Las razones que se dijeron fueron varias, pero sonó con mucha fuerza que se debía frenar el “desorden” interno de la VAS y ese crecimiento “amorfo” que venía dándose.

De esta manera, en estos ocho años entraron a esta vicerrectoría tres distintas formas de administrar, tres visiones completamente diferentes, pero todas con el mismo común denominador: “hay que ordenar la casa”. Pero, a pesar de que para ordenar es necesario primero reglamentar, lo cierto es que los criterios para “ordenar” la VAS fueron los de implementar un nuevo orden, y luego otro, y finalmente otro. Reglamentar la Acción Social tampoco fue una prioridad, y esto sin duda iba a terminar debilitándola.

Estos tres “órdenes” distintos decantaron en que varias veces se dieran cambios (nuevos) en la estructura interna de la vicerrectoría, re-acomodos de puestos e inclusive una remodelación del edificio. A pesar de que no era una prioridad, la necesidad de reglamentar la acción social siempre ha sido un tema urgente de atender. Se realizó un proceso participativo que buscaba diagnosticar aquellos temas necesarios de fortalecer y de cambiar. Se creyó que las cosas estaban tomando un rumbo distinto, pero nuevamente el “orden” se impuso, y todo este proceso donde participaron docentes, estudiantes y personas funcionarias no fue tomado en cuenta.

Sin duda alguna, resulta evidente el debilitamiento constante que vivió la Acción Social durante la administración Jensen Penington, culminando con una gestión (de pocos meses) que logró reestructurar la dinámica de algunos Programas de Acción Social, los cuales también se veían como parte de aquel “desorden” necesario de limpiar. A la fecha, los reglamentos (tanto de Acción Social como de Programas Institucionales) no se han logrado finiquitar, debido a los distintos cuestionamientos que se les han hecho desde muchos sectores; una consecuencia de no haber tomando en cuenta la posición de las personas que hacen acción social en la Universidad, ni mucho menos de las que conforman los Programas Institucionales de Acción Social.

Esperamos que la nueva administración que está por entrar, considere la importancia que tiene la Acción Social, no solo dentro de la Universidad, si no en general para la sociedad costarricense. No es ninguna mentira cuando decimos que es la Acción Social la cara más visible de la UCR, ya que es a través de esta que se sostienen procesos grupales y comunitarios en zonas geográficas vulnerabilizadas, trabajando con poblaciones específicas, y buscando siempre colaborar en las transformaciones que nuestra sociedad requiere.

Las reformas al reglamento de SETENA ¿Avances o retrocesos en la protección ambiental?
Con la participación de Carlos Manuel Rodriguez Ministro de Ambiente, Danny Villalobos geógrafo y presidente de FECON y Ifigenia Quintanilla representante del sector ambiental en la Comisión Mixta de apoyo a SETENA

 

Pueden descargar el video aquí.

Imagen: Botas con Machete, Alejandro Ferlini Cartín

Publicado en Surcos Digital: https://surcosdigital.com/el-aeropuerto-internacional-del-sur-no-fue-una-solucion-en-el-pasado-y-no-lo-va-a-ser-en-este-nuevo-contexto/

María José Guillén[1]
José Antonio Mora[2]


El modelo que acompaña la idea de un aeropuerto internacional, está totalmente desfasado del nuevo contexto que estamos viviendo en el mundo.
El día 10 de junio, el diputado liberacionista Wagner Jiménez subió un video en su página de Facebook, donde menciona que tuvo una reunión con el Presidente de la República, y que en esta le solicitaba reactivar el proyecto del Aeropuerto Internacional del Sur. Desde hace más de una década se viene hablando de construir un Aeropuerto Internacional en la zona sur de Costa Rica, con el fin de acelerar y atraer el flujo de turistas y mercancías en una zona de histórica vocación agrícola, de conservación ambiental y patrimonio arqueológico, específicamente, en Palmar Sur de Osa.

El 27 de mayo se presentó el dictamen de mayoría de la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa en relación con la administración del Fondo Especial de Educación Superior (FEES). El informe contempla una serie de recomendaciones que ponen en entredicho el concepto de universidad pública y el modelo de educación superior que tenemos.

En esta ocasión profundizamos el análisis del informe Legislativo sobre el FEES y autonomía universitaria.

Participarón Dra. Isabel Avendaño Flores, Decana, Facultad de Ciencias Sociales y Ana Catalina Chavez Arias, Presidenta FEUCR.

Pueden ver el programa completo aquí.

"el Programa Kioscos Socioambientales y el CIEP nos invitan a conocer y ser parte del Observatorio de Bienes Comunes: Agua y Tierra para problematizar este contexto que nos interpela a todos y todas, a través de la generación de información y espacios de diálogo sobre las dimensiones y relaciones presentes en los conflictos socioambientales relacionados con el origen, propiedad y gestión de los bienes comunes."

¿En qué te ofendo, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas?

Sor Juana Inés de la Cruz

Nuestro contexto está siendo remodelado por una de las mayores crisis de las que podamos tener memoria, tanto por sus afectaciones inmediatas, como por las consecuencias que llegará a extender en nuestras formas de relacionarnos. Sin embargo, algo desafía las condiciones actuales, lo común se muestra como un pilar que está defendiendo la vida, por esta razón es importante pensar cómo lo común está presente en nuestras relaciones y espacios.

Podemos empezar visitando nuestras memorias socioecológicas, ahí recordamos escuchar historias sobre los bosques, los ríos, los parques y cómo a partir del vínculo con esos entornos surgieron saberes y prácticas que enriquecieron nuestras experiencias. También en nuestro contexto ante la incertidumbre que nos envuelve o las amenazas que aparecen ante la escasez, lo común se presenta como fundamental para garantizar la vida. Una de sus dimensiones son los bienes comunes, que se evidencian como indispensables para la reproducción de la vida misma.

Compartimos esta iniciativa, que tiene como propósito, conocer las implicaciones comunitarias, familiares, laborales y socioproductivas para los territorios indígenas, campesinos y costeros, así como poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, en el marco de la pandemia por el virus Covid-19.

 

Más información aquí.

Este miércoles estaremos conversando sobre las implicaciones a nivel laboral que ha tenido el Covid-19, un virus que ha venido de alguna manera a “paralizar” la economía y de la mano con el capitalismo, ha dejado una serie de consecuencias que pueden ser graves a mediano plazo para las personas trabajadoras.
Para esto, nos acompañan el día de hoy a través de Zoom:
• Mauricio Castro, profesor universitario, Doctor en Derecho Laboral
• Jouseth Chávez Rodríguez, Secretario General de SITRASEP y miembro del PT.

 

Pueden verlo completo aquí.

Prosokioc