Fuente Edgardo Vinicio Araya S., Jorge Lobo Segura y Nicolás Boeglin en nacion.com

Los suscritos, como es de conocimiento público, hemos sido objeto de acciones penales por supuesta difamación en perjuicio de una persona jurídica por parte de la empresa Industrias Infinito S. A., conjuntamente con dos diputados de oposición, en relación con algunas aseveraciones hechas públicamente entre 2009 y 2011 respecto de su proyecto ubicado en la localidad de Las Crucitas.

En el caso de Edgardo Araya Sibaja, se trata de declaraciones brindadas a medios de prensa nacionales. En el caso de Jorge Lobo Segura y de Nicolás Boeglin, dichas aseveraciones resultan de las extraídas de un documental presentado en la Facultad de Derecho de la UCR el 14 de junio del 2011 titulado El oro de los tontos, y disponible en YouTube.

Fuente Daniela Araya en crhoy.com

Aunque la exportación de energía sea calificada como una “conveniencia nacional” por Teófilo de la Torre, Presidente Ejecutivo del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), diversas entidades han denunciado que los intereses de generar energía para vender a terceros países es un tema polémico, pues se hará a costa de nuestros recursos naturales para beneficio de unos pocos.

Los mayores compradores serían nuestros vecinos centroamericanos, quienes subsisten mayoritariamente de electricidad producida a base de combustibles fósiles, lo que convierte a nuestra hidroelectricidad en una oferta más barata y tentadora.

Fuente Henry Picado en semanario.ucr.ac.cr

Las personas que compran sus alimentos puesto que no los producen, se han enterado del acelerado aumento en los  costos de los alimentos. Esta “volatilidad de los precios” se hace alarmante pero predecible, pues la aplicación de una desregularización paulatina y constante de las normativas  vigentes al agro nacional y el desmantelamiento brutal de las instituciones ligadas a la producción de alimentos, ha generado el empobrecimiento y desaparición del campesinado nacional de los últimos 25 años. La aplicación de los diferentes tratados de libre comercio ha dejado la producción de alimentos en el desamparo total; teniendo en cuenta que Costa Rica en la actualidad ha firmado con 45 países diferentes acuerdos  comerciales, los últimos dos con China y Perú.

Si vemos el último informe de PROCOMER sobre el comportamiento de las exportaciones, no es muy alentador en términos ambientales ni alimentarios. Pese a que la industria alimentaria ha crecido un 19% en los últimos doce meses, no ha sido así con la producción a pequeña escala de alimentos, pues en lugar de subir, está a la baja. En otras palabras, este incremento de volumen de  exportaciones corresponde a los cuatro grandes monocultivos instalados en el país: la caña de azúcar, el banano, la palma aceitera y la piña.

 

Fuente Leticia Vindas en elfinancierocr.com

La Sala Constitucional reiteró que la matriz de uso del suelo según la vulnerabilidad de acuíferos que se aplica en Poás de Alajuela deberá tomarse en cuenta de manera obligatoria en el desarrollo de cualquier proyecto en Costa Rica.

El voto 008892-2012 viene a reafirmar un pronunciamiento del 2009 y detalla que dicha matriz "es de aplicación obligatoria en todos los cantones o zonas en donde se cuente con mapas de vulnerabilidad aprobados o confeccionados por el Senara y, en todo caso, debe servir de guía y orientación técnica para la elaboración de las políticas sobre el uso del suelo, mientras tales cantones o zonas no cuenten con una matriz propia", reza el documento de la Sala.

Fuente Carlos Salazar Hernández en elpais.cr

Las transnacionales de la fruta, productoras de piña, destruyen terrenos aledaños y dentro del Humedal Caño Negro, un sitio Ramsar, denunció el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge Pereira.

Desde inicios de la primera década de este siglo, Caño Negro es acosado por los productores y de naranja, los ganaderos y ahora por las empresas piñeras, que han logrado sembrar en los últimos años más de 80 mil hectáreas de esta fruta en territorio costarricense, que es vendida en Europa y los Estados Unidos como producto “amigable con el ambiente”.

 

Fuente Hazel Cerdas Villalobos en radioreloj.co.cr

Los vecinos de Pocora de Limón piden al Instituto de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que cede la administración del acueducto del lugar., sin embargo la entidad argumenta que no hay ninguna razón para hacerlo cuando ellos están gestionando el servicio.

 

Así lo confirmó a este noticiero Eduardo Lezama, sub gerente del AYA quien agregó que los vecinos están molestos porque la  institución quiere colocar un sistema medición para el cobro.

 

Fuente Édgar Chinchilla en aldia.cr

Debido al mal manejo que 12 grandes empresas piñeras le han dado a los desechos de la fruta, las autoridades sanitarias se vieron obligadas a imponer una cuarentena en Cutris de San Carlos.

 

Esas malas prácticas provocaron una plaga de moscas que no solo afecta al ganado, sino también a los vecinos de al menos 15 comunidades de Cutris.

Fuente Carlos Salazar Fernández en elpais.cr

A menos de 24 horas del ingreso de estudiantes, tras vacaciones de medio año, en la Escuela Berlín, en Caño Negro de Los Chiles, Alajuela, el olor a los venenos químicos de una empresa productora de piña inundaba los alrededores del centro educativo.

Por ello, el legislador del Partido Acción Ciudadana (PAC), Claudio Monge, durante una gira por el Humedal Ramsar Caño Negro, exhortó al ministro del Ambiente (Minaet), René Castro, y su colega de Salud, Daisy Corrales, “tomar las medidas que por ley le corresponden”.

Fuente elpais.cr

El universitario Nicolás Boeglin, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), comparecerá el jueves 21 de junio en el juicio por la demanda en su contra, presentada por la minera Infinito Gold ante el Tribunal Penal, en el Segundo Circuito Judicial de Goicoechea.

Boeglin comparecerá por una demanda penal por difamación, acompañada de una acción civil resarcitoria por 500 millones de colones (1 millón de US$ aproximadamente).

Fuente María José Fernandez en crhoy.com

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) emitió una orden de cierre para una finca piñera ubicada en Jiménez de Pococí.

Según la resolución 521-12-TAA, emitida el 24 de mayo, el Tribunal Ambiental ordenó la paralización, de manera inmediata, de “todas las actividades relacionadas con el proceso productivo del cultivo de la piña que se genera en la presunta propiedad de Armando Castillo y que aparentemente arrienda la empresa Pequeñas Anonas Rojas PAR S.A” dicta el documento.

 

 

Fuente Leticia Vindas en elfinancierocr.com


El Tribunal Ambiental Administrativo tendrá el próximo año un aumento en plazas y un incremento en su presupuesto, fruto de las primeras decisiones que tomó el nuevo viceministro de Mares y Agua, José Lino Chaves.

 

Chaves fue elegido en el puesto la semana pasada. Anteriormente se desempeñaba como presidente del Tribunal Ambiental.

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