Fuente Javier Córdoba Morales en semanario.ucr.ac.cr

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) enfrenta serias dificultades económicas que le impiden atender adecuadamente la orden de la Sala Constitucional (IV), de hacer públicas sus audiencias.

Así lo afirmó a UNIVERSIDAD el presidente del TAA, José Lino Chaves, luego de que la Sala Constitucional declaró con lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el abogado ambientalista Álvaro Sagot, contra el reglamento de procedimientos de este tribunal.

Fuente Mercedes Aguero R. en nacion.com

Los trastornos en las lluvias provocados por el cambio climático están llevando al país a dudar de la energía hídrica como la base de la oferta eléctrica nacional.

La preocupación llevó al Gobierno a solicitarle al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) realizar un estudio para determinar el efecto presente y futuro de la variabilidad en las lluvias sobre la producción eléctrica.

Fuente Ferlin Fuentes A. en nacion.com

El Minaet dejó en manos del Servicio Civil la resolución sobre el posible despido de tres de sus funcionarios mencionados en la sentencia emitida en noviembre del 2010 por el Tribunal Contencioso Administrativo sobre el denominado caso Crucitas.

La confirmación la hizo ayer en la tarde René Castro, jerarca del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet).

Fuente Gloriana Corrales en aldia.cr

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) solicitará el próximo lunes el ingreso de sus expertos a las fincas del proyecto minero en Crucitas de San Carlos para corroborar los daños ambientales ocasionados por la tala rasa.

Hasta el momento, la antigua concesionaria Industrias Infinito ha negado el ingreso de expertos ambientalistas. La vocera de la firma canadiense, Yoquebec Soto, reiteró en varias ocasiones que solo se permitirá la entrada de peritos nombrados por un juez.

Fuente: ASADAS de Siquirres

Ante la amenaza que funcionarios de Acueductos y Alcantarillados (A y A) hicieran a las ASADAS de Milano, Cairo y Luisiana de Siquirres, de quitrarles la administración de los acueductos comunales,  la población de esos lugares se está manifestando a favor de mantener esta responsabilidad en manos de las comunidades.

Fuente telenoticias7.com

Con candados, cintas amarillas y sellos, fue cerrada la Empresa Piñera Agromonte, en Boca Arenal de San Carlos.

La medida fue tomada por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) el sábado anterior, debido al mal manejo de los desechos de la fruta. Esto provocó una plaga de moscas que afectó al ganado de zonas aledañas.

Fuente Gloriana Corrales en aldia.cr

La Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (Apreflofas) solicitará el próximo lunes el ingreso de sus expertos a las fincas del proyecto minero en Crucitas de San Carlos para corroborar los daños ambientales ocasionados por la tala rasa.

Hasta el momento, la antigua concesionaria Industrias Infinito ha negado el ingreso de expertos ambientalistas. La vocera de la firma canadiense, Yoquebec Soto, reiteró en varias ocasiones que solo se permitirá la entrada de peritos nombrados por un juez.

Fuente elpais.cr

Dirigentes indígenas de Costa Rica reclamaron la “falta de buena fe del Gobierno”, en lo relacionado con la consulta a los pueblos originarios sobre el proyecto hidroeléctrico Diquis, a construir en el río Térraba en la zona sur del país.

En la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica (UCR), se realizó este miércoles un foro sobre la situación del Proyecto Hidroeléctrico  El Diquis con representantes  indígenas de Térraba, líderes estudiantiles y académicos. 

Fuente Ernesto Ramírez en semanario.ucr.ac.cr

El pronunciamiento de la Sala Constitucional (IV) sobre una acción interpuesta por Industrias Infinito contra la sentencia en firme -dictaminada por la Sala Primera- y que ordenó la anulación de la concesión a la empresa extranjera, parece inminente.

La decisión sobre la suerte de la acción de inconstitucionalidad interpuesta en noviembre por el abogado Juan Carlos Hernández, es cosa de poco tiempo, dijeron a UNIVERSIDAD fuentes judiciales.

Fuente David Chavarría Hernández en semanario.ucr.ac.cr

Mediante una acción de inconstitucionalidad, Rolando González -presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA)- solicitó anular la ley 6172, denominada “Ley indígena”, que fue aprobada en 1977 con el fin de proteger los intereses de las 24 comunidades indígenas en el país.

Dicha acción es reprochada por representantes de pueblos indígenas y de especialistas en materia legal, quienes critican a la institución agraria.

Fuente Gerald Valverde Santos en pais.cr

Luego del cierre de la empresa piñera Agrícola Agromonte por no acatar las disposiciones del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), el sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT) instó a la empresa y al Ministerio de Trabajo a “que intervenga y proteja los derechos de las y los trabajadores”.


La UNT afirma tener dos seccionales en las empresas piñeras de la zona norte, específicamente en Monte La Providencia SA y Agrícola Agromonte SA.

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