Queremos denunciar graves antecedentes que amenazan la labor de docencia, acción social, denuncia y pensamiento crítico de la Universidad, que se suman graves antecedentes dentro del Movimiento Ambiental y comunidades a nivel nacional:

Los profesores Dr. Nicolás Boeglin y el Dr. Jorge Lobo están siendo demandados por la empresa minera Industria Infinito. Se les acusa de “difamación de personería  jurídica” y se pide  más de 500 millones de colones por el supuesto delito. Se une a la lista demandados de esta empresa: Diputado Claudio Monge, Diputado Manrique Oviedo y el Lic. Edgardo Araya.

 

En la UCR tenemos los antecedentes de la demanda por difamación de personería jurídica al programa de temas ambientales Era Verde (2007) del Canal 15 interpuesta por el ex -ministro del Ambiente Mario Boza por criticar un proyecto presentado sobre las áreas silvestres protegidas (Se llegó a una negociación entre Canal 15 y Mario Boza) pero los Tribunales declararon inocente a la ambientalista Marielena Fournier por declaraciones al Semanario Universidad. También fue demandado el Catedrático Freddy Pachacho pero se retiro la denuncia.

 

  • Funcionarios del Ministerio del Ambiente (Minaet) enviaron una carta donde cuestionan al profesor, abogado y ambientalista Álvaro Sagot por enseñar a sus estudiantes a redactar denuncias y recursos de amparo por malas prácticas (Semanario Universidad, 22/09/2010).
  • Desde Kioscos ambientales hemos denunciado en diferentes oportunidades presiones empresariales  de piñenas, inmobiliarias, marinas, turísticas, helecheras, también ser objeto de robo y asalto, y enfrentar los cuestionamientos de algunos sectores inversionistas. (Ver denuncias y antecedentes en  Semanario Universidad, 19-5-2009)
  • Estos hechos se suman  los registrados en un pronunciamiento  del  Consejo Universitario “Sobre la criminalización de la protesta social” como: la invasión del campus “Rodrigo Facio” de la Universidad de Costa Rica (12-4-2010) acción en la que agentes del OIJ detuvieron y lesionaron a un importante grupo de estudiantes, funcionarios administrativos y profesores. La represión del movimiento de protesta en Limón el 29 de abril, que culminó con el encarcelamiento y el posterior establecimiento de medidas cautelares contra un grupo de 24 manifestantes, entre ellos, la profesora de Psicología, Licda. Flor Artiaga y el Ing. Francisco Rojas, también profesor y Coordinador de Acción Social, ambos de la Universidad de Costa Rica, Sede Regional de Limón. En este caso, hubo hechos violentos de carácter vandálico, llevados a cabo por grupos de “infiltrados”, según lo consignó el OIJ en el expediente N.° 10-201490-472-PE-7, tramitado en los Tribunales de Justicia de la provincia de Limón. (Consejo Universitario Acuerdo firme de la sesión N.º 5446, 20-5-2010)


A estos hechos se suman graves antecedentes dentro del Movimiento socio-Ambiental y comunidades a nivel nacional (ver antecedentes de criminalización, amenazas, acción directas etc)

Por eso números y alarmantes antecedentes queremos manifestar:

  • Que los recientes casos de los Profesores Boeglin y Lobo es un intento de criminalización del pensamiento científico y de la argumentación técnica-jurídica, algo totalmente inaudito y sin precedentes en nuestro país.
  • Que visible el  aumento de los casos de criminalización de activistas y comunidades  a nivel nacional esto se refleja en muchos de los conflictos socio-ambientales  en el país.
  • Que existe un clima de intolerancia y de acciones de judicialización que podría  aumentar los casos de acción directa contra las personas o sus bienes.
  • Que estas prácticas buscan distraer, limitar, acallar y amedrentar a los movimientos sociales, comunidades, activistas y académicos.
  • Que es una clara represaría por el papel que desempeño  la Universidad en este conflicto y discusión nacional  por la minería de oro a cielo abierto y otros temas.
  • Que la Universidad viene desarrollando un papel protagónico en la defensa de los intereses colectivos y  bienes comunes como lo demanda su estatuto y sus principios rectores.
  • Que este es un acto directo a nuestra autonomía y nuestros derechos como funcionarios , a la libre cátedra y los derechos humanos

Solicitamos

  • A la autoridades de la Universidad a colaborar en la defensa legal de los profesor Nicolas Boeglin y Jorge Lobo
  • Un nuevo pronunciamiento de manera expedita y contundentes sobre esta situación de parte de nuestras autoridades
  • La solidaridad con los  compañeros pues  entendemos que a pesar que no tenga sustento la demanda , es un momento complicado  el que pueden estar pasando
  • A la comunidad universitarias queremos instar para  participar de un foro sobre el tema el próximo martes 22 de noviembre a las 5pm en auditorio de Arquitectura.


Programa Kioscos Socio Ambientales para la Organización Comunitaria

Antecedentes demandas, amenazas y acciones directas al movimiento ambiental  y Comunidades

Las primeras formas de criminalización suelen ser demandas (judicialización) por difamación de personería jurídica que buscan a nivel local un efecto de ejemplo negativo para desactivar las comunidades, sembrar miedo y distraer a los principales líderes comunitarios. Hay  casos donde se recurren  directamente acciones directas donde se registran amenazas, incendios y asesinatos.

  • Las palabras de la presidenta durante un discurso ante la Cámara de Ganaderos, en el cual, a raíz del establecimiento del área protegida en el humedal Maquenque, Chinchilla dijo: “Por eso es que yo necesito que, en muchos casos que vamos a enfrentar, personas como ustedes nos ayuden a levantar la voz contra algunos grupos radicales, que no quieren proteger el medio ambiente,” para proseguir diciendo que en una gira por el sur del país, donde firmó el decreto de interés nacional para un mega-aeropuerto, “me encontré grupos radicales, que me dijeron ‘no haga el aeropuerto’, ‘no más turismo’; esos no quieren desarrollo, y esos grupos los vamos a tener que enfrentar juntos…” (30/10/2010).


Demandas: por los conflictos sociales desatados por la minería en Miramar la activista local Sonia Torres fue enjuiciada por la minería Posesiones Gran Galaxie S.A (1997) mientras la regidora Marta Blanco (2001) fue demanda la empresa minera Ríos Minerales por "difamación de persona jurídica"(condenada y absuelta en por apelación ). En el pasado por El Proyecto en Crucitas y por la misma causa también demandado el periodista Marco Tulio Araya. (Diciembre, 2005). Una Cementera tiene a  6 líderes comunales en San de Rafael de Alajuela enjuiciados en la comunidad (En juicio actualmente) de los cuales fue condenado recientemente y demando también la profesor Allan Astorga por un supuesto falso testimonio. (Diario Extra, 12/10/2011)

  • Por el tema de mega turismo se registran demandas Sardinal (2008) con 7 miembros de las comunidades que se oponían al Acueducto (Causa desestimada). El conflicto por la instalación del Hotel Riu, frente a las denuncias permanentes hechas por personas de la comunidad, se han ejercido acciones de presión y persecución, tal y como es el caso del señor Edgar Cantón Pizarro –presidente del Consejo Ecocivil de Carrillo–, demandado por difamación, injurias y calumnias por parte del Alcalde de Carrillo. Reciénteme fue demandado el activistas Otto Méndez por  denunciado  por  contaminación realizadas a un hoteles en el río Arenal (caso abierto).
  • Por conflicto por represas se han demandado a los indígenas Térrabas Paulino Nájera e Isabel Rivera enfrentaron  procesos judiciales por hechos ocurridos el una manifestación pacífica (12 -10-2010) contra el PH Diquís realizada en el Territorio Indígena Térraba (Caso pendiente ).
  • Por expansión pinera El ambientalista y sindicalista Carlos Arguedas, que fue acusado por una piñera de difamación y murió esperando juicio. Las piñeras también han intentado demandar en varias ocasiones a la regidora de Guácimo Erlinda Quesada y miembros de la comunidad de la Perla en Guácimo.
  • El líder comunal de Desamparados de Alajuela Abel Sánchez Solórzano fue demandado por denunciar el proceso urbanizador y sus efectos sobre los recursos hídricos del cantón central Alajuelense.


Amenazas: en pasado recibieron amenazas la escritora Ana Cristina Rossi, la periodista Patricia Sánchez, y el ingeniero forestal León González. Los jueces del Tribunal Ambiental Administrativo del Minaet José Lino Chaves, Jorge Bonilla y Mario Leiva, fueron amenazados de muerte por teléfono luego de haber cerrado proyectos turísticos irregulares en las zonas costeras (AFP, 20-5-2008) y recientemente  fue baleada la sede del Tribunal en los Yoses.

Acciones directas: el asesinato  en su casa en Golfito la conservacionista canadiense Kimberly Blackwell y Carlos León sufrió el incendio provocado de su casa (Diario Extra, 31/08/2010). Fueron asesinados el luchador indígena Antonio Zúñiga (1989) y Oscar Quirós, dirigente de la lucha en contra de la deforestación en Sarapiquí (1992). El hecho más trágico se da después de una larga campaña contra la instalación de un puerto astillero, cuando murieron en un incendio (cuyas causas no fueron esclarecidas satisfactoriamente por la investigación oficial) Oscar Fallas, Jaime Bustamante y María del Mar Cordero, dirigentes de la Asociación Ecologista Costarricense (1994). Meses después su compañero David Maradiaga muerte tras una misteriosa desaparición de tres semanas. El activista de la Zona Sur Aquiles Rivera fue amenazado de muerte y su computadora fue sustraída de una oficina (2009).

  • Por el tema del aleteo de tiburones el biólogo Jorge Ballestero fue atacado por cinco matones (PRETOMA, 08/01/2011), y el chef británico Gordon Ramsay fue rociado con gasolina y amenazado (Teletica.com, 04/11/2011). El ambientalista Alcides Parajeles, quien ha denunciado sistemática­­­­­mente a madereros y autoridades en Península de Osa, fue amenazado con armas y sufrió la destrucción de su finca.
  • En la región Sur se registran incendios en Rancho Quemado de Osa (1999), la Asociación para el Desarrollo del Parque Marino (2006) y  la casa de los guardaparques en Bahía Ballena (1995). Fue incendiada la oficina del Minaet del Área de Conservación Osa.
  • Los incendios simultáneos en las viviendas del geólogo Wilfredo Rojas y de la trabajadora social Elizabeth González (1995), que participaban de una lucha contra el relleno sanitario en Mora. Se prendió fuego a la casa del dirigente comunal y defensor de las tortugas de Ostional Gilbert Rojas (2009), luego haber sido amenazado con arma de fuego.

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