Editorial del programa de Radio Voces y Política, Miércoles 26 de julio del 2022
A finales del año 2009 durante la administración de Oscar Arias Sánchez, se abrió la oportunidad y discusión a un cuestionado proyecto de minería de oro a cielo abierto en Crucitas. Fue durante este gobierno que se declaró de interés público nacional, permitiendo pasar por encima de la Ley Forestal de Costa Rica, la cual prohíbe la tala rasa, por ejemplo.
El ambiente de este proyecto corresponde a una zona de muy alta fragilidad ambiental, la cual además presenta una alta pluviosidad y se encuentra aproximadamente a 3 km de distancia del Río San Juan. Además, en Crucitas se acogen cerca de 11 especies de árboles en peligro de extinción, entre ellos en almendro amarillo que es hogar de la lapa verde.
La transnacional canadiense Infinito Gold, propietaria del proyecto inició la exploración en la zona de Crucitas en 1995, en Cutris de San Carlos. Después, el 17 de Diciembre de 2001, mediante la Resolución # R-578-2001-MINAE, el Ministerio del Ambiente y Energía (MINAE) otorgó a la empresa Industrias Infinito S.A., filial de la transnacional canadiense Vanesa Ventures, la concesión de explotación de una mina de oro a cielo abierto mediante la lixiviación con cianuro.
Inicialmente, este proyecto contemplaba la explotación de 120 hectáreas a 15 metros de profundidad, ya que el yacimiento de oro presente en Crucitas se encuentra de forma diseminada, por ello se necesita utilizar cianuro, que es un potente químico tóxico que permite separar el oro de las grandes cantidades de roca removidas.
Para el año 2007, la empresa cambió sus planes de explotación minera, donde previó explotar 50 hectáreas entre los cerros Fortuna y Botija, a una profundidad de 65 metros. Este nuevo plan contemplaría un gran cráter con una laguna de relave, equivalente a un área parecida a 3 veces el tamaño del parque metropolitano la Sabana. Este proyecto extractivista de minería metálica a cielo abierto enciende las alertas a distintos grupos ecologistas y organizaciones comunitarias del país, sobre todo por el gran riesgo ambiental que representa el movimiento de cientos de hectáreas, la tala indiscriminada de especies en peligro de extinción y la pérdida del hábitat para muchas especies de flora y fauna única de la región. No obstante, el uso de lagunas de relaves con químicos tan nocivos como el cianuro y el mercurio en países tropicales causaron grandes preocupaciones por lo que llevaron a muchas personas a manifestarse y a presentar demandas al Estado costarricense para cancelar este proyecto extractivista de gran magnitud, el cual iba a ser el proyecto minero más grande de Centroamérica.
Mediante la sentencia 2010 – 4399 de noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo anuló los permisos dados a la empresa canadiense Industrias Infinito S.A. debido a múltiples ilegalidades. Sin embargo, debido a múltiples razones, se ha dado lugar a actividades delictivas por parte de extractores ilegales de oro, conocidos como coligalleros. Lo anterior abre nuevamente el debate, 12 años después, sobre la activación del proyecto minero Crucitas.
Debemos traer el recuerdo sobre los daños causados en el pasado, como el caso del agrietamiento de la laguna de lixiviación de la Mina Bellavista en Miramar de Puntarenas en el 2007, el cual filtró materiales tóxicos a través del Río Ciruelas y por consiguiente contaminó el Golfo de Nicoya; además, un caso reciente no mayor a 15 días, fue el colapso de las pilas de lixiviados, principalmente de cianuro, de las minas de Santa Lucía, que ha contaminado la quebrada que lleva agua al río Abangares, Guanacaste y por consiguiente al Golfo de Nicoya, dejando un panorama de muerte de fauna y un escenario realmente peligroso para la salud humana.
