Editorial del programa de Radio Voces y Política, Miércoles 16 de marzo del 2022

Tres años sin justicia. Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak, líder de un fuerte movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur del país. Fue agredido, perseguido, criminalizado, y encarcelado; hasta que sus adversarios se atrevieron a cruzar la línea mediante una ejecución al estilo paramilitar de 15 disparos en la madrugada del 18 de marzo de 2019. Esta no fue la primera vez que se violentó a Sergio Rojas, incluso desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ordenó al Estado costarricense protegerlo por las amenazas y agresiones sufridas.

En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.

Un informe judicial filtrado a un medio de comunicación digital y la presión pública posibilitaron que el Juzgado Penal de Buenos Aires rechazara la solicitud de la desestimación del caso por parte del Ministerio Público.

La filtración de un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el cual forma parte del expediente del caso, y detalla testimonio de testigos e intervenciones de comunicaciones, podría afectar negativamente el mismo proceso, pues como se dice en la jerga judicial, se “contamina la evidencia” y a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes o testigos.

Según Diario Digital CRhoy, el OIJ le indicó a la Fiscalía “que en apariencia a Rojas lo asesinaron pues iba a interponer una denuncia en la vía judicial, relacionada al mismo conflicto de tierras”. Incluso, los investigadores del OIJ lograron identificar mensajes de texto enviados por los supuestos autores intelectuales del asesinato de Rojas, en el que se indicaba que era posible que el día que ocurrió el asesinato lo “cazaran”.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, el Juzgado Penal de Buenos Aires, el 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”.

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente y sistemática violencia física, simbólica e histórica. Esta delicada coyuntura es causada en gran parte por la falta de acción del Estado en materia de defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios, en especial los derechos de orden territorial.