Diputados aprueban ley para permitir evasión de controles ambientales
Fuente: elpais.cr

La nueva Ley de Simplificación de Trámites para la Instalación de Marinas y Atracaderos Turísticos, conocida como el Proyecto de Marinas, irá por tercera ocasión a consulta ante la Sala IV sobre debilidades constitucionales.

El proyecto de ley pretende facilitar la instalación de marinas y atracaderos turísticos en el país, mediante el que han pretendido insistentemente evadir los controles ambientales, en detrimento del derecho de todos los habitantes, consagrado en el artículo 50 de la Constitución Política, aseguró la fracción legislativa del Frente Amplio.

El lunes 31 de mayo, el Plenario aprobó en primer debate un nuevo texto propuesto por la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, que de manera engañosa, sin mediar una propuesta explícita, se excedió en sus funciones e hizo modificaciones al texto, sin ninguna relación con las inconstitucionalidades advertidas por la Sala Constitucional, aseguró el Frente Amplio.

Dicha Comisión eliminó el último párrafo del artículo 9 bis, disposición que establecía el plazo de un año al concesionario para iniciar la construcción de las obras, de lo contrario, la municipalidad podría iniciar el proceso de cancelación de la concesión.

Legisladores del Frente Amplio y del Partido Acción Ciudadana (PAC), señalaron que la mutilación, genera que un vez que el particular solicita una concesión y esta se le concede, no importará si desarrolla o no el proyecto, ni el tiempo que tarde para iniciarlo, la concesión está dada y el particular es el titular de ella, dándole un plazo indefinido a los especuladores, y en detrimento de los intereses de la colectividad, que verán restringido su acceso.

Para el diputado José María Villalta del Frente Amplio, “una vez más, se legisla para beneficiar a los desarrolladores privados en detrimento de los intereses de la colectividad, las concesiones para marinas turísticas implican la utilización de la zona marítimo terrestre, implica una limitación a la población para disfrutar de un bien que es de dominio público, en beneficio de intereses particulares”.

Entre tanto, el diputado Jorge Alberto Gamboa, del Partido Acción Ciudadana (PAC),  dijo que tiene una serie de dudas sobre los humedales, “y defenderé hasta la muerte los humedales de Sierpe de Osa, los humedales de la desembocadura del río Térraba, que juntos hacen toda una belleza escénica y eso es lo que viene a generar turismo, y las marinas en manos de la forma en que lo quieren hacer quedan libres, queda ese espacio, no quedan protegidas y serán destruidas”.

Gamboa denunció que “en este Plenario que aquí no se viene a legislar en el bienestar común, en el bienestar de todos los ciudadanos, que así debería ser, sino que se viene a legislar para beneficio propio, beneficio personal o beneficio personal-empresarial o algunos diputados que están aquí en representación de un sector empresarial”.

“Lo vemos en el Informe de la Memoria Anual del 2009 que presentó la Contraloría General de la República, y, específicamente, la Contralora, en la página 8, en el punto 6, la legislación sobre la zona marítimo-terrestre requiere cambios urgentes, y ella hace ver esos cambios, pero yo no sé si los legisladores hemos leído este informe, hacemos caso omiso o no lo estudiamos, o lo agarramos cuando llega ahí al despacho y lo metemos a una gaveta, no nos interesa y hace ver las deficiencias, las debilidades que tienen las instituciones”, advirtió.

“No es posible que este proyecto y que la concesión de marinas esté en manos de una institución y ahí lo dice, prácticamente caerá en manos del ICT, ¿y quién dirige el ICT hoy en día?, ¿y cuál es su forma de dirigir el Instituto Costarricense de Turismo?, ahí se hace lo que él dice y él representa a un sector empresarial turístico de este país, para nadie es un secreto, y podemos buscar todas las memorias y las investigaciones de cuál es la influencia que tiene especialmente en Puntarenas”, añadió Gamboa.

Dijo que el proyecto tiene portillos, “los deja abiertos para destruir, prácticamente, el ambiente, que después los corregimos, bueno sí, destruimos un manglar, como hicieron en Golfito, ¿y qué pasó?, cayó en los tribunales, fue denunciado en la Contraloría General de la República, pasan por los pasillos de las instituciones de Setena, Minaet y no se soluciona, ¿por qué?, porque la influencia política está sumergida dentro de este sector, los tentáculos que tienen algunos políticos es para que estas cosas se hagan a la brava en la forma de una conveniencia empresarial y no de acuerdo a los requerimientos establecidos por ley”.

Por su parte, el diputado del Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE), Joaquín Porras, justificó su voto negativo al proyecto porque “es un desastre que trae para los ecosistemas marítimos la instalación de marinas en Costa Rica”.

Llamó la atención sobre que “lejos de existir dentro de las marinas un control migratorio, lejos de existir dentro de las marinas una oficina de la Fuerza Pública, lejos de existir vigilancia, quién entra, quién sale, no por ahí entra y sale el que quiere, a la hora que quiere y como quiere”.

“Si quieren aprobar la Ley de marinas, pero que se apruebe bajo un marco donde hay una ley de vigilancia estricta, si no queremos que en este país siga ocurriendo lo que está ocurriendo, por qué antes de aprobar esto no instalamos una oficina de migración en estas marinas, por qué no instalamos mejores vigilancias fronterizas para que a este país deje de entrar el narcotráfico, deje de haber tanto negocio de trata blancas, deje de haber tanta prostitución, deje de haber tanta corrupción infantil.

“En qué, en qué favorece a la población costera las marinas?, en nada, las zonas costeras siguen siendo las más pobres de este país, la zona de mi Guanacaste, que tanto la quiero, la zona de Puntarenas, la zona de Limón, las zonas marítimas son las más pobres de este país, Limón, por donde sale el ochenta por ciento, el setenta y cinco por ciento de la exportación, y Limón sigue siendo la provincia más pobre de Costa Rica; oiga, eso no puede ser, compañeros, eso no puede ser, eso no puede ser, y aprobando una ley de marinas para que lleguen los millonarios trasnacionales a instalarse ahí donde aterrizan helicópteros y vienen a agarrar la droga… toneladas de cocaína en Turrúcares, en Atenas, en Naranjo, en Alajuela, después de que se han burlado de la policía migratoria de las fronteras y en la zona marítimo-terrestre”, indicó Porras.