Delegación discutió temas de interés nacional con mandataria

Fuente: elpais.cr Una delegación del Partido Acción Ciudadana (PAC), se reunió este miércoles con la presidenta de Costa Rica, Laura Chichilla, para proponerle avanzar en temas de interés nacional, y le solicitó anular la concesión minera de oro a cielo abierto en Crucitas, Zona Norte del país.

La cita incluyó propuestas y acuerdos en materia de seguridad ciudadana, medio ambiente, infraestructura y déficit fiscal, anotó un comunicado de prensa del PAC.

A la reunión asistieron el jefe y la sub jefa de la Fracción Legislativa, Juan Carlos Mendoza y Jeannette Ruiz, y la Presidenta del PAC, Elizabeth Fonseca.

Fonseca calificó la reunión de “muy constructiva y con mucha transparencia. Reiteramos nuestra disposición a dialogar sin condicionamientos y le aseguramos a la presidenta que en nuestra palabra puede confiar”.

Dijo que la minería a cielo abierto se discutió ampliamente en la reunión. El PAC le reiteró a Chinchilla la necesidad de anular los permisos al proyecto minero en Crucitas, pero el Gobierno prefiere esperar a conocer el fallo completo de la Sala IV sobre este proyecto antes de tomar decisiones definitivas.

Además, conocieron una carta enviada días atrás por Elizabeth Fonseca a Laura Chinchilla, en la que le planteaba algunas modificaciones al Decreto Ejecutivo que declaró una moratoria a la minería de oro a cielo abierto.

Las propuestas consisten en cerrar una serie de portillos al desarrollo de actividades mineras perjudiciales para el medio ambiente y la salud humana, y con la anulación de los permisos al proyecto Crucitas.

En el tema ambiental, se acordó avanzar con prioridad en una reforma integral del Código de Minería. La propuesta ya se encuentra en el primer lugar de la agenda de la Comisión de Ambiente de la Asamblea Legislativa y será impulsada por el diputado Claudio Monge.

Por otro lado, el tema de seguridad ciudadana también fue parte de la conversación entre Chinchilla y la delegación del PAC. La fracción legislativa le solicitó darle prioridad a las reformas a la ley de armas y explosivos y a las regulaciones para las empresas de seguridad privada.

Como respuesta, la presidenta invitó a Elizabeth Fonseca a ser parte del Consejo Consultivo que instalará el gobierno para diseñar políticas de Estado sobre esta materia.

El foro permanente será gestionado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y estará integrado por representantes del Consejo de Seguridad Nacional del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial y de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea.

La situación de la carretera San José – Caldera y la posibilidad de aprobar algunos préstamos destinados a infraestructura también estuvieron en la agenda de la cita. Finalmente, se informó que fue iniciado un diálogo que continuará relacionado con las medidas necesarias para revertir en fuerte déficit fiscal que heredó este Gobierno.

PAC-CE-352-2010

Señora

Laura Chinchilla Miranda

Presidenta de la República

Señora Presidenta:

En el marco de la voluntad de diálogo que usted ha expresado, y siendo éste uno de los pilares que, en criterio del Partido Acción Ciudadana, sostiene el ejercicio de la democracia, me permito dirigirme a usted para referirme al decreto que suscribió el pasado 8 de mayo de 2010 en relación con la minería de oro a cielo abierto.

Conviene destacar algunos aspectos positivos en este decreto: por una parte, los considerandos sobre el tema de la actividad minera son muy pertinentes respecto al modelo de desarrollo sostenible que como estrategia de país deseamos los costarricenses.

En cuanto al decreto propiamente dicho, también debe resaltarse la reforma el artículo 1 del decreto ejecutivo 35982 del 29 de abril del 2010, declarando una moratoria nacional por plazo indefinido a la actividad metálica de oro en el territorio nacional extraídos utilizando cianuro o mercurio, y el artículo 2 en que se deroga del Decreto Ejecutivo 34492 del 18 de marzo del 2008, que levantaba la moratoria indefinida que regía desde el 2002, aunque este sólo se refiere a la actividad minera metálica de oro.

A pesar de éstas iniciativas positivas, del estudio que hemos realizado sobre el texto del decreto en el Partido Acción Ciudadana, hemos derivado algunas otras preocupaciones que exponemos a continuación.

1- Que el decreto no refleja la visión más general tratada en los considerando, pues los artículos del decreto sólo se refieren parcialmente a ciertos aspectos de la minería de oro.
2. Que dicho decreto hace que se mantengan opciones abiertas de exploración y extracción de oro ambientalmente sensibles, como la minería de placer, que afectaría el equilibrio dinámico de los ríos, o bien, la minería mediante lavado hidráulico de tierras auríferas, cuyas consecuencias son altamente perjudiciales por los procesos de erosión, sedimentación y contaminación que generan. Ya tenemos experiencias pasadas muy negativas en la Península de Osa y actualmente se están dando concesiones para la extracción de oro en algunos ríos en dicha región, con el consecuente impacto ambiental en una de las zonas de mayor diversidad en el planeta y de un atractivo turístico indiscutible.

3. Que el decreto tampoco se refiere a las concesiones de oro ya existentes, como las de Crucitas, que fueron otorgadas en forma cuestionable, por no contar con todas las consultas y los criterios técnicos necesarios para una actividad de tan alto riesgo, como en el caso de los recursos hídricos subterráneos y transfronterizos, y otras concesiones que se puedan haber dado desde el 2008, durante el tiempo en que se levantó la moratoria del 2002.

4. Que el decreto del 8 de mayo, al referirse solamente al oro, permitiría la minería a cielo abierto de minerales como el cobre y otros metales cuyos efectos son igualmente perjudiciales por sus impactos altamente negativos para el medio ambiente, y que históricamente están bien documentados. Localmente resulta preocupante el futuro de regiones de alto valor ambiental y de gran potencial hídrico, como Talamanca, cuya potencial extracción de cobre ya había sido cuestionada en 1980.

Ante esta situación, el Partido Acción Ciudadana considera que, a pesar de los cambios o intenciones positivas que contiene el decreto, permanecen amenazas ambientales reales asociadas al tipo de actividad minera metálica todavía permitida, especialmente para un país montañoso, geológicamente vulnerable a intervenciones humanas de alto impacto, dadas las condiciones hidrometeorológicas y sísmicas que caracterizan el país. Ejemplos de daños ocasionados en el pasado por actividades mineras, como el ocurrido en la mina Bella Vista en Miramar, Puntarenas, debe ser una llamada de atención acerca de los riesgos que esta industria conlleva.

Los impactos potenciales de la actividad minera, como está actualmente legislada y regulada, son muy serios, dañan la imagen y el prestigio de un país amigable con el medio ambiente y resultan incompatibles con el modelo de desarrollo sostenible al que aspira la gran mayoría de los costarricenses.

En nuestra última Convocatoria Ciudadana, consideramos que un paso estratégico en materia minera era la de modernizar las leyes y reglamentos de exploración y explotación de los recursos minerales y la formulación de un Plan de Desarrollo Minero que garantizaran la exploración y explotación de los recursos de manera social y ambientalmente amigables. También se buscaba que en lo económico y lo social se asegurara que el país se beneficie integralmente de sus recursos mineros (Pág. 64). Esto se puede sintetizar en lo que varios grupos de expertos han denominado la necesidad de una reforma amplia al actual Código de Minería.

En vista de lo anterior, y para garantizar que con el decreto del 8 de mayo mencionado realmente se logre lo que se prometió al pueblo de Costa Rica al firmarlo, particularmente en cuanto a las expectativas formuladas en algunos considerandos, a saber: ampliar la moratoria decretada a toda la actividad de minería de oro en el territorio nacional y evitar que en el país se desarrolle una minería incompatible con el ambiente, respetuosamente le solicito que el decreto sea replanteado de forma que su texto resuelva en forma clara los cuestionamientos antes mencionados.

Mucho agradeceríamos poder exponerle con detalle, y con el apoyo del criterio de expertos, estas preocupaciones directamente a usted, señora Presidenta, para lo cual le solicitamos respetuosamente una cita, y así favorecer el diálogo sobre temas relevantes para el país.

Quedo a la espera de su estimable respuesta, y le reitero mi consideración.

Atentamente,
Elizabeth Fonseca Corrales
Presidenta
c./ Comisión Política.
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