Fuente: costaricahoy.info

La Junta Directiva del Acueducto Rural de la comunidad de Milano, ubicadaen el cantón de Siquirres, interpondrá en los próximos días, con el apoyo y respaldo del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera (FRENASAPP) una demanda penal contra la transnacional Del Monte por el delito de contaminación de aguas ocasionada por una piñera de su propiedad ubicada en dicha comunidad.

Los quejosos advirtieron a Costa Rica Hoy que la actividad piñera en el país ha crecido exponencialmente en los últimos años. Actualmente hay más de 54 mil hectáreas dedicadas a este cultivo en las Zonas Sur, Atlántica y Norte, y se encuentra en proceso de expansión en áreas del Pacífico Norte y Central. Comunidades de todas estas zonas han venido planteando denuncias de todo tipo debido a los problemas ambientales y sociales que ocasiona esta actividad.
En el caso de la Zona Atlántica, unas 6 mil personas de las comunidades de Milano, Luisiana, La Francia y El Cairo, de Siquirres, desde hace más de
tres años han tenido que consumir agua transportada por camiones cisterna costeados por el AyA con recursos públicos, debido a que los análisis
confirmaron la presencia de agroquímicos tóxicos usados en las piñeras en las aguas de las cañerías domésticas. Según datos oficiales del propio
AyA, la provisión de este líquido por medio de cisternas ha implicado un costo de más de 316 millones de colones en estos tres años.

El AyA anunció recientemente que dejará de facilitar el agua por esta vía debido a que, supuestamente, sus estudios mostraron que ya no hay residuos tóxicos en el agua. Sin embargo, las comunidades se resisten a volver a consumir agua de sus cañerías debido a que los estudios de aguas
realizados por el Instituto Regional de Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional, siguen confirmando que las aguas todavía están
contaminadas.

Emplazan al Ministerio de Salud

Los y las representantes de las comunidades y de organizaciones sociales agrupadas en el FRENASAPP exigen a las autoridades de los ministerios de
Salud, Ambiente, Agricultura y Ganadería, así como al AyA, que cumplan con las exigencias establecidas por la Sala Constitucional en la resolución
número 2009-009040, del 29 mayo del 2009, donde se les obligó a que: “de forma inmediata se inicie el proceso de saneamiento y eliminación de
residuos de plaguicidas de las fuentes de agua que abastecen a las comunidades amparadas de El Cairo, Luisiana y La Francia”.

Más allá del cumplimiento de esta resolución, las comunidades exigen al Gobierno y a estas instituciones públicas, y en especial a la Ministra de
Salud, María Luisa Ávila, que garanticen el derecho humano a un ambiente sano y el derecho humano a la salud, como les corresponde por mandato constitucional, y a que dejen de privilegiar los intereses económicos de las empresas por sobre sus obligaciones y por encima de la calidad de vida de las comunidades.

Criminalizaciónde la lucha social

Además de las consideraciones anteriores, desde el FRENASAPP se denuncia también el recrudecimiento de la “criminalización de la lucha social” en
el país, tal y como se ha puesto de manifiesto con las últimas acciones de las autoridades policiales, en diferentes escenarios del país.

En particular, denuncian el hecho de que varias empresas piñeras hayan utilizado la vía judicial con¬tra doña Erlinda Quesada y don Carlos
Arguedas, líderes comunales de la Zona Atlántica que enfrentan demandas penales interpuestas por la supuesta comisión de delitos —todos ellos
inventados—, los cuales, además de ser calumniosos, constituyen vías para amedrentar e intimidar a las y los líderes comunitarios que, de manera
valiente y enérgica, han emprendido luchas en pro de la defensa de sus derechos.

El FRENASAPP anunció que continuará dando la lucha por asegurar el respeto de los derechos humanos de las comunidades afectadas por la problemática piñera en el país.