Fuente: Gustavo Godínez Vargas elecocatolico.org

El Obispo de Tilarán-Liberia, Monseñor Vittorino Girardi, planteó desde el año pasado una de las situaciones que más brechas genera en Guanacaste: el acceso al agua.

En aquel momento, Su Carta Pastoral “Discípulos tras las huellas de Cristo, promoviendo la vida en Él,  al Norte de Costa Rica”, generó el rechazo de grupos oficialistas, quienes minimizaron sus preocupaciones.

Esta tierra Chorotega, afirmó Monseñor, es una de las regiones del país donde se tiende a dar más conflictos por la escasez, suministro, priorización de uso y administración del agua, a pesar que los ríos que la riegan y la magna Cuenca del Tempisque que le domina.

Sin embargo, hoy todas y cada una de las denuncias del Obispo alcanzan dimensiones concretas, a las que se suman factores como la sobreexplotación del recurso, la contaminación, la tala indiscriminada y una sequía prolongada que conforman la receta perfecta para un desastre.

Escasez sistemática

En Guanacaste la época de lluvias está muy definida. Solo de mayo a octubre las precipitaciones son regulares. Esto provoca que las aguas subterráneas sean la principal fuente de abastecimiento, agravado por el hecho de que las aguas superficiales –ríos, quebradas y lagunas- son temporales y tienen una exposición prolongada a gran cantidad de factores contaminantes.

Según datos del SENARA (Servicio Nacional de Riego y Avenamiento), desde 1990, el número de pozos y el volumen de extracción en el área han aumentado en un 75% y un 181% respectivamente. El auge repentino del turismo y la inversión extranjera son las causas principales de esta explosión de consumo. Y las comunidades lo resienten.

Por ejemplo, para Nicoya solo la cuenca del río Quiriman es realmente una opción, “pero estamos urgidos de que exista un compromiso real para protegerlos. Necesitamos una protección real, un compromiso verdadero de parte de las instituciones”, comentó Xinia Campos, funcionaria del Ministerio de Ambiente (MINAET) y de la Fundación Nicoyagua.

“Es posible que cuando exista la voluntad política e institucional para hacerlo, sea ya demasiado tarde”, puntualizó.

Suministro insuficiente

La tasa de crecimiento de la población nativa y de los visitantes ha aumentado vertiginosamente en los últimos años, y con ella la demanda de agua potable.

En 2004 y 2005, la inversión extranjera en la zona fue de US$103 Al año siguiente, 2006, se invirtieron US$1783 millones en nuevos desarrollos de construcción en el país, donde al menos un 20% de esto, se dio en la región Chorotega. Es decir, esta suma se triplicó en cuestión de un año.

Virgilio Guido, vecino de Cartagena y miembro de la varias asociaciones de desarrollo y protección ambiental confirma que el aumento en la cantidad de pozos costeros a los que se les ha filtrado agua de mar, unido a una demanda creciente del líquido para fines turísticos, ha hecho incluso que los hoteles tengan que comprar cisternas de agua incluso varias veces al día.

Solo el año pasado 187.000 turistas pasaron por el Aeropuerto Internacional de Liberia. Para este año se espera que lo hagan 200.000, y el incremento para los próximos 5 años se espera sea alrededor del 10%. Pero esta situación no concuerda con la realidad actual del recurso hídrico en la zona.

El caso de Nicoya

En sabido que en la provincia, la unidad hidrogeológica más extensa e importante es el sistema acuífero del Tempisque. Este tiene un área de 926 km2  aproximadamente e incluye un acuífero libre y otro confinado en depósitos recientes.

Sin embargo, a ciudades como Nicoya, Cañas o Santa Cruz, alejadas de esta cuenca, las abastecen fuentes superficiales y en alguna medida pozos de extracción.

Según Xinia Campos, “estas cuencas son vulnerables en muchos sentidos y además están sintiendo un peso adicional, dado que estos últimos años se ha ofrecido una mayor cobertura”.

El mayor problema según ella es que en Nicoya la toma de agua superficial se da en un punto donde no hay recolección de basura. “Llevamos diez años seguidos limpiando el río de donde saciamos nuestra sed, y se ha visto el cambio, porque al inicio sacábamos televisores, bicicletas, barbaridades de basura, refrigeradoras y hasta baterías”.

En el resto de la provincia, prácticamente todas las fuentes de agua tienen en su camino que atravesar fincas con grandes extensiones de cultivo como melón, caña de azúcar o arroz, sin contar las fincas ganaderas y los lugares de quemas.

Los pobladores de estas zonas se muestran confiados porque el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) confirma que el agua es potable, aunque aseguran que desearían disponer de estudios más completos como para buscar trazas de metales pesados, entre otros contaminantes.

Priorización de uso

Pero los estudios sobre acuíferos son más bien escasos. Uno de los pocos es en el que participa la especialista química Ariana Ordoñez, ella trabaja con el Organismo Internacional de Energía Atómica, SENARA y la UCR, para estudiar la posible sobreexplotación y los tiempos de recarga de los acuíferos del Pacífico Norte.

Miembros de estos organismos han visitado en numerosas ocasiones la zona, y “la idea es medir isótopos estables de oxígeno 18 e hidrógeno 12, o deuterio, pues estos elementos crean una huella diferente en cada lugar. Esto permite calcular cuanto tiempo lleva el agua allí, y además se puede comparar con agua de lluvia o superficial para saber que tan rápido se recarga el acuífero”. La idea nace de la necesidad que tienen las comunidades de saber exactamente con qué cuentan y por cuánto tiempo. Pues muchos de los recursos hídricos se usan o despilfarran en campos de golf, jardines ornamentales y otras eventualidades que no son de primera necesidad”, explicó.

Este proyecto ya cuenta con muestras de Filadelfia, Carrillo y Guardia, y en los próximos meses se expandirá a casi toda la cuenca del Tempisque.

“Básicamente lo que quieren determinar es si el acuífero está sobreexplotado. Sabemos que en Papagayo hay por lo menos un pozo que extrae una cantidad de galones por segundo enorme. Pero a pozos como esos no se tiene acceso para muestrear”, dijo.

Y es que el asunto con la mayoría de las cuencas y los acuíferos de  esta zona, radica en que no tienen categoría de manejo, con algunas “excepciones excepcionales” –ver recuadro- . Según explicó el personal de MINAET, las categorías de manejo se otorgan para administrar el recurso natural.

Por ejemplo, lo único de las casi 7 mil hectáreas del acuífero que abastece a Nicoya y Hojancha, que tiene algún grado de protección, son las 200 hectáreas del Cerro de la Cruz, que es una zona de manejo, y las 21 hectáreas que adquirió la Fundación Nicoyagua. Fuera de esto, todo el desarrollo de las zonas aledañas sigue a la libre.

Luchas y realidades

Las luchas de las comunidades guanacastecas han alcanzado renombre en el resto del país. Casos como el de la laguna de oxidación de Nicoya, cuyos rebalses caen directamente al cauce del Río Grande, alarman siempre a la población y son muestra del celo que tienen sus pobladores sobre el preciado líquido.

Elías López Castrillo, vecino de Pedernal, comentó a este semanario que ni la gente ni el ganado pueden tomar agua del Río Grande. “Toda la gente ahí para abajo –hacia Hojancha-  sabe que no puede ni bañarse ahí, aunque los chiquitos siempre se meten a las pozas y a veces les salen erupciones”.

Crisóstomo López, otro vecino del río, comentó:  “Antes uno se lavaba ahí, pero ahora ya no se puede, ni a lavar ropa, ni a nada. A veces huele mal y el agua siempre viene verde”.

Otro caso reciente es el de Sardinal, donde los vecinos venían reclamando por años la construcción de un acueducto para mejorar el servicio de su comunidad, pero…

“Cuando dio inicio la construcción y la perforación de pozos en la comunidad, incluso en la línea del río, los vecinos notaron que el proyecto era mucho más grande de lo que esperaban. Tras algunas averiguaciones, aparecieron 22 empresarios con fideicomisos y desarrollos habitacionales, que financiaban la construcción de un acueducto para llevar agua desde Sardinal. Los vecinos sorprendidos revisaron los documentos y contrataron una asesoría legal para descubrir que “no se pidieron  permisos, no se hicieron los estudios adecuados y que en letra pequeña dice que quien va a administrar el recurso hídrico y determinará a quién le venden pajas de agua y cuanto cobrarán por ella serán los promotores de vivienda de la costa, que además lo podrán hacer de forma discrecional”.

El conflicto y el descontento comunal vieron la luz y acaecieron serios disturbios que trascendieron la agenda noticiosa nacional. Recientemente el SENARA hizo eco del fallo del fallo de la Sala IV y frenó la construcción del acueducto por  irregularidades.

En el caso de la laguna de oxidación de Nicoya, las autoridades del AYA, tanto de la Oficina Cantonal de Nicoya, como la de Liberia reconocen la existencia del problema, pero afirman que es un proceso normal de este tipo lagunas: “las aguas residuales siempre deben desembocar en un cauce receptor, todos estos procedimientos están regulados por el Ministerio de Salud”, argumentaron.

Según el ingeniero Roylan Álvarez, de la Oficina de Liberia “el agua es verde por la carga de algas, la carga orgánica es fuerte y trae una cantidad de sólidos suspendidos principalmente vegetal”. Evidentemente el agua no es potable, pero  “todo está de acuerdo a las normas”, dijo.

Colaboraron con esta información Ramiro Briceño y Ariana Ordóñez

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Una gota en el desierto

Pero no todo son sombras en esta zona. La Fundación Nicoyagua trabaja desde hace años para obtener los recursos económicos a fin de comprar 118 hectáreas que permitan proteger la cuenca Potrero-Caimital, la cual abastece de agua a 25.000 habitantes de los cantones de Nicoya y Hojancha.

Este grupo surgió en julio de 2007, y se conformó con representantes de la Cámara de Comercio Local, miembros de la Comisión para el Manejo de las Cuencas Potrero y Caimital y vecinos de la zona.

Con la ayuda de Coopeguanacaste, R.L., establecieron un convenio para autorizar pagos extraordinarios en los recibos eléctricos de la compañía y con ese dinero compraron 21 hectáreas del Cerro la Cruz, para poder administrarlas y conservar el río Potrero.

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