Fuente: Editorial de http://costaricahoy.info/

Por principio estamos en contra de la minería de oro a cielo abierto y de una economía basada en la extracción de recursos naturales. Pensamos que el país tiene mejores opciones para garantizar su desarrollo, en el que se garantice un verdadero balance entre lo económico, lo social y lo ambiental, en actividades como: turismo sostenible, generación de energía limpia, servicios de alto valor agregado como nuevas medicinas o alimentados inspirados en biodiversidad que habita nuestros bosques y mares.

Creemos en Costa Rica como un Estado de Derecho respetuoso de sus normas por lo tanto se deben acatar las resoluciones emitidas por la Sala Constitucional.

Hay que reconocer el valor que tiene para todos los ciudadanos el desarrollo sostenible de Costa Rica y con base en nuestro principio constitucional que establece que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado solicito que se considere la aplicación del “Principio Precautorio” o “in dubio pro natura”, que ya Costa Rica junto con otros país del mundo ha reconocido, contemplando que existen dudas y que por ello se debe estar a favor del ambiente, siendo así que en casos de incertidumbre como es el caso de Crucitas debe preferirse la protección del ambiente y la salud.

A su vez en aras de poder contar con los elementos necesarios para que el país pueda tener una acertada toma de decisión sobre el tipo de desarrollo que quiere seguir solicitamos una suspensión del acto administrativo que dio la viabilidad ambiental y la declaratoria de una moratoria hasta que:

1. El Colegio de Geólogos, el Colegio de Sociólogos y el Colegio de Biólogos hagan una evaluación exhaustiva de los estudios que miembros de sus colegios han realizado para el proyecto Crucitas y le comuniquen al país y a la comunidad internacional que fueron hechos de conformidad con los protocolos y normas de ética que tienen establecidos.

2. Se concluya un proceso de participación pública, que incluya a todos lo actores, en el que se discutan los alcances e implicaciones ambientales, sociales y económicas de la modificación del proyecto original que indicaba que se excavaría hasta un promedio de 15 metros versus el actualmente aprobada que dice que se excavará hasta los 67 metros.

3. Se adecúe la garantía ambiental del proyecto, solicitada por la Ley Orgánica del Ambiente, en donde se garantice a la ciudadanía costarricense el mínimo riesgo ambiental para un proyecto de esta envergadura.

Nuestro país debe aspirar a un desarrollo sostenible que nos permita a nosotros y las futuras generaciones tener los beneficios que nos da la naturaleza.

No se debe promover la minería de oro, tampoco creemos en una economía extractiva. Sin embargo, en todo Estado de Derecho hay normas que rigen la convivencia en sociedad y deberemos seguir los procedimientos necesarios de acuerdo a nuestras leyes e instituciones para tomar la decisión más acertada para todas y todos los costarricenses, la seguridad jurídica distingue a nuestro país de otros en la región y es una de nuestra fortalezas.

En ese mismo sentido debemos recordar que corresponde al Poder Ejecutivo definir las políticas de desarrollo nacional y muy especialmente las ambientales y de desarrollo sostenible, por lo tanto instamos a que se ejerza ese liderazgo con absoluto respeto a la normativa vigente, pero especialmente tomando en cuenta el interés nacional.