Fuente: http://informa-tico.com

El fallo de la Sala IV del pasado fin de semana, dando luz verde a una explotación de oro a cielo abierto en Las Crucitas de Cutris, provocó la reacción de un conglomerado de organizaciones no gubernamentales de Nicaragua, que expresaron preocupación por el impacto que el proyecto podría tener sobre la cuenca del río San Juan.

Las entidades demandaron al gobierno nicaraguense que "tome cartas en el asunto" y "demande al Estado de Costa Rica por las posibles violaciones al derecho internacional ambiental que comprometen la soberanía del país, el derecho comunitario a habitar en un ambiente saludable". El gobierno de Costa Rica "pone en evidencia una vez más el doble discurso que maneja, donde por una parte se proclama paz con la naturaleza, y por otra parte, se permite la ejecución de una actividad que implica la degradación de los ecosistemas y la afectación a las poblaciones que dependen de los mismos", señalaron las organizaciones.

l pronunciamiento que se transcribe a continuación, es firmado por representantes de Centro Humboldt, la Fundación del Río, Proyecto Socioecológico (PROSOCO) de León e Hijos del Río.

"PRONUNCIAMIENTO ANTE LA RESOLUCION DE LA SALA IV SOBRE EL PROYECTO LAS CRUCITAS QUE AFECTARÁ A LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN, EN NICARAGUA
CONSIDERANDO QUE:

I.

La Sala IV Constitucional de Costa Rica, ha emitido el 16 de abril de 2010, un fallo donde declara sin lugar el recurso de amparo interpuesto por el compañero Edgardo Araya de UNOVIDA en contra de la Declaratoria de
Interés Público y Conveniencia Nacional del Proyecto de minería a cielo abierto "Crucitas" de la compañía Industrias Infinito S.A., ubicado en Cutris de San Carlos, provincia de Alajuela, a escasos 5 kilómetros de la
ribera sur del Río San Juan de Nicaragua.

II
Este proyecto minero a cielo abierto, traerá consigo posibles afectaciones al curso hídrico y poblaciones circundantes ubicadas en el río San Juan, debido a los eventuales procesos de sedimentación que incidirán
negativamente en estos ecosistemas y su biodiversidad, en la calidad de sus aguas, en la navegación, la calidad paisajística y el potencial eco-turístico de esta zona.

III
El Gobierno de Costa Rica mediante esta decisión tomada por los magistrados de la Sala IV, pone en evidencia una vez más el doble discurso que maneja, donde por una parte se proclama paz con la naturaleza, y por otra parte, se permite la ejecución de una actividad que implica la degradación de los ecosistemas y la afectación a las poblaciones que dependen de los mismos.

IV
El respeto al derecho ajeno es la paz, y que para mantener la armonía y la buena convivencia de los pueblos fronterizos es importante que los Estados hagan uso del "Principio Precautorio", y además, aseguren que las
actividades dentro de sus jurisdicciones no causen daños a la diversidad biológica de un tercero, tal y como se cita en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (Arto. 3), la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (Principio 15) y en el Convenio para la Biodiversidad y Protección de Áreas Silvestres prioritarias en América Central (Arto. 2).

POR TANTO:

1. Condenamos y rechazamos rotundamente el fallo de la Sala IV Constitucional de Costa Rica de declarar sin lugar el recurso de amparo interpuesto en contra de la declaratoria de interés público y conveniencia nacional del proyecto Minero Crucitas desarrollado por la empresa Industrias Infinito S.A., haciéndose caso omiso a los múltiples cuestionamientos técnicos y jurídicos que han sido planteados por diferentes actores costarricenses y nicaragüenses y a sabiendas de que tal proyecto alterará la naturaleza y afectará de manera negativa e
irreversible los ecosistemas.

2. Nos solidarizamos y apoyamos todas aquellas acciones de lucha emprendidas por las organizaciones de Costa Rica que tratan de frenar un inminente desastre ambiental cuando se inicie la explotación minera de oro
a cielo abierto en esa zona.

3. Exigimos al Gobierno de Nicaragua, tomar cartas en el asunto, para que se demande al Estado de Costa Rica por las posibles violaciones al derecho internacional ambiental que comprometen la soberanía del país, el derecho comunitario a habitar en un ambiente saludable y de que la actividad que realice este país no ocasione daños a terceros.

4. Demandamos el cumplimiento de la Resolución sobre las concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan y el Proyecto Minero a Cielo abierto "Crucitas", la cual fue aprobada el pasado 23 de septiembre de 2009, por la Asamblea Legislativa de Nicaragua, en la cual se solicita a los legisladores costarricenses, la revisión y derogación del decreto legislativo en el que se declara de interés público y conveniencia nacional el Proyecto Minero Las Crucitas.

Al igual que se exhorta al Gobierno de Nicaragua a revisar las políticas de promociones y otorgamiento de concesiones mineras en la Cuenca del Río San Juan, adecuando la legislación vigente en esta materia para evitar la instalación y operación de empresas que pueden contaminar el ambiente y causar daños irreversibles a estos ecosistemas.

5. Manifestamos incoherencia en las políticas públicas que dictan los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua, dado que distan de la realidad que se vive actualmente, donde por un lado suscriben convenios y acuerdos
centroamericanos en materia de conservación de la biodiversidad y el medio ambiente, y por otro lado, otorgan licencias y concesiones de actividades mineras, de las cuales se conoce claramente sus efectos nocivos a los
recursos naturales que dicen deben ser protegidos.

6. Hacemos un llamado a la organización y movilización ciudadana nacional como un medio fundamental para frenar la realización de la actividad minera en la cuenca del Río San Juan.

Dado en la Ciudad de Managua, a los 19 días del mes de abril de 2010.