En Costa Rica aumenta rechazo contra minería metálica

Fuente: elpais.cr

El próximo jueves 22, Día de la Tierra, la celebración ambientalista se convertirá en una concentración contra la decisión de la Sala Constitucional de dar luz verde a la minería de oro a cielo abierto en el norte de Costa Rica.

El viernes anterior la Sala IV rechazó un recurso de amparo contra la minería química en esa zona, próxima al río San Juan, de Nicaragua.

“Somos conscientes de que la naturaleza de nuestro país nos llama a gritos para que la defendamos de unos pocos, que quieren hacer más riqueza a costa de la destrucción de nuestros recursos naturales”, convoca un sitio en la red de Facebook.

A las organizaciones ambientalistas se suman grupos comunales, sindicales, magisterio nacional y federaciones estudiantiles, universitarias y de secundaria.

Por ejemplo, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), lamentó el fallo de la Sala Constitucional a favor de la explotación de oro a cielo abierto en la Mina Las Crucitas de San Carlos, y repudia la política del Gobierno que provoca la desprotección del medio ambiente.

“Para nadie es un secreto que la minería a cielo abierto es una de las actividades económicas más dañinas para el entorno. La experiencia de las 3 minas de esta naturaleza que han operado en Costa Rica, nos demuestra que provocan la contaminación de fuentes de agua, tala extensiva de bosques, inutilización de los suelos, un impacto grave en la flora y fauna locales, derrames de metales pesados”, recordó el SEC.

Además, advirtió sobre las consecuencias negativas en la vida cotidiana de los pueblos cercanos.

El SEC aseguró que en el caso de Las Crucitas, se pone en riesgo la existencia de decenas de especies, desaparecerán hectáreas enteras de bosques, y hasta se podría contaminar el Río San Juan, motivo por el cual el gobierno nicaragüense no ha visto con buenos ojos a esta mina.

“Con este  fallo, se evidencia el doble discurso de la política ambiental de la administración Arias, que se muestra ante el mundo como promotora de la “paz con la naturaleza”, pero ha causado un retroceso en la conservación ambiental que ha caracterizado al país por años”, comentó el SEC.

Aseveró que la Sala IV, una vez más, responde a los intereses de grandes transnacionales y de los sectores económicamente más poderosos, en vez de oír la voz del pueblo y los expertos en el tema.

La organización magisterial consideró que el fallo de cinco magistrados, de siete, “ha generado un precedente jurídico para que, en el futuro, otras empresas aduzcan el mismo derecho de destruir la naturaleza, con tal de desarrollar sus negocios”.

“Lo peor del caso es que, aparte de la destrucción que se provocará en la naturaleza, toda la ganancia de esta actividad no será para beneficio del país, sino para engrosar las arcas de una empresa extranjera. Los supuestos beneficios económicos que percibirían las comunidades cercanas y el país en general, además de ser escuetos, son diminutos ante el enorme daño que provocará en la zona”, explicó.

Por otra parte, el SEC exige a la presidenta electa, Laura Chinchilla, que aplique una política ambiental honesta y coherente, acorde con las necesidades de protección del ambiente que requiere el país,  y la llama a que no permita la explotación minera en Crucitas.

“Llamamos al Magisterio Nacional, movimiento ecologista, sectores sociales en general y comunidades afectadas, a tomar acciones para evitar las lamentables consecuencias ambientales que desde ya se pronostican”, exhortó el SEC.