Managua DPA El titular del Parlamento Centroamericano (Parlacen), el nicaragüense Jacinto Suárez, sugirió hoy al gobierno de Daniel Ortega que demande a Costa Rica en la Corte Internacional de La Haya, por el daño ambiental que provocará un proyecto de minería a cielo abierto en la frontera común.

Suárez dijo a la radio estatal Nicaragua que hay "suficientes elementos jurídicos para demandar a Costa Rica", por el permiso dado a la empresa canadiense Infinito para operar una mina de oro en la zona de las Crucitas, vecina al sureño río San Juan.

"El gobierno debería de llevar esto a La Haya. Costa Rica merece ir a La Haya", afirmó el jefe del Parlacen, que además está a cargo de las relaciones internacionales del gobernante partido Frente Sandinista.

Según Suárez, una eventual demanda contra Costa Rica tendría que ser apoyada por los organismos de la sociedad civil de Nicaragua que se oponen al polémico proyecto minero, ya que "es un problema nacional al que hay que ponerle mucho ojo".

No obstante, para el jurista Mauricio Herdocia, experto en asuntos territoriales, la solución al tema de Las Crucitas pasa por una negociación entre el gobierno de Managua y la presidenta Laura Chinchilla.

"Lo ideal es que esto no llegue a los organismos internacionales. Hay que encontrar una salida bilateral y a mí me parece que la presidenta Chinchilla va a trabajar con el gobierno de Nicaragua para encontrar una salida", sostuvo Herdocia.

Afirmó que la concesión otorgada a la firma canadiense violenta varios acuerdos ambientales firmados por los países de Centroamérica, como la Alianza para el Desarrollo Sostenible, la cual "se vería afectada si el proyecto sigue adelante".

Organizaciones ecologistas de Costa Rica también han protestado por el aval otorgado por los tribunales de justicia a la empresa norteamericana, que espera extraer unas 800.000 onzas de oro de la zona.

La concesión fue dada a la firma extranjera hace más de una década, pero la misma Sala Constitucional de Costa Rica había ordenado la suspensión de tala de árboles en el sector, tras acoger recursos de los opositores a la minería a cielo abierto.

La presidenta Chinchilla prometió que una de las primeras decisiones de su gobierno sería declarar una moratoria a la minería a cielo abierto.