Ambientalistas denuncian falsedades de Gobierno y empresa
Fuente: elpais.cr

Durante la marcha para repudiar la minería química en Costa Rica, organizaciones ambientalistas denunciaron que la mina modelo, precursora de Crucitas, colapsó y está contaminando el ambiente en Miramar de Puntarenas.

“Estamos todos y todas, para exigir que se detenga de una vez por todas, toda intención de explotar oro a cielo abierto rompiendo nuestra casa, destruyendo nuestra tierra”, dijo el manifiesto de los ecologistas.

Recordaron que el 89% de la población costarricense ha dicho que no quiere la minería de oro a cielo abierto, ya que se han vivido nefastas experiencias con esa actividad.

“La mina Bellavista en Miramar, es un ejemplo de ello. La supuesta mina modelo para Crucitas, tuvo varios accidentes y derrumbes y allí quedó el desastre y la empresa se fue, sin hacer el cierre técnico”, denunciaron.

Afirmaron que se oponen porque conocen experiencias de otros países en donde se promete el oro y el moro y donde accidentes e impactos ambientales y sociales son pan de cada día.

En Guatemala, en Honduras, en Perú, por solo citar algunos ejemplos, la contaminación con la minería de oro a cielo abierto es un mal que padecen las comunidades, mientras que las ganancias de lo que extraen de la tierra se la llevan unos pocos.

“Ha habido un largo proceso, largas batallas para defender la tierra de Crucitas. Desde hace más de 15 años que existe gente señalando los problemas y graves consecuencias de este proyecto. Un proyecto que ha visto varias empresas desfilar, en su intención por llevarse la riqueza de nuestra tierra”, dijeron.

Sobre la situación legal de la lucha, explicaron que ha sido un proceso muy cuestionado. Decisiones tomadas de forma irregular, como la viabilidad ambiental de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), fue solicitada para un proyecto que luego cambió sus dimensiones, sin el respectivo cambio del estudio de impacto ambiental.

Al final, “cuando la mina ya no podía operar porque la ley se lo impedía, la administración Arias Sánchez le “regaló” la “conveniencia nacional” para que, finalmente, pudieran comenzar con la destrucción”.

Acusaron que quienes responden por la empresa minera “no son sus voceros, sino quienes deberían defender el ambiente o los magistrados que deberían haber impuesto el principio de indubio pronatura”.

“La increíble coincidencia entre empresa, Poder Ejecutivo y Poder Judicial nos hace sospechar. Este fallo y otros anteriores nos hacen pensar lo indispensable de la separación de poderes y lo nocivo que es la injerencia de un poder de la República a otro”, cuestionaron los ecologistas.