Sobre la necesidad de restituir el diálogo participativo y un fuerte perfil ambiental en el conflicto planteado ante el Tribunal de La Haya, para el rescate y conservación del Humedal Caribe Norte.

Bernardo Aguilar González y otros*

A nivel nacional se desarrolla una discusión sobre el modelo energético del país que se ha enfocado hacia dos vertientes: la conveniencia nacional de la exploración y explotación del petróleo/gas natural, mediante una concesión a la compañía estadounidense Mallon Oil Company, y la discusión del Proyecto de Ley de Plan de Contingencia Energética. El gobierno de Costa Rica decretó una moratoria en la explotación por tres años, que fue interpretada como incompleta y engañosa por diversos sectores de la oposición y del ambientalismo.

El gobierno ha alegado que quiso enviar una señal que invitara al diálogo nacional sobre la conveniencia de la exploración de los hidrocarburos, con la posibilidad de que se exploten por entidades nacionales como el ICE y RECOPE. Sin embargo, se ha mantenido una falta de claridad respecto a aspectos claves de esta política, especialmente en lo referente al gas natural y a sus potenciales efectos sobre las áreas silvestres protegidas. Por otra parte, poco se ha avanzado en los pasos necesarios para corregir la incierta situación del marco jurídico que regula la explotación de hidrocarburos, encontrándose el país bajo una legislación que responde a una visión no acorde con el modelo de economía verde al que el gobierno ha dicho que aspiramos. Este marco incluye varias leyes y decretos vigentes, subsistiendo tareas pendientes tanto de parte del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo.

En lo que respecta al Proyecto de Ley de Plan de Contingencia Eléctrica, el mismo se ha manejado hacia la opinión pública en una forma engañosa. La discusión se ha centrado en las alternativas de oferta, poniendo a la opinión pública ante una supuesta disyuntiva entre decidir si se implementan proyectos de generación que tienen un perfil ambiental y cultural controvertido. Este es el caso del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís y las iniciativas geotérmicas en áreas silvestres protegidas. Sin embargo, los aspectos fundamentales de este proyecto de ley se enfocan más bien a implementar un modelo de privatización de la generación y distribución eléctrica, con el fin de satisfacer una demanda proyectada con base en presunciones de crecimiento económico y de exportación que responden a la realidad político-económica de hace casi una década. Asimismo, el proyecto pretende impulsar reformas incluidas en otros proyectos controvertidos como lo es el traslado a MINAET de la competencia para otorgar las concesiones sobre el uso de las fuerzas que puedan obtenerse de las aguas de dominio público. Finalmente, el proyecto no contempla ningún tipo de mecanismo que incentive la reducción en el consumo, la inversión en la búsqueda o la utilización de alternativas energéticas renovables novedosas.

El manejo de esta combinación de iniciativas energéticas por parte del gobierno, al lado de otros proyectos de ley y de desarrollo que se discuten últimamente (como es el caso del proyecto que pretende permitir la pesca en los parques nacionales y el proyecto del nuevo aeropuerto en la Zona Sur), ha generado un evidente distanciamiento de muchos grupos ambientalistas técnicos y activistas de las políticas que implementa la administración Chinchilla.
Al mismo tiempo, con el cambio de liderazgo en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto se ha dado una evidente baja en el manejo del perfil ambiental del conflicto planteado ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. En su lugar se percibe un aumento en el perfil de seguridad. El nuevo liderazgo del MINAET no ha llenado este espacio. Ello se ha visto acompañado de un aumento en la frecuencia de acciones y notas provocativas de parte del gobierno de Nicaragua, que parecen percibir esta situación y aprovechan la aparente división de la comunidad ambiental nacional.
Dada esta situación, las organizaciones del Frente Nacional por la Protección de los Humedales (dentro de la Campaña Misión Humedales: Vida para Todas y Todos) hemos lanzado un manifiesto en el que llamamos a que el gobierno de Costa Rica retome el camino del diálogo y promueva en forma más evidente y proactiva la conciliación y el diálogo participativo respecto a las iniciativas energéticas antes descritas. Ello con el fin de que se tomen las decisiones que salvaguarden la sostenibilidad de la oferta energética nacional sin dañar el modelo de economía verde al que aspira el país. Asimismo, hemos hecho un vehemente llamado a que los diferentes participantes en esta discusión comprendan la gravedad de los efectos que pueden tener sus acciones respecto a la credibilidad ambiental del país con vista del conflicto planteado ante La Haya, del cual depende la sostenibilidad y conservación del Humedal Caribe Noreste.

Hemos manifestado también nuestra firme convicción de que un fuerte perfil ambiental en el conflicto planteado ante La Haya es indispensable para el éxito en los propósitos de rescate y conservación del Humedal Caribe Noreste que el país se ha definido. Por eso llamamos firmemente a que el gobierno de Costa Rica retome con fortaleza este perfil en sus acciones presentes y futuras, con el fin de que las condiciones sean adecuadas para que los resultados de la resolución final en La Haya sean los esperados por el país.

Reiteramos nuestro compromiso con Costa Rica de luchar en este frente, con el fin de garantizar la conservación y uso sostenible de este humedal RAMSAR para el beneficio de las comunidades aledañas, el país y el mundo.

*Bernardo Aguilar G., Director Ejecutivo Fundación Neotrópica; Gustavo Gutiérrez Espeleta, Director de la Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica; Gino Biamonte Castro, Presidente APREFLOFAS; Randall Arauz Vargas, Director, PRETOMA; Rocío Carranza Maxera, actriz y cctivista; Randall Otárola Madrigal, Presidente FEUNA; Erick Sandoval Corrales, Presidente FEITEC; Mariano Salas Naranjo, Presidente FEUCR.