Editorial del programa de Radio Voces y Política, 23 de febrero del 2022.

Hoy 24 de febrero se cumplen casi dos años del asesinato de Jerhy Rivera, defensor de los derechos humanos, ambientales y territoriales del pueblo Brörán.

Jehry nació el 1 de noviembre de 1974 en Térraba. Desde joven fue un valiente y vehemente dirigente indígena y luchó contra el despojo de tierras y la discriminación, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales. Lo conocimos luchando contra la construcción de la represa hidroeléctrica Diquís. Él decía “El río no se da a cambio de una carretera o una construcción”.

El activista fue acribillado a balazos por la espalda dentro del territorio Bröran, de Térraba, a la edad de 46 años, en medio de un linchamiento de usurpadores no indígenas con clara responsabilidad del Estado que fue testigo del hecho y no intervino.

Hoy hace dos años en horas de la mañana varias familias del pueblo originario Brörán iniciaron una nueva recuperación de su territorio, una de esas familias fueron los Riveras.  Hasta antes del inicio de las recuperaciones los indígenas Brörán, solo tenían la propiedad efectiva del 10% de su territorio, mientras 90 % estaba en manos de no indígenas, fincas de ganado de hasta 1000 ha estan en manos de una sola persona no indígena, mientras muchas familias se volvieron extranjeros teniendo que migrar fuera de sus tierras asignadas legalmente.

La respuesta a esta nueva recuperación de hace dos años fue una turba que en principio quería “tajadear” a machetazos al líder Pablo Sibar Sibar. Es por milagro que no hubo más víctimas como cuenta la misma familia de Jehry que sobrevivió, la noche antes del asesinato, a un ataque de este grupo armado de más de 100 personas que ejercieron la violencia a vista y paciencia de la Fuerza Pública.

Por décadas, la inacción, omisión y la impunidad ha marcado la relación del Estado con los Territorios indígenas. Esta inacción hace que sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la que ordene al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016, que tome medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas que sufren las comunidades indígenas por parte de los ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre.

Dos asesinatos, 16 líderes y lideresas amenazadas de muerte y más 86 incidentes de violencia dirigida contra los pueblos indígenas- registrados solamente durante 2020-, evidencian que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares sino también que es responsable de no detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas, que además se ha incrementado y se ha extendido a la mayoría de territorios del Sur y hasta Bajo Chirripó en Matina, donde a finales de años pasado hubo un violento ataque contra dirigente indígena cabécar Leonel García.

Mientras en 2021 - igualmente en pandemia- el Observatorio Comunitario de Acciones Colectivas (OCAC-IIS) se registró 143 acciones como concentraciones, denuncias, marchas, bloqueos y otras relacionadas con la defensa de los territorios y los derechos de las personas indígenas, principalmente en las comunidades originarias al sur del país en donde son comunes las recuperaciones de tierras organizadas por las comunidades: Salitre, Cabagra, Brörán de Térraba, Cabécar de China Kichá y el pueblo Brunka de  Rey Curré.

En 2020 el Juzgado Penal de Buenos Aires, Puntarenas, rechazó la solicitud de la prisión preventiva y ordenó la libertad de los sospechosos por el asesinato de Jehry; quienes pasan cotidianamente y libres frente a la casa de la familia Rivera y el jardín de donde descansan los restos del activista. El Tribunal solamente impuso a uno solo de los implicados la medida cautelar de no acercarse a testigos.

En octubre del 2021 ese mismo juzgado tras una audiencia preliminar eleva a juicio la causa contra un sujeto de apellidos Varela Rojas acusado de homicidio calificado, amenazas agravadas y portación ilegal de arma permitida.

La información del Ministerio Público apunta que al inicio de la investigación figuró como imputado dos de los hermanos apellido Varela, pero “durante el proceso de recolección y análisis de pruebas por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía, únicamente se logró vincular a un acusado” con el delito.

En síntesis, en dos años no hay asomo de justicia pronta y cumplida. Y como cuenta el padre Enrique Rivera y el asesino pasa libre en moto o en casa frente a la casa y la tumba de Jerhy. Sigamos luchando por que la justicia y el fin de la impunidad será una lucha más para hacer que la democracia llegue a estos territorios.