Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 17 de marzo, 2021

Sergio Rojas Ortiz del Clan Uniwak, líder de un fuerte movimiento de autonomía indígena y de recuperación de tierras en la Zona Sur del país, fue agredido, perseguido, criminalizado, y encarcelado, hasta que sus adversarios se atrevieron a cruzar la línea… 

El líder indígena de 59 años fue asesinado de 15 disparos el lunes 18 de marzo de 2019 en horas de la noche. No era la primera que se violentó a Sergio Rojas, en otras ocasiones sufrió amenazas, agresiones e intentos de asesinato.  Incluso desde 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado costarricense protegerlo porque su vida corría peligro. 

Después de su asesinato, su hermano, Mario Rojas Ortiz, confirmó que éste no tenía protección policial desde hacía año y medio. “A pesar de las amenazas y la vigencia de las medidas para proteger a mi hermano, la policía hace año y medio se retiró” (...) “La autoridad no hacía nunca caso para que vinieran a ver cuándo este tipo de cosas pasaban (disparos o robos en territorios)”.

 El 22 de marzo del 2019 la CIDH repudió el crimen contra Sergio Rojas Ortiz y le recordó al Estado costarricense que el líder indígena se encontraba en una grave situación de riesgo, de ahí que se le otorgaran medidas cautelares, las cuales se establecieron para garantizar su vida e integridad personal. Un año después del homicidio, el 18 de marzo del 2020, la CIDH volvió a pronunciarse, esta vez sobre la situación de violencia, amenazas y hostigamiento que sufren líderes indígenas y personas defensoras de los derechos humanos en el contexto de la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz.

En setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación respectiva por parte del Ministerio Público. Tal solicitud se realizó bajo el alegato de la imposibilidad de resolver el caso, debido a la negativa reiterada del Juzgado Penal de Buenos Aires de Puntarenas de autorizar allanamientos necesarios para avanzar en el proceso de esclarecimiento del crimen.

 Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y  nacionales de derechos humanos, académicos y miembros de los distintos Pueblos Originarios del  país, y luego de una audiencia con el abogado y con la familia de Sergio Rojas, realizada el pasado  3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la  solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de  la “debida diligencia”.

Los días 21 y 22 de enero del presente año, un medio de comunicación digital publicó varios reportajes basados en el expediente judicial del caso del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, en los que se hace especial referencia al informe elaborado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Esta publicación se hace a pesar de tratarse de un proceso de investigación penal en curso, para el que la ley establece confidencialidad. Las notas periodísticas publicadas aportan una serie de detalles de la investigación judicial que evidencian una clara, sospechosa e intencionada filtración de la información de este expediente tutelado por las instancias judiciales, lo que podría incidir de manera negativa en el desarrollo de la investigación, a la vez que expone a riesgos adicionales a las personas informantes. 

Todos los hechos referidos anteriormente refuerzan las evidencias y la convicción de que el asesinato de Sergio Rojas Ortiz fue un crimen político producido en un contexto de creciente y sistemática violencia física y simbólica. Esta delicada coyuntura es causada en gran parte por la falta de acción del Estado en materia de defensa de los derechos humanos de los Pueblos Originarios, en especial los derechos de orden territorial. 

Estos hechos también generan dudas razonables acerca del manejo que se está haciendo del caso por parte de las autoridades judiciales, y son particularmente preocupantes porque parecen mostrar una tendencia inaceptable hacia la generación de condiciones para la impunidad de este crimen. Lo cual, además de constituir una injusticia, afectaría de manera irreparable la credibilidad del Estado.