Pablo Barahona Kruger Abogado
Sorprende la ligereza con que algunos, desde la ignorancia, se refieren a los temas torales de la ciencia jurídica. La opinión no alcanza a ser conocimiento, aunque siempre, en su intención de serlo, ha de emularlo. Otro día será el que alcance para diferenciar más hondamente entre doxa y episteme. Hoy, nos sobra con lo escrito para descifrar un discurso que es, por lo menos, absurdo, por lo más, malintencionado.
Han dicho algunos, por suerte no muchos, que la sentencia dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo en el caso Crucitas, debilita la seguridad jurídica. La primera vez que lo escuché fue de un expresidente y me hizo saltar de la silla.
La primera vez que lo leí, fue de letras de un exministro de ese mismo expresidente, hoy embajador, y ya no me sorprendió tanto, aunque igual me molestó un poco, lo confieso. No por quienes lo decían o escribían, claro está, sino porque me pareció un tanto vendepatrias. Pero ese no es el tema.
Burdas afirmaciones. El tema es que ni aún el más aventurado estudiante de Derecho se atrevería a afirmar tan burdamente que un Tribunal, debido proceso mediante, debilite la confianza en el sistema jurídico al decir el derecho correctamente. Nadie puede explicar, no en sus cabales y sin vender sus letras o el peso de sus palabras al mejor postor, cómo es que un fallo del Poder Judicial que viene a corregir un cúmulo de arbitrariedades del Poder Ejecutivo que permitió cientos de hectáreas arrasadas de bosque, constituye una afrenta contra la seguridad jurídica; ello, claro está, si se entiende por seguridad jurídica la estabilidad del sistema de normas que permite a los ciudadanos prever un resultado judicial idéntico, ante supuestos de hecho indiferenciables.
La cereza sobre el pastel de esta historia la representa el dicho de quienes motivan su argumento a partir de una falsa defensa de la inversión extranjera que, según su “pensar”, queda notificada: en Costa Rica no existe seguridad jurídica porque tres jueces –que equivale para esos falaces opinadores a la expresión tres gatos– dictaron una sentencia que anula una concesión abiertamente ilegal, que equivale, en ánimo de buen resumen, a la expresión moderna de las patentes de corso que los piratas ostentaban para saquear, destruir y violentar cuanto encontraran a su paso.
De este otro lado, estamos los que respetamos los fallos jurisdiccionales cuando vienen bien fundados y firmados por jueces serios. Aquellos que nos obligamos a concluir racionalmente que un inversor inteligente premia, pero jamás condena, a aquellos países en que los jueces hacen respetar las leyes sin distingos de condición política o económica, con valentía y sentido de oportunidad, en una palabra, con orden. ¿O es que acaso para algunos la seguridad jurídica se construye desde su arbitrariedad? ¿O más bien, que solo hay seguridad jurídica cuando se superpone –hasta el borde de lo ridículo– la inversión económica al principio de legalidad? ¿O quizás, que la inseguridad jurídica existe solo para aquellos mal acostumbrados a salirse siempre con la suya?
