Por Mauricio Álvarez Mora Geógrafo, docente en Kioscos Ambientales (UCR) y ecologista.

Impacto directo en el Humedal Térraba Sierpe, un mega turismo que obligará a grandes construcciones y la “Guanacastización” de Osa son parte de  los impactos más serios del aeropuerto internacional que pretende hacer el gobierno ignorando todas las recomendaciones.

Desatendiendo todos los criterios y recomendaciones de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno de Laura Chinchilla hizo una Declaratoria de Interés Público para construir un aeropuerto internacional en la zona sur. Este aeropuerto estaría ubicado en el Valle del Diquís, cercano al Humedal Térraba Sierpe, un sitio Ramsar de importancia internacional y el humedal más grande e importante de la costa Pacífica de Centroamérica (16.700 hectáreas).

Mega impacto ambiental y social

La construcción de un aeropuerto internacional en la zona de Osa, uno de los últimos reductos de bosque tropical en la costa Pacífica de Costa Rica,

ha sido desaconsejada por varias instancias debido al impacto ambiental que tendría allí el desarrollo del megaturismo al estilo de Guanacaste.

El propio Ministro de Turismo, Carlos Ricardo Benavides, aseguró que “difícilmente se podría atraer a una significativa cantidad de aerolíneas si no existen suficientes unidades de hotel como para albergar un importante número de personas” (La Nación, 10-09-2010). Esto implicaría replicar en la zona sur el modelo turístico que se ha venido implementando en Guanacaste a partir del aeropuerto de Liberia.

En el caso de Osa, se pondría en peligro el Humedal Térraba Sierpe, área protegida que genera beneficios y servicios ambientales valorados entre los $250 millones y $2.500 millones según la organización Earth Economics (Semanario Universidad, 10 -11-2009). La pista del eventual aeropuerto estaría a unos 4 kilómetros del humedal, lo que implicaría un impacto directo de descensos y asensos de aviones a las aves que éste alberga. Además, la obra sería construida dentro de un área de inundación y de gran valor arqueológico, Valle del Diquís.

También se aceleraría la destrucción de la fila costeña de Osa para albergar  megaturismo y proyectos inmobiliarios; una fila que ya está siendo altamente impactada, según lo ha señalado el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA). Del 2008 a la fecha, el TAA interpuso 65 medidas cautelares a diferentes proyectos turísticos e inmobiliarios por los fuertes impactos ambientales en las montañas de la Fila Costeña y la Península. Recientemente, el Tribunal dio a conocer el Informe Especial “Osa: un tesoro en peligro”, donde incluye 60 casos en investigación por: afectación de manglares, afectación de recursos hídricos, cambio de uso del suelo, numerosos caminos en áreas de bosque, proyectos que invaden zonas de protección, gran cantidad de planteles para construcción y movimientos de tierra para lotificación y desarrollos inmobiliarios, así como la tala y envenenamiento de árboles a fin de eliminarlos para establecer construcciones o para obtener mejores vistas.

Asimismo, entre 1997 y 2008 se dieron 87 denuncias ambientales y cuatro informes de la Contraloría General de la República, sin que el Municipio ni el Minaet actuaran para revertir esta tendencia. Más bien, en el 2007 la Municipalidad de Osa otorgó 406 permisos nuevos de construcción, lo que representó un aumento del 202% en el número de construcciones con respecto al año anterior. Este aumento se concentró en el litoral costero y en las filas montañosas del sector norte del cantón, que termina extinguiendo los corales del Parque Marino Ballena (Consejo Universitario UCR, 2008). Mientras en la Fila Costeña, de 33 planteles de construcción, 25 se encuentran en suelos catalogados de protección o de uso muy limitado (Estado de la Nación, 2008).

Socialmente, la obra implica el desalojo de 40 familias que viven hoy en finca 9 y que, tras más de 20 años en esta finca, poseen derecho de posesión. Además, unas 11 comunidades que viven directamente del humedal Térraba-Sierpe podrían resultar impactadas.

Sin atender consejos y sin estudios de impacto

En abril de este año la organización Centro Para el Viaje Sostenible (Crest) presentó un exhaustivo informe sobre “Impacto del Desarrollo Asociado al Turismo en la Costa Pacífica de Costa Rica”. Este estudio, realizado en conjunto con la Universidad de Stanford, analiza el rol del aeropuerto de Liberia en consolidar el mega turismo en Guanacaste y recomienda rechazar la posibilidad del aeropuerto en la Zona Sur. Aseguran que “el boom del turismo residencial y costero de resorts entre 2002 y 2008 fue traído por una infraestructura financiada por el gobierno, en especial el aeropuerto de Liberia y las concesiones del Proyecto de Papagayo”.

La organización advierte que abrir un aeropuerto en una región como Osa “con poca reglamentación, limitados recursos gubernamentales y poca planificación o control podría fácilmente llevar a los mismos efectos negativos que vemos en Guanacaste”.

Este aeropuerto ha sido lanzado por dos gobiernos anteriores y los estudios técnicos realizados por la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) han sido rechazados dos veces debido a que carecían de una detallada evaluación de los impactos ambientales del aeropuerto sobre el humedal Térraba-Sierpe.

Algunas de las razones expuestas y muchas otras llevaron a un grupo de organizaciones ambientales y turísticas, a ONGs y universidades a solicitar que no se firmara la Declaratoria de Interés Público hasta no hacer un estudio profundo de los impactos y sopesar los beneficios del proyecto (ver documento). Estas recomendaciones nunca tuvieron respuesta por escrito, pero en una reunión con un representante de Aviación Civil se aseguró que el Ministro de Transportes no firmaría este decreto hasta no tener un estudio ambiental detallado, además de planes para el turismo y para la gente desplazada.

Incluso, en setiembre de este año, el Viceministro de Transporte Aéreo y Marítimo, Luis Carlos Araya, aseguró que un aeropuerto en la península de Osa era inviable por la falta de fondos, y propuso “adaptar a los parámetros internacionales las instalaciones del actual aeródromo de Palmar Sur a un menor costo” (La Nación, 10-09-2010).

Sin embargo, ahora el gobierno insiste en esta Declaratoria de Interés Público, sin estudios y a contrapelo de numerosas recomendaciones. ¿Qué intereses hay detrás? Desde siempre, la fragilidad y riqueza ecológica de Osa han generado la mayor de las admiraciones y deseo de explotación. En la historia ambiental de la zona destacan los conflictos por la tenencia de la tierra, minería de oro, presencia de transnacionales bananeras o forestales, instalación de marinas, construcción de granjas atuneras y, actualmente, el desarrollo inmobiliario turístico o residencial. Ahora, se intenta imponer un mega-aeropuerto en Osa cuyos efectos ambientales y sociales se vislumbran negativos.