Por Nicolás Boeglin. El finaciero opinión sobre el editorial anterior. Rectitud y buen juicio Edición 743.

En diciembre del 2008, el Consejo Universitario de la UCR exhortaba al Gobierno y a las municipalidades “a declarar una moratoria a la expansión piñera”. Se alertaba sobre la urgencia de frenar la expansión iniciada en el 2006, cuando Costa Rica contaba con 23.000 hectáreas de piña; hoy, según Canapep, serían 42.000 hectáreas .

Pero en una reciente entrevista en San Carlos Al Día, el coordinador del programa de la piña del MAG dijo que son más de 54.000 hectáreas. Otra disonancia: mientras el presidente de Canapep habla de 23.000 empleos directos generados, datos de Comex se refieren a 7.000 puestos de ese tipo.

“Hay una falta de parámetros para cuantificar y controlar el impacto de la actividad”.

Esta falta de parámetros fidedignos para cuantificar y controlar correctamente el impacto de esta actividad no proviene solo del MAG o de Trabajo: también del Min¿a?et y de Salud, sistemáticamente condenados por la Sala IV en recursos de las comunidades.

Desde julio del 2007, 6.000 personas están obligadas a tomar agua de cisterna en Siquirres a un costo de $27.000 mensuales para el AyA, debido a la contaminación de los acuíferos, claramente advertida por el IRET (UNA) en el 2004, sin que nadie indemnice a nadie. Las pérdidas de finqueros afectados por la proliferación de la mosca hematófaga (anunciada desde el 2003 por Senasa) conocen exactamente la misma suerte. El mismo padrón de expande ahora en San Carlos.

La moratoria no impide que dentro de las hectáreas ya sembradas, empresarios rectos y con buen juicio busquen nuevas modalidades de producción. Eso sí, en estricto apego a la legislación ambiental, evitando afectar acuíferos y la prodigiosa biodiversidad de Costa Rica.