Fuente: Revista Surcos

Los abajo firmantes todos/as habitantes del valle de Sixaola reclamamos y exigimos al Estado costarricense el respeto a nuestros derechos constitucionales en relación a la tenencia de nuestras tierras ubicadas en la franja fronteriza al sur del país.

Considerando:

* Que funcionarios del IDA han iniciado un proceso de desalojo solapado a los campesinos/as ubicados en el Valle de Sixaola, ofreciendo arriendos sobre las tierras que hemos ocupado por más de treinta años y sobre las cuales muchos poseemos títulos de propiedad otorgados por la misma institución. Otros están en proceso de adquirir sus títulos, teniendo ya derechos adquiridos al permanecer por más de diez años quieta y pacíficamente en sus parcelas.

* Que dichos funcionarios se amparan en la ley N° 2825 del 14 de octubre de 1961, de Tierras y Colonización, en el artículo 7 inciso f y su reglamento autónomo de arrendamientos en franjas fronterizas aprobado el 28 de abril del 2008.
* Que con estas acciones violentan derechos constitucionales de nuestros pobladores ya que el artículo mencionado excluye claramente “las tierras que estuviesen bajo el dominio privado”. Que estas tierras están han estado bajo el domino privado desde el año 1906, cuando el mismo gobierno otorgó títulos de propiedad a empresas bananeras de esa época.
* Que nuestras tierras fueron segregadas de escrituras de la PAIS S.A., abonos orgánicos S.A. y otros que el IDA compró, no expropió, las tierras que la empresa PAIS. S.A- tenía abandonadas.
* Que existen otros títulos de propiedad otorgados antes de la ley de 1961.
* Que el artículo 34 de nuestra constitución política plantea que “a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona, o de sus derechos patrimoniales adquiridos o de situaciones jurídicas consolidadas”.
* Que tenemos evidencia de que nuestras propiedades han sido inscritas en el registro de la propiedad. Títulos otorgados por el IDA, y sobre los cuales existen amenazas de que se anularán, violentando nuestro derecho constitucional que dice que nuestra propiedad es inviolable.
* Que la constitución política establece en el artículo 50 “que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza y que la familia, como elemento natural y fundamento de la sociedad, tiene derecho a la protección especial del Estado”.
* Que nuestro país firmó la convención de los derechos de la niñez y la adolescencia, donde se plantea que: “Será obligación general del Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas, presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plena efectividad de los derechos fundamentales de las personas menores de edad y que en la formulación y ejecución de políticas, el acceso a los servicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente el interés superior de estas personas. Toda acción u omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los derechos fundamentales de esta población.
* Que la convención de los derechos de la niñez y la adolescencia tiene un rango superior a las leyes.
* Que por medio del Código de la Niñez y la Adolescencia, Ley 7.739 vigente desde el año 1998, el Estado protege a los niños, niñas y adolescentes (Art. 13). El Código establece además, que la Procuraduría General de la República debe garantizar el cumplimiento de los derechos definidos en la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 110).

Exigimos:

* Que se reconozcan nuestros legítimos derechos de propiedad en esta zona fronteriza como se respetaron los de las compañías bananeras.
* Que se respete los derechos de nuestras familias, hijos e hijas, como lo plantea el código de la niñez y la adolescencia y nuestra constitución política.
* Que el Estado se preocupe por el mayor bienestar de los habitantes de esta parte del país garantizándole la seguridad sobre sus tierras, y estabilidad para las familias.
* Que el Estado de protección especial a nuestras familias, así como lo hizo con las compañías bananeras.
* Que se considere la situación de inseguridad que produce a nuestras familias a nuestras mujeres y niños la firma de un arriendo por 5 años y con las condiciones planteadas en el artículo 45 del reglamento de arrendamiento.
* Que se respete la jerarquía de los convenios internacionales firmados por nuestro país en relación a la familia, la niñez y la adolescencia.
* Exigimos la emisión de los títulos de propiedad de las familias que aún están pendientes desde el 2001, para establecer el derecho de trato igualitario para todos/as.
* El retiro de toda iniciativa que implique la imposición de un arrendamiento bajo la intimidación y chantaje de la que han sido víctimas nuestras familias.

De lo contrario procederemos a realizar las denuncias a las instancias correspondientes para restablecer nuestros derechos constitucionales.

Frente de lucha Talamanca Unida