Allan Astorga Gättgens Exsecretario General de SETENA, geólogo, especialista en Evaluación Ambiental en diarioextra.com
Con la visita en días recientes, de dos expertos brasileños en temas de torres y antenas de celulares, algunos consideran que el tema ya queda cerrado, y que, en principio, no hay más que reclamar porque “todo está bien”. Recordemos que tuvimos visita de expertos de las Naciones Unidas del mismo país para hablarnos en la radio de minería química a cielo abierto durante una vista en la Sala Constitucional. Y que más recientemente, en un doloroso tema, expertos de la OPS vinieron a diagnosticar lo que se sabía desde hace mucho sobre la CCSS. Muchos expertos internacionales para resolver problemas nacionales que debemos solventar nosotros y que nos incumbe remediar como país y sociedad.
En realidad, para volver al tema de la torres, nada está resuelto y la serie de cuestionamientos que se han planteado se mantienen e incluso se incrementan.
El tema de salud: De acuerdo a lo referido por esos expertos (cuya “conveniente” presencia en el país no ha quedado claro; ni tampoco quién los trajo y con qué fin), no hay estudios científicos que demuestren que las radiaciones no ionizantes producidas por las antenas para telefonía celular produzcan efectos en la salud de la personas. Como dijo uno de ellos, incluso el sol es más peligroso, algo que cualquiera que ha estado más de una hora al sol lo sabe. No obstante, el problema es otro.
Primero que todo, es importante aclarar que numerosos estudios han detectado efectos biológicos por las emisiones de antenas celulares a muy bajas potencias: incremento de casos de leucemia y otros cánceres, disminución de la melatonina (insomnio y sus consecuencias), incremento del cortisol (estrés y sus consecuencias), dolores de cabeza, depresiones, problemas de conducta, deterioro de sistemas nervioso e inmunitario, pérdida de fertilidad en varones, reducción del epitelio amniótico, ruptura de la barrera sanguínea cerebral, formación de micronúcleos celulares (ADN aberrante), etc.
Y aunque estos estudios puede ser que no sean concluyentes, debido a que no cubren un rango de tiempo amplio para ser determinativos, al menos dejan planteada una duda razonable que, por si sola debería ser criterio suficiente para fijar reglas claras y factores de seguridad, que protejan la salud de la población, no solo de los seres humanos, sino de otros seres vivientes sensibles como muchos tipos de mascotas que también habitan nuestras casas. Si países mucho más desarrollados que el nuestro, con mayor capacidad de fiscalización y más capacidad técnica, han optado por determinar hasta 400 metros de retiro alrededor de estas torres en zonas con alta densidad poblacional, nos resulta difícil entender que no se tomen medidas similares y se deje colocar estas torres frente a escuelas, barrios residenciales, colegios y demás.
El hecho de que se diga que las emisiones de las antenas radiantes y los mismos celulares son iguales o menores que las radiaciones que producen los hornos microondas, la radio o la televisión, lejos de tranquilizarnos, debería preocuparnos en la medida en que el efecto acumulativo, o de suma, se incrementa. Razón por la cual, hasta la misma Organización Mundial de la Salud (OMS) define el término de “estrés electromagnético” y establece medidas para prevenirlo.
En el tema de salud, un número importante de países como Suiza, Rusia y Australia, entre otros, en razón de esa duda razonable, han preferido alejarse de los mínimos establecidos por la OMS y han establecido regulaciones mucho más estrictas. Y no es que en esos países no quieran el servicio de telefonía celular, lo tienen y funciona bien, la única diferencia es que han sido más precavidos para proteger la salud de su población. ¿Por qué en nuestro país no hemos tenido la oportunidad de discutir si eso es lo que queremos o no? ¿Por qué se nos ha impuesto ajustarnos a una norma que no todos aceptan?
Más que salud. En nuestro país este tema trasciende el ámbito de la salud, sino también el del respeto a la legislación y en particular a las personas, el tema paisajístico, de urbanismo, y más generalmente, de calidad de vida de nuestra gente. En artículos previos, algunos de hace más de un año, hemos hecho la advertencia de que el procedimiento seguido para otorgar la Viabilidad Ambiental a la torres y antenas celulares por parte de la SETENA fue incorrecto y, por tanto, incompleto, respecto al cumplimiento de la legislación vigente y al proceso de participación pública que esta establece.
Como se ha señalado, al solicitarse un instrumento de evaluación ambiental, muy simple, se obviaron requisitos clave, entre ellos la posibilidad de que durante la elaboración de dicho instrumento se hiciera una consulta a los vecinos del sitio seleccionado, de manera que estos se enteraran a tiempo y pudieran tener la oportunidad de plantear sus consultas y observaciones de previo a la aprobación. Al no hacerse esto, se incumplió con la Ley Orgánica del Ambiente y con una recomendación expresa de la misma OMS, que indica que el sitio debe ser discutido con los vecinos y la municipalidad.
Nada de esto se hizo, por eso hoy surgen grupos numerosos de vecinos molestos con la colocación de una torre o una antena, pues nunca fueron advertidos como manda la ley. Hemos visto recientemente padres de familia, maestros y alumnos frente a su escuela defendiendo el derecho a no tener una torre "sembrada" en su frente, y lo vamos a seguir viendo si nada se hace. Esta severa omisión debe ser enmendada, una a una para cada propuesta de torre o antena que hoy quiere desarrollarse.
Como se ha dicho también, al perderse la oportunidad de que la SETENA fijara, de manera participativa y consultada, las reglas técnicas y ambientales para la selección del sitio, para la construcción y para la operación por hasta 15 años de forma ininterrumpida de las torres y las antenas, lo que ha sucedido después ha sido una cadena continua de yerros sobre yerros, todos con un común denominador: justificar “que todo está bien y que no hay problema”.
Insuficientes y contradictorias. El punto es que entre las soluciones parciales desarrolladas con posterioridad de las 2.500 viabilidades ambientales otorgadas por la SETENA desde el 2009 (contra tan solo 300 a 400 entre el 2005 y el 2008), como el reglamento de FEMETROM -que obvió el tema de las antenas radiantes, concentrándose solo en las torres que son el elemento inerte-, el reglamento del Ministerio de Salud -con sus muy tolerantes niveles de emisión- o las “buenas prácticas” de SUTEL, resultan insuficientes, e incluso, en algunos casos contradictorias entre sí, debido a que tratan de justificar un sinsentido, que fue la forma en que la SETENA no estableció reglas, sino que dejó que fuera el desarrollador de la antena y la torre el que “justificara por qué el sitio seleccionado”, lo cual a todas luces obedecía a un asunto de red y de costos (los más bajos posibles) de alquiler de la propiedad.
De esta manera, un tema que en otros países han sabido organizar y programar mejor, para fijar reglas claras para todos desde el principio, en nuestro país, debido a un error de raíz cometido por la SETENA, se ha convertido en un enorme árbol de problemas y conflictos, que lejos de resolverse se está complicando cada día más.
Adicionalmente a ello, se está dando el problema del efecto de estas torres sobre el paisaje, la calidad de vida de un vecindario y la belleza natural que lo rodea, con la consiguiente devaluación que nadie está dispuesto a sufrir. Varios residenciales en partes semi altas o altas ven ahora la vista paisajística (principal atractivo a la hora de comprar un terreno) interrumpida por una torre. ¿Quién se hará cargo de compensar la pérdida del valor del terreno debido a estas torres?
La solución no es decir que todo está bien y que no hay por qué preocuparse y traer a expertos y consultores internacionales cuando las autoridades se muestran incapaces de responder a estos cuestionamientos. Eso no ha sido suficiente, ya que la confianza en las autoridades se ha socavado, precisamente por la forma en que han actuado en esta materia. Como ya lo hemos visto en muchos otros ámbitos, han privilegiado el interés de fuertes grupos económicos sobre los derechos de las comunidades y han vaciado de contenido la legislación ambiental vigente.
Urge establecer soluciones claras, con la participación de todas las partes. Algo que nuestras autoridades ignoran convenientemente.
