Es evidente la falta de compromiso del Estado con la protección del ambiente

Nicolas Boeglin Profesor, UCRen la nacion.com

La prodigiosa biodiversidad de Costa Rica, mundialmente reconocida, reposa sobre un territorio con suelos vulnerables a la erosión, como la mayor parte de los suelos tropicales, y con costas sensibles a la contaminación telúrica. El peculiar relieve accidentado del país y su régimen de precipitaciones, limitan sustancialmente el desarrollo de ciertas actividades.

Hoy, por ejemplo, una cantidad igual o incluso menor de agua llovida causa estragos en partes bajas de cuencas en la zona norte, o en cantones heredianos. La tragedia del 2010 ocurrida en calle Lajas, constituye una clara advertencia. El colapso de la mina de Bellavista de Miramar (octubre del 2007) advierte de las limitaciones de las “garantías técnicas” de unos que quedaron plasmadas en mayo del 2005 ante la Sala Constitucional (voto 5790-2005) y evidencia la incapacidad de las autoridades, a casi 4 años de ocurrida, de realizar un diagnóstico sobre los efectos de esta anunciada catástrofe ambiental.

Mientras los diagnósticos sobre cambio climático vaticinan entre 30 a 40% menos de precipitaciones en Guanacaste en los próximos años, un hotel de 701 habitaciones en playa Matapalo es inaugurado y ya se anuncia el inicio de una segunda etapa (con 530 habitaciones), sin hablar de varios megaproyectos turísticos que florecen por doquier en Guanacaste al margen de la legalidad y ante autoridades poco hacendosas. Mientras estudios de la UCR indican que desde el 2002, Costa Rica perdió el 50% de sus monos, asistimos a una expansión piñera sin precedentes en frágiles zonas de alta biodiversidad.

Llevamos más de 4 años con 6.000 personas tomando agua de cisternas en El Cairo y Milano de Siquirres, a un costo estimado de 27.000 dólares mensuales, sin que el Estado haya iniciado acción alguna contra las empresas contaminadoras anunciada por el titular del AyA ante los medios (La Nación, 16/07/2007).

Un pesado silencio de las autoridades a un artículo del Dr. Allan Astorga (La Nación, 11/05/2011) pareciera indicar que ni el MIN(a?)ET, ni SENARA ni el MAG han elaborado en estos años protocolo alguno para evitar que este tipo de tragedias se repita en otras regiones del país. Llevamos más de 3 años con una sentencia de la Sala IV, exigiendo a las autoridades amojonar la zona inalienable decretada visionariamente en 1888, sin que ello se haya concretado aún.

Advertencias del Estado de la Nación. En el 2008 (Informe XIV) alertaba de que “Costa Rica llegó a una situación límite en materia de gestión ambiental, siendo esta condición crítica en cuanto al ordenamiento territorial” (p. 217). Un año después (el Informe XV) advertía que “Costa Rica exhibe un ritmo en la demanda por los recursos naturales mayor que la capacidad de su territorio para satisfacerla”.

Además, un señalamiento inequívoco al Estado, en particular al Ejecutivo, el cual “ha dejado de ser el mediador entre entes privados y comunidades y ha pasado a ser el generador de conflictos por decisiones tomadas sin diálogo” (p. 207). Y en su último informe, destaca claramente que “la evidencia recogida (...) indica que (...) las autoridades políticas priorizaron la actividad económica por encima de los requerimientos de la sostenibilidad y el cuido de la riqueza natural del país” (XVI Informe, p.171).

En relación con el papel del Estado como generador de conflictos, y no de regulador, un discurso presidencial en San Carlos de octubre del 2010 pareciera indicarnos que algunos están tentados por instigar la violencia contra grupos, comunidades y organizaciones que defienden el ambiente.

Estos últimos, y las comunidades afectadas, presentan recursos ante los tribunales. Exigen moratorias (para el desarrollo inmobiliario en Guanacaste, para nuevas plantaciones de piña, para el otorgamiento de permisos de uso y de construcción en la ZMT en Osa y Golfito). Pero estas demandas encuentran poco eco ante un parco aparato estatal, que pareciera incapaz de aprender lecciones de sus propios yerros.

Un polémico decreto de conveniencia nacional heredado de la administración pasada pudo ser derogado, mas no lo fue. En materia de ordenamiento territorial en la GAM, la incorporación de la variable ambiental no se implementa aún y los especialistas advierten de que estamos ante una verdadera “fórmula perfecta para el desastre” (Allan Astorga, La Nación, 14/10/2010). Un sitio Ramsar como Caño Negro se desangra en la mayor impunidad, rodeado de batallones de empresas piñeras. Las tomas elocuentes de un reciente documental de la UNED no parecen preocupar mayormente al MIN(a?)ET.

La Ley Orgánica del Ambiente (LOA) caracteriza claramente que el daño ambiental no es cualquiera, al precisar que: “constituye un delito de carácter social, ('), económico ('), cultural ('); y ético porque atenta contra la existencia misma de las generaciones presentes y futuras “(art. 2 inc. e). La LOA cumplió sus 15 años en octubre pasado en el mayor silencio por parte de las autoridades; las cuales, de igual manera, “celebraron” en un pesado silencio el pasado 22 de mayo, el Día de la Biodiversidad.

El pasado 5 de junio, Día del Ambiente, el silencio se hizo aún más pesado, pese a modestos toldos de entidades estatales colocados en el paseo Colón.