Grupos ecologistas de Miramar alertan sobre una nueva emboscada minera que fragua la empresa canadiense B2Gold a través de su subsidiaria Metales Procesados MRW S.A., empresa a cargo de la Mina Bellavista y su representante el ingeniero forestal Donald Brown Pérez, al pretender aprovecharse del esfuerzo de los participantes de la Caminata por lo Nuestro, aprestándose a recibirlos en las instalaciones mineras.

Esta Caminata arrancó en el Estadio Nacional el día 11 de julio y estará llegando a Miramar, el sábado 16 de julio; luego de recorrer 120 kilómetros de distancia, exigiendo la cancelación de la concesión a la empresa minera, la aprobación de la Ley de Territorios Costeros Comunitarios y la renegociación o rescisión de la concesión de Autopistas del Sol.

En ese comunicado, la empresa hace gala de una “total transparencia” y “apertura al diálogo”, olvidándose de la política de “puertas cerradas” y “forma inconsulta y prepotente”, en la que manejaron y siguen manejando la operación minera hasta el día de hoy.

Resulta inconsistente que la empresa señale que “mina Bellavista se encuentra estable”, cuando siguen los movimientos de tierra que se pueden observar en fotos tomadas en junio 2011 y que no pueden ser ignoradas, dijo Amanda Villalobos, vecina de Miramar.

La actitud de la transnacional canadiense, ofende la inteligencia del costarricense, por cuanto al referirse al acatamiento del “orden legal” y “cumplimiento de las normas ambientales”, hace gala del contubernio con las autoridades ambientales, señaló Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar. La ecologista fue enfática en decir, que contrario a lo que dice la empresa minera, existe “incumplimiento de la legislación nacional, por cuanto la empresa TETRA TECH, responsable de la auditoría ambiental que no identificó daños ambientales en Bellavista, resultó vinculada con empresas que propusieron el modelo de mina que colapsó en octubre 2007.”

Por su parte, Víctor Arce, integrante del Grupo Montes de Oro Sustentable, indicó que “Metales Procesados MRW. S.A. es una empresa acogida al régimen de zona franca que aunque ofreció pagar todos los impuestos, no lo hizo.”

“No solo incumplió su palabra, sino que violó leyes de zona franca, al sacar sin autorización maquinaria y equipo tenido en garantía por el gobierno de Costa Rica”, indicó el también ex regidor, quien señaló además, “muchos de los vehículos comprados bajo zona franca, fueron sacados del país, y de los que quedaron acá hoy se utilizan en actividades desvinculadas de la actividad minera. “

Varios grupos ecologistas, vecinos y vecinas, se preparan para acompañar y recibir a los caminantes en una celebración comunitaria en la que la empresa minera no tiene participación ni es bien recibida.