Editorial del programa de Radio Voces y Política, 13 de octubre del 2021

Desde inicios del dos mil- o sea casi 20 años- el sector agrocorporativo y sus aliados en el Estado han intentado aprobar una ley de semillas para beneficio del sector agroindustrial de producción y las transnacionales de comercialización de semillas.

Hace un año que hicimos un programa sobre el proyecto de bajo que en ese momento tenía el título: “Ley sobre la Producción y control de calidad en el Comercio de semillas” expediente 21087, paso un año y nuevamente buscando el diciembre y los tamales se quiere aprobar esta iniciativa ahora bajo un texto sustitutivo nombrado como “ley para la modernización de la oficina nacional de semillas”.

Estas iniciativas de ley tienen implicaciones para la agricultura campesina e indígena, así como para el cumplimiento de las obligaciones del país en el marco del Tratado de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura de la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la “Declaración de los derechos campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales” de las Naciones Unidas votada favorablemente por Costa Rica el 20 de noviembre de 2018.

Decíamos -hace un año- que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) casi el 90% de las semillas que utilizamos en Costa Rica no están sujetas a mecanismos de certificación, o sea que la gran mayoría semillas son variedades locales, nativas y criollas.

Señalábamos también que ese texto fue construido sin ningún tipo de participación de organizaciones campesinas, ecologistas o indígenas, y tampoco ha sido consultado a representantes de estos sectores como parte de su trámite legislativo. ¿Nos preguntamos si al cabo de un año alguno de esos sectores fue debidamente consultados?

Por su lado la Red de Mujeres Rurales mediante una carta enviada 2020 a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa decía que este proyecto de ley “no parte de una visión integral de la agricultura y el papel de la diversidad de las semillas”. Para ellas “quien controla las semillas controla la agricultura, controla la producción de alimentos y controla la alimentación del mundo y concentra el poder.”

Según la Oficina Nacional de Semillas en nuestro país el negocio de importación de simientes o semillas reporta transacciones de hasta USD$ 36 millones anuales repartidas entre 104 empresas con permisos para vender semillas certificadas, pero solamente 8 compañías controlan el 53% de todas las variedades disponibles comercialmente.

En mayo del presente año La Red de Mujeres Rurales con el apoyo legal del Frente Amplio ganó el juicio contra el Decreto Ejecutivo No. 40300-MAG que pretendía restringir el libre uso y comercio de semillas tradicionales, locales y criollas.

El Tribunal Contencioso Administrativo declaró la nulidad absoluta del Decreto Ejecutivo ordenó al Poder Ejecutivo a «cumplir con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, con los artículos 82 y siguientes de la Ley de Biodiversidad y proceder a consultar previamente el criterio de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre cualquier disposición normativa susceptible de afectar el uso de variedades locales, tradicionales y criollas de la biodiversidad, incluidas las semillas».

El decreto pretendía abrir un portillo para que las semillas criollas deban inscribirse en un registro de previo a legalizar su comercialización. Sin dicho registro, no se permitiría realizar actividades con fines de lucro, abriendo paso a la industria de las semillas y desplazando las prácticas tradicionales.

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