Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 21  de julio, 2021

 Cada vez más generalizado es el sentimiento de que la centenaria democracia costarricense está en crisis.  No cualquier crisis si no una septicémica. La septicemia es “una afección que pone en riesgo la vida que se da cuando la respuesta del cuerpo a una infección provoca daños en sus propios tejidos.” (https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/sepsis/symptoms-causes/syc-20351214). 

Dos afecciones, entre otras, son ejemplo de esta crisis.  La corrupción en el sector de construcción de obra pública vial “El Caso Cochinilla” y el estado actual del sistema de Educación Pública.  Las fuentes de las afecciones son distintas pero ambos casos muestran la errática ruta por la que camina hoy nuestra democracia. 

El sector de infraestructura pública vial es estratégico en cualquier sociedad y está ligado directamente al desarrollo humano de un país. 

La alevosía con la que han actuado intereses privados en complicidad con funcionarios públicos da cuenta de un formato de hacer negocios y obtener ganancias que nos aleja de cualquier paradigma democrático y redistributivo.  Es un insulto que golpea en la cara al pueblo contribuyente puesto que el caso demuestra que ese sector de construcción de carreteras cree que no merecemos sistemas de vías de comunicación de calidad sino todo lo contrario rutas cuya pésima infraestructura son un lastre pesado en las espaldas del pueblo trabajador y exorbitantes ganancias para unos pocos.  

El circulo realmente es perverso.  Cerrar las plantas de producción de asfalto que tenía el MOPT, provocar un pseudomonopolio de producción de mezcla asfáltica privado y condicionar contratos a su uso prácticamente exclusivo.  

Precios, costos y calidad cobrados con absoluto menosprecio a la dignidad de un pueblo que cree en la democracia.  

Una red de influencia que ha vuelto en un espejismo tenebroso el sentimiento de euforia que provocaba ver la continua construcción de obra pública vial y su impacto positivo en la recuperación económica postpandémica.

 Ya se ha dicho en programas anteriores. En el caso del tipo de corrupción que va develando el expediente del caso Cochinilla y desde antes los papeles de Panamá, muestra la red de influencia de los grupos empresariales sin escrúpulos de este país.  No solo se ganan contratos amañados, sino que también se eluden ganancias y se evaden impuestos. Se erosiona, de esta manera, la noria del desarrollo.  Muchos de estos contratos son financiados con endeudamiento cuyos pagos e intereses tardan generaciones en ser cancelados.  

De nuevo no se puede generalizar enunciados para todo el sector empresarial de este país, especialmente para la micro, pequeñas y medianas empresas que en este momento están tratando de sobrevivir, se han resistido a cerrar y despedir personal.  

Desde este espacio hacemos un llamado al empresario honesto, que paga impuestos, que paga salarios justos, transparente que cree en la democracia y en el Estado Social de Derecho y que compite en este mercado asimétrico para que denuncie y proponga un modelo de desarrollo justo y equilibrado como antibiótico para que pare el avance de esta infección.

El silencio positivo es oprobioso y cómplice.  Distraer a la opinión pública pretendiendo ocultar responsabilidad solo involucrando a los funcionarios públicos corrompidos por los intereses privados es temerario.  Donde hay un corrompido hay un corruptor. 

Luchar por la honestidad en la entrega de servicios públicos de calidad es un principio irrenunciable en una democracia como la costarricense. El hoy tan vilipendiado empleo público también debe honrar el servicio público denunciando a todo aquel funcionario que participa o planea malversar los fondos públicos del pueblo costarricense.  Está claro que también el sector público debe aplicar un antibiótico en esta infección.

La otra afección es la crisis en la que va cayendo gradualmente el sistema educativo publico de este país.  Si ya desde antes de la pandemia se venían haciendo señalamientos desde instancias con el Informe del Estado de la Educación, la crisis sanitaria ha profundizado los defectos y limitaciones de la respuesta educativa publica y la ha traslado muy lejos de lo que otrora fuera un sistema justo, de calidad universal y democrático.

La crisis pandémica va expulsando poco a poco a personas del sistema educativo.  Desde preescolar hasta universitaria.  La Educación Pública Nacional está en crisis.  Está perdiendo calidad y rumbo con velocidad.  Hay que superar los titubeos iniciales de la virtualización y realmente convocar a un esfuerzo nacional por dar una respuesta democrática, ajustada a la época, a la tecnología y necesidades de un pueblo que demanda capacidades y competencias renovadas y transformadoras.  La educación es un derecho humano cuya condición así establecida en la constitución política parece arrebatársele al pueblo. 

No desconocemos los esfuerzos que se han hecho a través de la red de instituciones escolares públicas por repartir alimentos a una gran cantidad de personas.  Debería haber un esfuerzo por sostener becas y apoyos que detengan la expulsión de estudiantes del sistema.  También se reconocen los esfuerzos por nivelar la pedagogía y tratar de facilitar acceder a la red.  Pero no es suficiente.  El paradigma venía cambiando desde antes y hoy es una impronta.  

Una declaratoria de Emergencia del Sistema de Educación Pública es urgente.  Desde el CONARE se debería convocar a esta cruzada nacional que retome la visión estadista que otrora caracterizaba las decisiones educativas.  Sector Público y Privado deberían guardar las banderas y enfrascarse en una verdadera campaña por el rescate de las personas de esta nueva generación perdida. Esta recuperación y renovación del sistema educativo público y democrático podría tardar años por lo que es necesaria una acción inmediata.  Dejemos de ver el pasado y empecemos a ver el futuro. 

La revisión debe ser estructural: Malla curricular en todos los niveles, Psicopedagogía, Tecnología, Paradigma, Modelo Productivo, acceder democráticamente a las TICs, entre otros, solo para imaginar la envergadura de esta tarea que parece urgente iniciar.  

No se debería escatimar esfuerzo de inversión en salud y educación si de verdad se quiere recuperar la economía y la salud de este maltrecho sistema democrático.