Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 23 de junio, 2021

Aún resuenan los casos sonados del Fondo de la Comisión de Emergencias en la administración Monge Álvarez o la quiebra del Banco Anglo en la administración Figueres Olsen.  Recuerdan los casos Caja-Fishel o ICE-Alcatel. Tal vez el Cementazo. O quizás estén resonando aún las denuncias e investigaciones sobre los vínculos del Bufete Mossack Fonseca con Empresarios, Empresas, Bufetes Prestigiosos y Políticos de nuestro país. Los denominados Papeles de Panamá. O como llegan los tentáculos de la Empresa Brasileña Oderbrecht a nuestros círculos empresariales y políticos.  Un cuadro de difícil digestión que incluso nos puede causar nauseas.

Las relaciones entre empresarios, agentes corruptores y funcionarios públicos corrompidos es una enfermedad, lastimosamente, que carcome el erario público.  El semanario Universidad dibujó muy bien la trama con la metáfora de la puerta giratoria.  Exempleados de empresas privadas nombrados en instituciones públicas y exempleados públicos nombrados en empresas privadas.  Eso que podría ser normal en un concurso de antecedentes, un manual de puestos, una contratación profesional, todo bajo criterios legales según la normativa vigente, se USA para corromper y generar enriquecimientos ilícitos. 

 Y es que la democracia pierde calidad, se devalúa con estos actos. El futuro de las generaciones de miles de costarricenses se ve limitada, sino hipotecada, cuando se usan de manera indebida recursos públicos limitados o escasos. La concentración de la riqueza en manos de unos pocos ya de por si implica un crecimiento de la miseria y una limitación a los programas sociales.

 Pero el egoísmo y obsceno deseo de obtener ganancias, sea mediante elusión o evasión o mediante el tráfico de influencias y la compra de voluntades es realmente un acto despreciable que implica menos salud pública, menos escuelas, menos servicios de calidad, menos empleos de calidad, menos apoyo al campesino o micro emprendedor,  precarización de las condiciones de trabajo, menos viviendas de interés social, menos redes de cuido, menos posibilidades de lograr una sociedad justa, democrática, equitativa y de bienestar compartido. ¿Cuánto le cuesta en el mediano y largo plazo esta forma de hacer negocios y obtener ganancias de ciertas empresas a una sociedad como la nuestra? ¿Cuánto representa esto en el PIB? ¿Cuánto podría disminuir el déficit fiscal?  ¿Cuánto una sociedad pierde por no hacer un justo proceso de redistribución de la riqueza?

No se puede generalizar un estigma de odio sobre todos los empresarios o sobre todos los funcionarios públicos. Existen trabajadores honestos, emprendedores y con mística.  Son la mayoría.

Pero tampoco se puede desconocer el egoísmo sin límite y el insaciable deseo por erosionar la calidad de los servicios públicos para luego proponer privatizar instituciones o “volver” más eficiente el empleo público.  Se nos están yendo por el retrete los logros de bienestar que hicieron que este país pudiera ingresar, por ejemplo, a la OCDE o que una niña de playa Coyote pudiese llegar a ser un Ingeniera.

 El caso Cochinilla está develando, una vez más, el modelo de país que se le quiere heredar a las futuras generaciones de costarricenses.