Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 12 de mayo, 2021

El 28 de setiembre del 2018, 23 países firmaron el Acuerdo Regional Sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados.

Nuestro país, su política ambiental y su imagen fueron claves para proponer y negociar el acuerdo. De hecho, lleva el nombre del cantón de Escazú donde fue firmado. El pasado 22 de abril (día de la tierra) entró oficialmente en vigor el Acuerdo de Escazú, un con una “extrañeza”: Costa Rica aún no lo ha ratificado.

A pesar de haber sido votado unánimemente en primer debate en Asamblea Legislativa en febrero del 2020, una decisión de la corte constitucional costarricense de agosto del 2020 ordenó retrotraer todo el procedimiento de aprobación. Esta consulta generó un voto salvado de la magistrada Nancy Hernández que nutrió una serie de criterios en contra del acuerdo, que fueron combustible para que las cámaras empresariales iniciarán una agresiva campaña.

El gobierno es responsable del manejo vacilante del Acuerdo de Escazú, generando espacios para el lobby empresarial y transaccional. Estos sectores han retomado los argumentos más retorcidos de las derechas latinoamericanas, donde resucitaron y maquillaron los manuales de la guerra fría, rayando en el ridículo.

El gobierno y el MINAE parece que ya tiraron la toalla y no han salido a defender el acuerdo, dejando que su sector favorito lo destruyera sin ninguna consecuencia o acción contundente para evitarlo.

Pero, ¿Qué es el Acuerdo de Escazú? Es un Acuerdo que vinculan los derechos humanos con la protección del ambiente, que tiene como objetivo el cumplimiento del principio 10 de la declaración de Río, para garantizar en Latinoamérica y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.

El acuerdo de Escazú hace el reconocimiento y genera condiciones de protección para personas defensoras del ambiente pues en su artículo 9 dice que se “garantizará un entorno seguro y propicio”, “medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover derechos” y “medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones”.

Es decir,  obliga a los Estados a investigar y sancionar los atentados, amenazas y acciones directas contra las personas que defienden o interceden por la naturaleza. Aunque no se crea directamente un protocolo específico para estas necesarias obligaciones, pues depende de las posibilidades de cada país.

Aun así, si el Acuerdo estuviera ratificado se podrían actuar con mayor vehemencia sobre las amenazas de muerte que han sido denunciadas sobre 12 personas de pueblos indígenas y 2 defensores de derechos humanos. Estas 14 amenazas son producto de una violencia estructural, que han recibido los pueblos originarios y las personas activistas que acompañan el movimiento de recuperación de los territorios que por ley les pertenecen.

 Pero no son los únicos casos pues una investigación presentada en diciembre pasado, recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país.  La investigación fue realizada por quien escribe y la comunicadora Alicia Casas; posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. En este trabajo sistematizamos 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020,  la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.

No hay ningún esencialismo verde en esta realidad, sí son cifras menores que otros países Latinoamericana, pero queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.

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