Editorial del Programa de Radio Voces y Política,  24 de marzo, 2021

La semana pasada en el marco de la discusión de las mociones de reiteración para el Proyecto de Ley de Empleo Público, el presidente Carlos Alvarado alertó al órgano legislativo sobre su posición de defensa de este proyecto de ley y reafirmó, sin vacilación, la solicitud de votos para que no se saquen a las instituciones cuya autonomía está consagrada en la Constitución (municipalidades, universidades, seguridad social. Este proyecto pone en entredicho, como se ha venido señalando, la razón y definición de este precepto constitucional. Una mayoría de diputados de diferentes fracciones están de acuerdo con el presidente.

El Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia ha hecho un llamado de atención sobre las implicaciones de esta ley para la división de poderes y la noción de independencia y atomización del poder consagrado por la constituyente. Los rectores de universidades públicas, los alcaldes de varias municipalidades y sindicatos de instituciones autónomas también han señalado el choque constitucional.

¿Qué significa esta centralidad de poder de esta ley? Centralizar y concentrar el poder en una persona nombrada por razones partidarias con la capacidad de “ordenar” (orden y progreso se decía en el siglo XIX) el régimen de empleo público no solo en cuanto el gasto en salarios sino en la calidad y desempeño de la empleabilidad del sector público. Más aún, también la elegibilidad de quienes ocupan los cargos de presidentes ejecutivos, juntas directivas, jueces, rectores, alcaldes y todo el resto de puestos del sector público. Entiéndase el magisterio, el personal de salud pública y el cuerpo de seguridad pública que son el 80% del empleo público.  Por supuesto que también el 20% restante.

Es decir, un solo funcionario nombrado por el presidente de turno con capacidad de controlar el universo del personal de todo el sector público. Funcionario que será nombrado cada 4 años siguiendo los lineamientos del presidente y del partido que logré el ejecutivo. Reduciendo la capacidad del Servicio Civil a un órgano de criterio técnico y también consagrado en la constitución.

¿Cuánto impacta esto en la disminución del déficit fiscal en el corto plazo? Poco. Es muy poco lo que ya de por sí se ha logrado congelando salarios o eliminando pluses en el contexto pretexto de la pandemia.

Sigue pareciendo que esta ley es mas parte de una estrategia para disciplinar a la oposición social y disidente. Es una necesidad de una élite de dominar a un grupo de opinión que les incómoda y obstruye, según ellos, su proyecto productivo y de privatizar la institucionalidad pública.

¿Hay conciencia en el personal público de hacer ajustes y reformas? Sí la hay. Pero no a costa de la institucionalidad democrática, que ha perdido vertiginosamente su peso y valor propio como garante de un estado democrático y social de derecho.

Concentrar poder implicar caminar hacia el eutiquismo. Este es el legado de este gobierno del PAC y de la amistad que ha forjado este presidente con los sectores que buscan el deterioro del sistema político democrático y solidario que hizo de este país excepcional.

Prosokioc