Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 10 de marzo del 2021

El protocolo de Nagoya (PN), dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Hacia el final de 2010, el PN fue adoptado para implementar parte del Convenio de Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas. Sin embargo, una gran mayoría de comunidades indígenas y campesinas desconocen su contenido y alcance, mientras organizaciones ecologistas y agrícolas se oponen a sus planteamientos.

El PN fue rechazado anteriormente en dos asambleas legislativas (2011 y 2016) por la Comisión de Ambiente, gracias a las objeciones de organizaciones campesinas, indígenas y ecologistas. En esas dos oportunidades fue discutido en la Comisión de Asuntos Ambientales, actualmente se encuentra en la Comisión de Asuntos Internacionales a pesar de que es un tema muy técnico y relacionado directamente con el uso de la biodiversidad y con los intereses de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas. Cabe recalcar que no se ha realizado, en esta oportunidad, ninguna comparecencia de organizaciones que no están de acuerdo con que se ratifique el Protocolo.

Nuestro país en el tema ambiental sufre una “Convienitis” o “Protocolitis” que hace que lo tratados se conviertan en fines y no medios. Esto ha quedado en evidencia en el largo periplo de este protocolo que tiene 10 años y en donde el interés es aprobar por aprobar,  no discutir y consensuar a partir de procesos de verdadera consulta como rezan y prometen los mismos acuerdos.

En teoría el PN, dice buscar el acceso justo y equitativo a los beneficios derivados del uso de los recursos genéticos. Sin embargo, para hacerlo no hay un proceso de consulta justo y equitativo, haciendo que siempre se levanten las voces de los sectores indígenas, ecologistas y agrícolas. Esto pues su ratificación implicaría que los recursos de la biodiversidad, considerados de dominio público en Costa Rica, se traten como si fueran bienes patrimoniales del dominio privado, tal y como se quiso hacer en el caso del Proyecto Minero en Crucitas, o de explotación petrolera Harken, entre otros.

En este protocolo hay un evidente reduccionismo que convierte los recursos genéticos y conocimientos tradicionales en meras mercancías, lo que es una mirada completamente opuesta a la de las comunidades que han trabajado, protegido y promovido estos bienes comunes que el mercado denomina “recursos”.

Según los cuestionamientos al Protocolo de Nagoya, es un instrumento que sólo asegurará a las corporaciones transnacionales e instituciones del norte global la generación de cuantiosos beneficios por la venta de nuevos productos farmacéuticos, alimentarios, de belleza u otros.

Además, el PN podría atentar contra la propia sabiduría, cosmovisión y cultura de las comunidades, que han sabido crear un vínculo con los bienes naturales para crear saberes y conocimientos puestos a la disposición solidaria, de tal manera que puedan continuar alimentándose y atendiendo su salud.

Los sectores sociales que han cuestionado el proceso y contenido del protocolo son propiamente los pueblos indígenas y comunidades locales que históricamente han cuidado y usado la biodiversidad; para lo cual han solicitado que debe debería existir un proceso amplio de información y de posterior consulta, respetando la legislación nacional e internacional, como lo es el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas.