Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 3 de marzo, 2021

La legislación laboral de Costa Rica desde la década de los años 40 del siglo XX venía apilando una serie de derechos para la clase trabajadora (pública y privada) que como un solo grupo de personas gozaba de protecciones mínimas y universales para aportar al proceso productivo con dignidad y evitar los embates del mercado y desmanes de los sectores patronales.

Como se sabe en los años setenta del siglo XX la seguridad social alcanza la cobertura universal, pero al mismo tiempo la organización sindical (derecho humano) en el sector privado nunca llegó a establecerse fehacientemente. No se trata de hacer aquí una apología de la clase trabajadora en general y sus derechos, pero ese avance en el reconocimiento de los derechos se empieza a interrumpir desde la aplicación de los programas de ajuste estructural y el impulso del modelo aperturista. Hoy los derechos laborales han sido redefinidos por las élites empresariales y sus operadores políticos en la asamblea legislativa como privilegios que hay que eliminar a esa clase trabajadora bajo el pretexto de la reducción del gasto público, la reducción de las instituciones públicas y el déficit fiscal.

Leyes como el Código Procesal Laboral (avance sustancial limitado), Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley de Prohibición de Huelgas en servicios estratégicos y hoy la Ley de empleo público vienen impactando el conjunto de los derechos laborales de los y las costarricenses.

Al mismo tiempo una tensión entre las instituciones de la autonomía universitaria y la del equilibrio presupuestario discutido en la jurisdicción de la Sala Constitucional vía recursos de inconstitucionalidad de alguna manera han puesto en enfrentamiento estas dos nociones constitucionales y se han utilizado para determinar la vulneración de uno de los valores modernos dela democracia como es la autonomía universitaria y la autonomía en general de instituciones públicas que en la carta magna se consagra como un mecanismo para alejar de las influencias partidarias la toma de decisiones respecto a la entrega y calidad de los servicios que se prestan.

El panorama de la normativa laboral hoy esta complicado y la introducción de un nuevo órgano regulador con carácter fiscalista y político como lo plantea la ley de empleo público para el MIDEPLAN pretende limitar aún mas el avance de los derechos laborales de la clase trabajadora costarricense.

En general, se puede revisar, ajustar y modernizar la legislación laboral, sobre todo, volverla más equitativa y con criterio de justicia social pero no se está de acuerdo en que se use como mecanismo disciplinador de los sectores económicos que impulsan un modelo de Estado concentrador de la riqueza en pocas manos cuya responsabilidad en el porcentaje del déficit fiscal vía evasión y elusión es más contundente que la que se pretende endilgar a la inversión del Estado Social de Derecho.

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