Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 10 de febrero del 2021

Se acerca el aniversario de los dolorosos crímenes a los dirigentes indígenas Yehry Rivera y Sergio Rojas Ortíz,  asesinados el pasado 24 de febrero del 2020 y  el 18 de marzo de 2019 respectivamente. Estos crímenes aun impunes son la punta de una gran pirámide de violencia estructural que existe en  la relación del Estado y comunidades indígenas. 

En la base de esta pirámide de violencia se encuentra  de manera monolítica el despojo de tierras, la imposición de formas de gobernarse y un castigo permanente a cualquier forma de autodeterminación y autonomía.  Toda esta pirámide también la constituye  la impunidad histórica,  que crece y se evidencia cada día más. Aunado a esto, en medio y contaminando toda la pirámide ha surgido un claro germen paramilitar que se ha manifestado en reiteradas ocasiones en territorios indígenas como Salitre, Cabagra, China Kicha y Térraba, en la Zona Sur.

 No bastó el violento despojo originario de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas que los redujo a 24 territorios en todo el país, que solo ocupan 334 000 hectáreas, un 6,4% del territorio nacional actual. A muchos “blancos” no les ha bastado con todo lo usurpado, sino que siguen robando las tierras a quienes son poseedores legales y legítimos de esos territorios indígenas. Hoy hay territorios que un 90% están en manos de personas no indígenas.

A esos antecedentes históricos se suman que en los últimos 30 años ha crecido la violencia contra líderes y activistas indígenas. Por ejemplo, en 1990, en el territorio indígena de Ujarrás se dio el asesinato del luchador indígena Antonio Zúñiga en circunstancias no esclarecidas y, por lo tanto, impunes. Antonio se caracterizaba por defender los bienes de su pueblo, enfrentándose en muchas ocasiones a los cazadores ilegales, los famosos “monteadores” no indígenas. Fue precisamente así como perdió su vida.

Hace más de 20 años se iniciaron las luchas por la autonomía de los pueblos indígenas que 10años después devienen en los procesos de recuperación de territorios indígenas de la zona sur y norte de Costa Rica. Por este ejercicio del derecho a la tierra y a la autonomía, grupos de personas no indígenas impulsadas por finqueros y terratenientes  se han dedicado a agredir, linchar, disparar y machetear a las poblaciones indígenas. Son “blancos finqueros” que han usurpado territorios indígenas y gobiernan a su antojo. Incluso se podría afirmar que tienen más presencia que la mismo Estado.

Esta estructura de violencia no solo tiene en la punta los asesinatos de Jerhy y Sergio, sino también a más de 10 personas con amenazas de muerte que han recibido ataques directos e intentos de asesinatos, como es el caso de Mainor Ortiz Delgado del pueblo indígena de Salitre.

Hace casi un año, el 9 de febrero de 2020, mientras trabajaba en su tierra el perpetrador del ataque fue detenido por la policía y liberado al día siguiente bajo medidas cautelares. Esta no es la primera vez que es atacado, en 2013, diez individuos lo atacaron violentamente con un machete y un hierro para marcar el ganado. Durante este ataque, también recibió un disparo en la pierna. En 2016, un grupo de personas desconocidas destruyó una estructura ubicada en el rancho de Mainor. En 2017, Mainor recibió una llamada de una persona desconocida que le dijo que lo matarían a balazos. En diciembre de 2018 y febrero de 2019, dispararon contra Mainor Ortíz Delgado y sus familiares.

El caso de Mainor Ortíz Delgado no es aislado y parecen seguir un ciclo similar de  ataques, amenazas y asesinatos. Los pueblos indígenas Bribri y Brörán que viven en el área han enfrentado múltiples formas de violencia y violación a sus derechos humanos y del territorio. Es por esto que en 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorga medidas cautelares y ordena al gobierno de Costa Rica que tomara acciones concretas para proteger la vida y la integridad física de los pueblos Bribri y Brörán. Sin embargo, estas medidas no han sido implementadas por las autoridades, a pesar de los continuos ataques contra personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas.