Comunicado del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica

La coyuntura pone sobre la mesa “redirección”, “restricciones” “desvíos”, “disminuciones”, “cambios de partidas” y demás maniobras realizadas por el gobierno. En su conjunto suman una evidente estrategia de estrangulamiento, recorte y desfinanciamiento hacia las Universidades Públicas y otros sectores.

La redirección de los 70 mil millones hacia la partida de inversión en infraestructura, realizada en último momento antes de que el presupuesto del FEES entre a la Asamblea Legislativa, institución que ha creado una persecución contra las Universidades Públicas, materializa las intenciones ya conocidas por paralizar la educación pública.

La redirección o restricción es un recorte.

Además, Rocío Aguilar, Ministra de Hacienda y el gobierno, no sólo cercan el derecho al acceso a la educación pública superior con esta medida, sino también son los responsables de recortar las garantías sociales costarricenses, atacando a distintos sectores con la aprobación del Combo Fiscal, la aprobación del IVA, el proyecto de ley que amenaza el derecho a la huelga, la ley de empleo público que modifica las jornadas laborales, los recortes al sector salud, la desregulación a la protección ambiental, entre otros.

Este recorte del FEES que afecta becas, matrículas, empleos, sedes, también está dirigido a desfinanciar la Acción Social, principal espacio que realiza la función vital de articulación con los sectores que especialmente se están viendo agraviados por las medidas neoliberales del gobierno.

¿Cuántos recortes hacen falta para desmantelar totalmente la educación pública?

Este recorte a la Educación Superior es inaceptable, pero da cuenta de un condicionamiento que de ser aceptado, estaría naturalizando que las Universidades Públicas abandonen este modelo de educación superior y pierdan su autonomía financiera y que esos recursos tan valiosos se usen en partidas absurdas.

¿Y si fuera que este recorte se termina de materializar, podría haber infraestructura sin gente? ¿Para qué? Los 70 mil millones servirían para construir un montón de edificios que nadie habitaría, sin estudiantes, docentes y administrativos para darle uso.

En el pasado se apelaba a la necesidad de un préstamo al Banco Mundial para la construcción de infraestructura, ¿por qué este “redireccionamiento” no se hizo en ese momento y así no tener que quedar condicionados a las negociaciones nefastas del Banco Mundial?

Asimismo, el odio a los empleados públicos y estudiantado es tanto, que el discurso de defender y cuidar las finanzas y la regla fiscal, se desvanece al evidenciar que prefieren que se construyan edificios, a que haya estudiantes y docentes construyendo educación pública.

 Acciones por la Educación Pública

Durante el 2018 el Programa Kioscos se mantuvo en huelga contra el Combo Fiscal y participamos de múltiples acciones para defender también los derechos de las comunidades con las que trabajamos.

Proponemos que la lucha por la defensa de este derecho básico que es la educación, no se reduzca a la marcha de un día, y proponemos pensar en estrategias para denunciar y revertir el giro ultra neoliberal del actual gobierno.

Apelamos a la creatividad y la rebeldía de nuestra juventud, organizando con creatividad acciones contra la pacificación del movimiento estudiantil y del personal docente y administrativo de las Universidades Públicas y de otros sectores que también están siendo directamente atacados con estas medidas presupuestarias.

Llamamos a reactivar las caravanas artísticas, la alegría de la organización y tantos diversos saberes para la necesaria labor de informar, sensibilizar y movilizar.

Invitamos a organizarnos con la población jóven, colegiales, movimientos sociales y todas las personas que les atañe defender la educación pública y la cultura, buscando nuevas formas de demostrar el descontento.

Rocío Aguilar, Renuncie.

San José, Costa Rica. 17 de octubre del 2019

 

Prosokioc