Por Lesner Figueroa Lázaro , Miembro del clan Tuàdiwak y coordinador del Consejo Ditsö Iriria Ajkónuk Wákpa.

El presente artículo resume nuestras principales preocupaciones y observaciones respecto a la problemática que enfrentan nuestros pueblos indígenas, tanto en torno a la integridad de nuestros territorios y a nuestro efectivo derecho a ocuparlos, como en cuanto al incremento de la violencia, el hostigamiento y la persecución que enfrentamos en este contexto.

Consideramos que el Estado costarricense es también culpable de la muerte de nuestros compañeros, Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera, debido a que no se ha querido hacer uso de mecanismos ya existentes, como lo es del saneamiento territorial -acciones que el Estado debe realizar para aplicar la ley, indemnizar a quien corresponda y expropiar a quien se debe para devolver las tierras a sus dueños indígenas legítimos-, para poner fin a dicha situación, al tiempo que se permite a los grupos usurpadores actuar bajo un marco de protección e impunidad.

Consideramos al saneamiento territorial, o al establecimiento jurídico de los límites de nuestros territorios, como un elemento clave dentro de una posible solución a la escala de la violencia que se vive actualmente a lo interno de los territorios indígenas. Sin embargo, este mecanismo ha sido reiteradamente ignorado u omitido por las autoridades gubernamentales dentro de la “estrategia” que han desplegado para abordar dicha problemática. Esto, a pesar del hecho de que los pueblos indígenas han aceptado reconocer lo establecido en el decreto de 1956.

La negativa por parte del Poder Ejecutivo de recurrir a una solución como la que aquí planteamos, ha implicado que zonas de nuestros territorios tengan que enfrentar la carencia de recursos tan fundamentales como lo puede ser el agua potable, como sucedió, por ejemplo, en la zona de Tsiru Ué, Villa Hermosa o Uniko, por la falta de seguridad respecto a los límites de nuestros territorios.

Al mismo tiempo, la falta de diligencia e interés de los diferentes gobiernos para solucionar la problemática del no reconocimiento del derecho de ocupar legítimamente nuestros territorios, así como para establecer la correcta delimitación de los mismos, se ha traducido en una situación en la que, mientras que empresas de origen nacional y transnacional los explotan y profanan impunemente, varios de nuestros compañeros y compañeras han tenido que enfrentar denuncias judiciales por el simple hecho de reclamar y hacer uso de lo que nos pertenece.

Por otro lado, las soluciones que plantea el Poder Ejecutivo —como, por ejemplo, el Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (RTI)—, carecen de detalles concretos sobre los trámites y procedimientos que se seguirán para hacer la correcta devolución de estas tierras, lo cual las convierte en propuestas vacías, y carentes de sentido práctico, al tiempo que muestran la falta de una verdadera intención de ponerle fin a la situación de violencia y discriminación sistemática que padecemos.

Asimismo, el abordaje que ha dado el Poder Ejecutivo a esta situación, en el caso de Salitre, por ejemplo, ha estado marcado por el letargo burocrático. Mientras tanto, se ha producido la venta ilegal de zonas de nuestro territorio por parte de los mismos usurpadores. Como ya se mencionó, todo esto ha sucedido en un contexto de total y absoluta impunidad, dentro del cual las instancias del Poder Judicial más bien parecieran operar a favor de las personas y empresas usurpadoras.

La impunidad del Estado es tal que tenemos más de cien casos penales y agrarios procesados o en trámite. Solo yo tengo presentados más de veinte. En uno de esos, en vez de lograr resolver la situación, más bien casi termino condenado a varios años de cárcel porque estaba recuperando mi tierra. Todos los casos están archivados, no hay pruebas y más bien me han impuesto medidas cautelares para que no vaya a mi tierra. ¡Eso es impunidad! No solo en los casos que tenemos, donde están los compañeros denunciados, sino en el asesinato del hermano Sergio, quien vino a aumentar aún más la situación de impunidad.


Finalmente, otro elemento central dentro de esta problemática corresponde a la creación e imposición de las Asociaciones de Desarrollo (ADI) a lo interno de los territorios indígenas, las cuales, además de violentar y negar nuestro derecho a la autodeterminación política y organizativa, solamente han servido como instrumento para seguir perpetrando la usurpación de nuestros territorios, atizando así el conflicto, al tiempo que dividen a nuestras comunidades.

Tomado de: https://semanariouniversidad.com/opinion/el-estado-es-responsable-del-asesinato-de-indigenas-y-de-impunidad-por-ese-crimen/?fbclid=IwAR3bFh6EYgMY_Mk6E51Kf0oDw1SJVjeoCCvxGoNwW1dhGUZyhOThelkd39c

Un grato saludo y total agradecimiento para esas personas que trabajan la tierra en miras a fortalecer la red campesina y la soberanía alimentaria en los distintos territorios.

 

 

Nathalie Hernández, quien cursó el TCU en el 2017, nos comparte su experiencia de trabajo transdisciplinario y los aprendizajes a partir del vínculo con las comunidades.

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Homenaje al Dr. Mario Oliva Medina, investigador, docente y catedrático de la Universidad Nacional. Haremos un repaso por su obra y aportes al conocimiento. Con la participación del MEd. Francisco González, rector de la Universidad Nacional, Dra. Marybel Soto Ramírez, Directora del Instituto de Estudios Latinoamericanos IDELA- UNA y M.Sc. Marcelo Valverde investigador y docente del IDELA.

 

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Conversamos sobre: “Costa Rica a las puertas del Contagio Exponencial: Covid-19, Empleo Público y elección del Directorio Legislativo” con la participación de Patricia Mora: Diputada en el periodo 2014-2018, Ex-Ministra de Condición de la Mujer del 2018 al 2020, Socióloga y Profesora universitaria y Laura Martínez: directora del Semanario Universidad, Periodista y Profesora universitaria.

 

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Conozca las 9 alertas sobre la propuesta del reglamento de Acción Social y su impacto en la comunidad universitaria. Les compartimos acá estas infografías.

 

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El proyecto CAM busca fortalecer procesos organizativos de mujeres defensoras de territorios, usando los teléfonos celulares y el audiovisual como herramienta para comunicar sus resistencias de manera autogestionada

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El Observatorio de Bienes Comunes, del Programa Kioscos Socioambientales y el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) alerta sobre los procesos de privatización y extractivismo, que amezan costantemente los recursos naturales como el agua, la tierra, el aire, los bosques, las reservas de peces, es decir, aquellos recursos biológicos de los cuales depende la vida de la humanidad, y los convierten en simples mercancías trasladando los altos costos de la explotación a los ecosistemas y a las comunidades rurales.

Feliz día de la Tierra, para quienes la cuidan, la trabajan y la defienden. Gracias a todas las personas de distintas comunidades que nos compartieron sus fotos y nos dieron permiso de publicarlas en este pequeño homenaje.

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Seguimos celebrando 10 años de trabajo con la comunidad estudiantil y los diversos territorios.
Greivin Solano, graduado de la Escuela de Psicología, comparte la experiencia de su paso por este TCU.
 

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