Fuente Carlos Salazar Fernández en elpais.cr

Un Decreto del Gobierno facilitará la explotación del recurso hídrico para nuevos proyectos inmobiliarios, sin necesidad de que Acueductos y Alcantarillados realice estudios científicos sobre fuentes de agua.

Se trata del Decreto Ejecutivo N°37169-S-Minaet, firmado por los titulares de Salud y Ambiente, junto con la presidente Laura Chinchilla y publicado en La Gaceta, que modifica  el Decreto Nº 32529-S-MINAE, de agosto del 2005.

“Artículo 5.- Todo proyecto de mejoras, ampliaciones o modernización  de los sistemas delegados que modifiquen, sea aumentando el caudal de aprovechamiento de las fuentes de abastecimiento existentes o captando  nuevas fuentes, requieren de la aprobación técnica previa del AyA, quien deberá pronunciarse en un plazo no mayor de 10 días hábiles a partir de  la fecha de recibido en la oficina de Acueductos Comunales  correspondiente. Lo anterior, sin perjuicio de las competencias que en materia de aprovechamiento del recurso hídrico son propias del  MINAET”, indica la nueva normativa.

Además, establece que “2) El diagnóstico de la condición de los Sistemas Delegados – entendido como la verificación de la capacidad y el estado de los mismos- en el caso de nuevos proyectos de desarrollo constructivo (urbanizaciones, lotificaciones, fraccionamientos, condominios, otros) lo debe realizar la ASADA, por medio de la contratación de un profesional responsable,  debidamente incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y  Arquitectos.  En los casos en que la ASADA no tenga recursos económicos para la  contratación del profesional responsable, el interesado podrá asumir estos costos, pero no la ejecución de los estudios, los que estarán siempre bajo competencia de la ASADA. Si como resultado del diagnóstico resulta procedente la realización de un proyecto de mejoras, ampliación o modernización de los sistemas delegados, le corresponderá al interesado la elaboración de los diseños definitivos y los planos  constructivos bajo su costo, así como la construcción de las obras, todo bajo la supervisión permanente de la ASADA, sin perjuicio de las competencias fiscalizadoras de AyA”.

Para Gadi Amit, vicepresidente de Confraternidad Guanacasteca, “Este Decreto es difícil de explicar por parte del Gobierno cuando en la Asamblea Legislativa existe un proyecto de Ley para el fortalecimiento de las Asadas”.

Amit llama la atención sobre el período de diez días que se le otorgan al AyA para pronunciarse, e igualmente sobre permitir a los empresarios o desarrolladores elaborar “a su medida” estudios de factibilidad.

Entre tanto, para Isidro Ledezma, con amplia participación en una Asada de Rosario de Naranjo dijo que se corre el riesgo de “legalizar irregularidades” como ha ocurrido en varios casos.

Señaló como ejemplo que una Asada había rechazado otorgar agua a un proyecto, pero posteriormente llegó un nuevo presidente a la organización y firmó la viabilidad para otorgar agua a las propiedades de un hermano del directivo.

Igualmente, advirtió que si no hay respuesta ni estudios científicos de AyA, “como se han dado casos, los empresarios pueden sobornar a directivos, además de contratar a profesionales inescrupulosos para elaborar estudios de factibilidad o ampliaciones de caudal cuando en realidad hay sobreexplotación del líquido”.

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