Fuente Javier Córdoba Morales en semanario.ucr.ac.cr

Un grupo independiente de expertos en diversos campos de la Universidad de Costa Rica, analizó los pormenores del Proyecto Hidroeléctrico Diquís (PHD) del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), al que recomiendan dar marcha atrás en varias de las acciones emprendidas por la empresa estatal en la concreción de esta obra.

Realizar una Evaluación Ambiental Estratégica (EIA) antes de completar el Estudio de Impacto Ambiental, que se derogue el decreto de “Conveniencia nacional” dado al proyecto, y que se regrese a la consulta amplia con las comunidades afectadas, son parte de las recomendaciones.

La consulta a los pueblos indígenas, a la Convención Internacional sobre Humedales Ramsar y despejar las dudas respecto a una falla geológica, son otras de las tareas pendientes que señalan los académicos para este proyecto.

Pese a estar listo el informe de los expertos de distintas unidades académicas, el Consejo Universitario de la UCR aún no emite un pronunciamiento sobre este tema.

Uno de los primeros cuestionamientos que se hace en el informe “Aproximaciones al megaproyecto El Diquís”, se refiere a la verdadera urgencia de construir la central hidroeléctrica más grande de Centroamérica con la prontitud con que el ICE y el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) lo han planteado.

El documento recuerda que recientemente Costa Rica ratificó el Segundo Protocolo Tratado Marco del Mercado Eléctrico Centroamericano (MER), que permitirá al país integrarse al Sistema de Interconexión Eléctrica de los países de América Central (SIEPAC), abriendo la opción de exportar energía, tanto para el ICE como para inversionistas privados.

Con  ese panorama, se cuestiona si realmente el PHD se necesita a la mayor brevedad posible, para atender la demanda energética del país en el mediano plazo, o si más bien la urgencia responde a la posibilidad de vender la energía a otros países de la región.

En este sentido, el informe recomienda que se abra el debate sobre la conveniencia de este proyecto, y que se tome como una decisión de país, en lugar de ser solo la iniciativa de una institución.

DEROGAR DECRETO

Una de las críticas que contiene el informe al proceso que ha seguido este proyecto,  tiene que ver con la declaratoria de “Conveniencia Nacional e Interés Público” que recibió por medio del Decreto Ejecutivo N.° 34312-MP-MINAE.

El abogado especialista en temas ambientales, Álvaro Sagot, fue el encargado de señalar que este decreto, como tantos otros en la pasada administración, fue otorgado sin sustento técnico o fundamentación alguna.

Sagot cuestionó el hecho de que se declare de “conveniencia nacional” un proyecto que ni siquiera tenía completo su estudio de impacto ambiental, tratándose este decreto de un instrumento que permite cambiar el uso de suelo y eliminar un bosque.

Dicho decreto también exime al ICE de la aplicación de la veda existente sobre la corta de especies en vías de extinción, lo cual tampoco estuvo fundamentado en ningún estudio o criterio técnico.

“Esto fue peor que en el caso de la declaratoria de conveniencia nacional para el proyecto Crucitas, porque por lo menos Crucitas tenía un Estudio de Impacto Ambiental, mientras en este caso no hay nada que lo respalde”, comentó Sagot.

Su recomendación es que el Poder Ejecutivo derogue este decreto, hasta tanto no cuente con los estudios y análisis necesarios para considerar al PHD como un asunto de “conveniencia nacional”.

Otro de los señalamientos al proceder del ICE en el PHD, tiene que ver con el hecho de que son los expertos de la propia institución los encargados de realizar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que podría crear un vicio de nulidad sobre el resultado de este instrumento.

Por su parte, el especialista en evaluación ambiental y geólogo de la UCR, Allan Astorga, explicó que el hecho de que el ICE esté realizando su propio EIA, atenta contra la independencia de criterio que se requiere de los evaluadores.

“El ICE tiene gente que sabe y mucho, pero difícilmente un empleado suyo vaya a decir en el IEA que el proyecto no es viable. Sus expertos podrían hacer el estudio de “línea base”, pero la evaluación ambiental debería darse a una empresa o consultores independientes”, advirtió Astorga.

A esto se suma el hecho de que el ICE tiene representación en la Comisión Plenaria de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), ente que sería el responsable de analizar y aprobar o rechazar el EIA de este proyecto.

Otro aspecto mencionado por Astorga, es que al tratarse de un “megaproyecto” por sus dimensiones e impacto, el PHD debería realizar primero una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), antes que un EIA.

Con un EAE se realiza una valoración más general de las implicaciones e impactos de un proyecto, se presta para una amplia participación de las poblaciones que se sientan afectadas y le daría mayor credibilidad al ICE, en criterio de Astorga.

El citado informe detalla que el ICE no ha realizado aún la consulta a los pueblos indígenas, a la que está obligado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ni ha considerado la negativa de municipalidades como la de Dota, para que las líneas de transmisión del PHD pasen por su cantón.

“Pese a esto, el proyecto se da por un hecho, aun sin tener completo el EIA. Esto lo que genera es expectativas en la gente, que desde ya están ofreciendo fincas con vista a la laguna del embalse de Diquís. Esta especulación lo que va a crear son grupos de interés, que luego se convertirán también en grupos de presión”, criticó el geólogo.

REPRESA O HUMEDAL

De acuerdo con el estudio de la UCR, la flora y fauna de la zona que impactará la represa hidroeléctrica se verá seriamente afectada, principalmente el humedal Térraba-Sierpe, que está protegido por la Convención Ramsar.

Uno de los problemas que podrían surgir es que la represa del PHD devolvería el agua al río Térraba sin su sedimento natural, lo que afectaría el equilibrio natural que debe mantenerse en su desembocadura, en el delta que forma el humedal.

Sin el sedimento, este delta -de 36.000 hectáreas- podría empezar a sufrir una erosión irreversible, lo cual afectaría el mangar y las especies que viven en este ecosistema, ya de por sí amenazado por otros factores.

Astorga sostiene que como parte de la EAE, se debe valorar si son mayores los beneficios que traería el proyecto hidroeléctrico, que los pagos por servicios ambientales que genera un humedal como el Térraba-Sierpe.

“Estudios internacionales señalan que solo una hectárea de humedales, produce $20.000 en servicios ambientales al año. Esto significa que el humedal nos da $720 millones por año en servicios ambientales”, puntualizó.

Astorga destacó que el informe de la UCR no dice que el proyecto no sea viable, o que del todo no se deba realizar; pero, sí advierte que se requiere de un análisis más profundo y de una mayor participación de toda la sociedad en esta decisión.

Un tema que el informe pide dilucidar antes de llevar a cabo el proyecto, es el señalado por el geólogo Wilfredo Rojas, quien advirtió de la presencia de una falla geológica activa que se encuentra en la zona del proyecto, lo que representaría un riesgo para las obras que se realicen en ese lugar.