Por Mauricio Álvarez M, facilitador de Oilwatch en Mesoamérica, geógrafo y docente UCR en diarioextra.com

El MINAET y la Presidenta confirmaron que "afinan detalles" antes de firmar un contrato que entrega los hidrocarburos y el gas natural del 18% del territorio nacional a la compañía estadounidense Mallon Oil por los próximos 20 años. Dentro de la concesión están incluidos los cantones de Matina, Siquirres, Guácimo, Pococí, Sarapiquí, San Carlos, Los Chiles, Grecia, Guatuso y Upala.


La segunda ronda de licitación petrolera fue adjudicada en el 2000 sin haberse presentado previamente un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Meses después, la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) aprobó un supuesto EIA (ver http://oilwatchmesoamerica.org/doc/mallon), que no incluye actividades de campo, y afirmó que este sería suficiente como requisito para firmar el contrato que amarraría la concesión otorgada.

La legalidad de este EIA fue cuestionada por instituciones estatales especializadas en el tema. Por un lado, el mismo Secretario General de la SETENA aseguró que el documento presentado “no es un Estudio de Impacto Ambiental, sino que lo que se presentó fue una simple recopilación y análisis de información” (Oficio SG-722-2002-AJ-SETENA, del 2002). Por su parte, el Director General de Hidrocarburos (DGH) aseguró, ese mismo año, que las actividades de gabinete no estarían dentro de los métodos descritos en la definición de prospección petrolera del artículo 1 del Decreto 26750-MINAE, que se refieren a actividades geológicas y geofísicas de campo. Que el EIA “no constituye a nuestro criterio un proyecto para ser presentado ante la SETENA dentro del proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.” (Oficio DGH-332-02, del 1-8-2002).

Muchos impactos, ningún beneficio. ¿Qué puede tener de beneficioso comprar a precio de mercado nuestro propio gas o petróleo, sin tener claro si lo vamos a poder refinar, o si simplemente nos saldrá más caro exportar y re-importarlo, para además pagar por la refinación del producto final, dejando adicionalmente los impactos en las aguas subterráneas y miles de gases tóxicos en la atmósfera? La Ley de Hidrocarburos (Art. 36) asegura que el contratista venderá al Estado el producto a un precio que, a la fecha de la compra, no podrá ser mayor a los precios existentes en el mercado internacional para los crudos equivalentes. Esto quiere decir que Costa Rica comprará el barril a precio de mercado.

Si bien se pueden mejorar las condiciones tan vergonzosas del contrato de referencia firmado con Harken en 1999 –con base en la ley de hidrocarburos vigente–, por ser la actividad petrolera de alto riesgo e inversión el contrato no podrá variar mucho.

Lo que sí es seguro es que esta actividad no generará la prometida riqueza, porque el petróleo resultaría ser de la empresa: dado que la regalía es escalonada, es sumamente baja (8,7% para 1.100 barriles/día) y la empresa pagaría únicamente impuesto sobre la renta.

Para empeorar la situación, las instituciones a cargo de fiscalizar la actividad están, o debilitadas como SETENA, o desmanteladas como la DGH, que, según indica su página web, prácticamente está sin personal, presupuesto y funciones. Por ley, la DGH es la que debería estar conduciendo todo el proceso técnico de asesoramiento al Poder Ejecutivo.

Crucitas y Harken, segunda parte. Con los antecedentes del caso Harken, en el cual se le impuso al país una demanda internacional sin sustento por rechazarle a la compañía un EIA, es sumamente grave que el gobierno afirme estar “obligado por la seguridad jurídica” a firmar un contrato, más aún cuando hay tantas irregularidades en el otorgamiento de esta nueva concesión a la petrolera Mallon Oil. La misma Sala Cuarta, en el Voto 205-2010 interpuesto contra la aprobación del supuesto EIA que amarraría la firma del contrato –igual que el caso de Crucitas–, sugiere dirimir la legalidad en la vía contenciosa.

Impactos ambientales no convencionales del gas. El gas natural se presenta muchas veces como una alternativa “limpia” al petróleo. Pero separar gas y petróleo en un yacimiento es costoso y contaminante, y es difícil decidir qué tanto, pues el proceso depende de la relación de existencia entre ambos y de la calidad del gas. Orientándonos por las palabras de la Presidenta y del lobby político del Exministro del MINAET, Roberto Dobles, se trata en este caso de extraer gas no convencional.

Sería interesante saber con qué bola de cristal cuentan para saber de la presencia de este gas, que además estarían entregando de buenas a primeras a una trasnacional. Si efectivamente se tratara de gas no convencional, este se obtiene del subsuelo, y como su explotación comercial es relativamente reciente, muchos de los impactos asociados a ella aún se desconocen. Para extraerlo se realiza una perforación de cientos de metros y para aprovecharlo hay que “explotar” o detonar en la roca una mezcla de agua, arena y productos químicos lanzados a gran presión. El gas es liberado y canalizado a tuberías. En países como Australia y Estados Unidos, la explotación de gas ha tenido impactos negativos sobre las aguas subterráneas, además de producir emisiones de gases de efecto invernadero, que contribuyen al cambio climático. Este “negocio” petrolero más pareciera una oportunidad que el Gobierno le está dando a una compañía para –como en el caso de la minería Industrias Infinito– presentar una demanda en un tribunal internacional, pues a todas luces las irregularidades a lo largo de 10 años en la aprobación de un supuesto EIA se lo van a traer abajo en cualquier tribunal de la República.

 

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