¿Hacia dónde vamos señores procuradores?
Fuente: Nicolás Boeglin, Profesor Facultad de Derecho, UCR. en diarioextra.com

El pasado viernes 29 de octubre del presente año se incorporó ante el Tribunal Contencioso Administrativo como prueba (aportada por la parte actora) un expediente de Tributación Directa donde el MINAET, propiamente Cynthia Cavallini, funcionaria del Registro Minero, solicita que un camino público en la zona del proyecto de Crucitas sea tomado como una servidumbre minera a efecto de poder hacer sobre éste la laguna de relaves.

Este expediente de Tributación Directa fue, según todo parece indicar, omitido por la Procuraduría y el MIN(a?)ET a los jueces y a los actores del proceso, lo cual constituye en sí un acto sumamente grave, y que salió a la luz pública gracias a la intervención de unos diputados del Partido Acción Ciudadana.

La gravedad de la omisión proviene del hecho que era obligación legal de la Procuraduría aportar este expediente (que data del 2009) al proceso. Más llamativo aún, e igualmente grave, tampoco figuraba en el expediente de Geología y Minas aportado al expediente judicial, por motivos que se desconocen y que sería muy oportuno investigar.


La Procuraduría General de la República debe explicar por qué no tomó posición sobre la protección de un camino público que pretende eliminar la minera, y por qué no aportó el expediente del caso al proceso en el Tribunal Contencioso Administrativo

Ante estas graves omisiones, la Procuraduría General de la República debe explicarnos por qué no aportó este expediente al proceso y aclararnos cuál es el criterio que tiene sobre este camino público, que se pretende eliminar sin haber sido desafectado.

Entendíamos siempre que, como ente asesor del Estado, la Procuraduría también debía velar por proteger los bienes públicos, y nos interpela profundamente el hecho que en este caso no se haya tomado posición sobre la protección de un bien público. La Procuraduría General de la República tiene la palabra.