Nicolas Boéglin, Profesor de derecho internacional público, UCR. en diarioextra.com

En días recientes observamos a un gabinete, rodeado de exóticas flores ornamentales y aparentemente asesorado por 15 “expertos” (cuyos nombres no hemos logrado aún conocer en detalle), anunciar que no hay marcha atrás posible en razón de una demanda por indemnización de 10 dígitos en dólares, en referencia al proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas.

El monto es resplandeciente, casi como el oro. Pero desluce el hecho que a la fecha se ignore sobre qué tipo de metodología se sustenta, ni quiénes participaron en este último. Multiplica por 6,2 el monto de una demanda similar que la misma empresa, para el mismo proyecto, contra el mismo país, había retirado ante el CIADI del Banco Mundial en octubre del 2005: la demanda ascendía a $276 millones (cifra superior a la reciente demanda contra El Salvador de una minera canadiense por $77 millones).

En aquella oportunidad se retiró esta demanda dos meses antes de que la SETENA aprobara el estudio de impacto ambiental (12 de diciembre del 2005) que había sido rechazado anteriormente. “Mera coincidencia debe de ser” dirá, alzando los hombros, alguno que otro colega apurado.

Posiblemente nunca en la historia del arbitraje un monto indemnizatorio haya sido anunciado por el Estado antes del inversionista. El reportaje de La Nación del pasado 27 de julio es en ese sentido ilustrativo: los representantes de la empresa se muestran “sorprendidos” por la altura de la cifra, no sin, segundos después, aprovechar del vuelo y acariciar una esperanza caída del cielo. Fueron segundos, minutos tal vez, que quedaran plasmados por siempre en la historia de este expediente del que todos quisieran deshacerse sin saber cómo. En su edición del 29 de julio bien apunta Don Armando González que asistimos a un extenuante partida de lavamanos entre distintas entidades, las cuales, una tras otra, teniendo la posibilidad de marcar la diferencia, patean la Yabulani hacia adelante, abrigando la secreta esperanza que algún jugador tenga la garra suficiente para enviarla lejos … y bien lejos.

Sala extremadamente hacendosa por un lado: La primicia no termina ahí: rara vez en su historia la Sala IV ha emitido comunicados de prensa como el del 22 de julio del 2010, que señala con extrema precisión dos párrafos de su extensa sentencia. ¿Cuáles habrán sido las intenciones al enviar este inusitado mensaje (no) subliminal, a tan solo 10 días de haber notificado el voto en su totalidad? Las manifestaciones públicas de algunos decisores a raíz de una marcha que “sorprendieron” a unos (y que lo hicieron ver inmediatamente en los medios) serán tal vez ¿parte de la respuesta? Pareciera como si la Sala quiso indicarnos algo que pudiera pasar eventualmente desapercibido por las autoridades temerosas de tomar decisiones temerarias (desde la perspectiva de la Sala IV).

… y algo omisa por otro: Más temeraria resulta la decisión de la Sala IV: la lectura, incluso antes de iniciar la de sus 348 folios, de los dos votos de los magistrados Fernando Cruz y Gilberto Armijo es recomendada. Ambos desmenuzan el faltante de estudios técnicos, las graves lagunas y la carencia de un certero estudio costo-beneficio, la cual quedó claramente demostrada durante la Vista en un memorable momento en que, desesperados y sin otra posibilidad, los representantes estatales fueron incapaces de citar el número de folio en el que se encontraba el famoso estudio costo-beneficio previo a octubre del 2008, fecha del polémico decreto de conveniencia nacional. El Magistrado Cruz enfatiza que “no existió un único documento que se refiriera a los costos socio ambientales, tal como se admitió en la vista realizada, además tampoco existía una única metodología predeterminada normativamente sobre la forma de ponderación dichos costos, todo lo cual otorga un margen de discrecionalidad muy amplio, situación incompatible con la certeza que se necesita tener en materia ambiental".

Epílogo: lo ocurrido es una “première” para todos los que nos interesamos por los arbitrajes internacionales, experiencia que no es nada nueva y que Costa Rica ya enfrentó ante el CIADI (caso Santa Elena del 2000 y tres casos actualmente pendientes). Sin hablar del caso Harken en el que la demanda inicial por $57.000 millones contra Costa Rica ahora quedó en $13 millones y aún no ha sido definitivamente zanjada. Dejando a un lado la celebración, evidencia la imprudencia de unos y la improvisación de otros; y las incuestionables capacidades malabaristas de algunos siempre listos a agarrar un pájaro en vuelo.


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