Fuente: Nicolás Boeglin en elfinancierocr.com
Los acuíferos constituyen una reserva estratégica, y lo serán más de cara a los efectos del cambio climático y de la crisis del agua. Como todo recurso natural, los acuíferos no respetan las fronteras, ubicándose en algunos casos en el subsuelo de varios Estados.
En aras de desactivar probables crisis entre los Estados ante su renovado interés de explotarlos, se adoptó en el 2009 un anteproyecto de convención elaborado por las Naciones Unidas, contenido en la Resolución 63/124 de la Asamblea General sobre “El derecho de los acuíferos transfronterizos”, de enero del 2009.
Su artículo 6, inciso 2, reza que “al emprender actividades diferentes de la utilización de un acuífero o sistema acuífero transfronterizo que tengan o puedan tener un impacto en ese acuífero o sistema acuífero transfronterizo, los Estados del acuífero adoptarán todas las medidas apropiadas para prevenir que se cause un daño sensible a través de este acuífero o sistema acuífero a otros Estados del acuífero o a otros Estados en cuyo territorio se halle situada una zona de descarga”.
Caso de Costa Rica
En el reporte preliminar presentado en el 2007 en el marco del proyecto denominado ISARM (I nternationally Shared Aquifer Resources Management ), Costa Rica reportó un solo acuífero transfronterizo con Panamá, en Sixaola.
Por falta de información técnica, omitió incluir datos sobre los acuíferos que probablemente comparte con Nicaragua. Revisando la lista de instituciones, la participación oficial de Costa Rica se limitó a un solo funcionario del ICE a diferencia de Nicaragua (dos funcionarios del Marena y dos colaboradores, uno del Ineter y otro de Enacal) o de El Salvador (tres funcionarios de Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET).
La preocupante falta de información sobre las aguas subterráneas en Costa Rica fue externada desde 1996. El último informe del Estado de la Nación (2009) advierte que “la acción… del Senara… se ha visto limitada por la falta de interés político en el tema de las aguas subterráneas… Es ejemplo de esta falta de interés el hecho que se haya pasado de una planilla de trece hidrogeólogos al final de la década de los setenta, a tan solo tres profesionales en Geología en el 2009”.
A las polémicas en torno a acuíferos costeros conocidas por la Sala Constitucional; a las recomendaciones de la CGR sobre injerencias sufridas por los técnicos de Senara; a la exigencia de la Sala IV de aplicar la matriz de vulnerabilidad en todo el país (y no solamente en Poás), debemos añadir la reciente polémica en torno a una “validación” de estudios de terceros por parte del Gerente de Senara y cuestionada desde lo interno en torno al proyecto en Las Crucitas.
Consciente del faltante de información, el texto de Naciones Unidas establece que “los Estados del acuífero adoptarán un criterio de precaución en caso de incertidumbre acerca de la naturaleza y la extensión de los acuíferos o sistemas acuíferos transfronterizos y su vulnerabilidad a la contaminación” (Artículo 12).
Recientemente, el Parlamento Europeo solicitó una moratoria al 2011 de toda actividad minera con base en cianuro, aduciendo que “los efectos transfronterizos de los accidentes con cianuro, en particular con respecto a la contaminación de grandes cuencas hidrográficas y de aguas subterráneas, subrayan la necesidad de adoptar un enfoque común a escala de la Unión Europea frente a la grave amenaza medioambiental que supone el uso de cianuro en la minería”.
