Walter Antillón M., abogado y José Luis Vega C., sociólogo, en representación de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático.
en diarioextra.com

Los suscritos, miembros de la Red Costarricense para el Constitucionalismo Democrático, alertamos a la opinión pública nacional e internacional acerca de la grave amenaza que puede significarle a nuestro país una decisión errada de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Desde el pasado 11 de noviembre es pública la noticia del extravío de un borrador de sentencia de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia relacionado con el proyecto minero ubicado en Las Crucitas; y de que Industrias Infinito Gold S.A. tuvo acceso a este documento de trabajo, en un momento en que la información contenida en el mismo era secreta; y la utilizó para sustentar una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte. El caso es objeto de investigación por el Ministerio Público.

Pese a innumerables opiniones vertidas en distintos medios, exigiendo a la Sala Constitucional un rechazo "ad portas" de aquella acción, basada en el conocimiento previo de un documento filtrado de manera fraudulenta a un tribunal de la República, los Magistrados de la Sala Constitucional se han mantenido reservados al día de hoy, y ello es altamente preocupante.  Porque si un recurso judicial elaborado con base en  documentos espurios filtrados a un tribunal, como ocurre en este caso, es aceptado, la Sala Constitucional estaría cohonestando el ilícito, y con ello sentando un gravísimo precedente para nuestro sistema judicial.

En todo caso obsérvese que desde el punto de vista jurídico ya no existe el “asunto pendiente” a que se refiere el artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, debido a que la Sala Primera falló el caso el pasado 30 de noviembre del 2011, confirmando  la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo de 14 de diciembre del 2010, tornando insubsistente uno de los presupuestos procesales de la acción.

Pero además, en el plano de la oportunidad, está un grave riesgo que la Sala Constitucional nos estaría haciendo correr como país, al acoger por la vía de la inconstitucionalidad cualquiera de las pretensiones de la empresa minera; porque con ello franquearía el camino de un eventual arbitraje internacional a instancias de Infinito Gold: en varias ocasiones los representantes de la empresa han planteado esta opción; y, de manera sistemática, en comunicados a sus inversionistas, han insistido en la inminencia de un conflicto entre la jurisprudencia de la Sala Primera y la de la Sala Constitucional de la Corte. Acoger entonces, a estas alturas, algún recurso por parte de la Sala Constitucional significaría permitirle a la empresa minera confirmar esta supuesta tesis ante un tribunal arbitral a nivel internacional.

Como ciudadanos comprometidos con la vigencia de nuestro sistema democrático, y atentos a los riesgos que significa un error de apreciación de nuestros magistrados, exhortamos a la comunidad nacional a exigir a la Sala Constitucional que respete nuestro ordenamiento y no se preste a abrir una peligrosa Caja de Pandora de incalculables daños para Costa Rica.