Las organizaciones ambientales, programas universitarios y entidades sociales que firmamos el presente documento denunciamos ante la opinión pública nacional e internacional, una serie de irregularidades en materia de gestión ambiental que se han venido dando en el accionar del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) e instituciones bajo el ámbito operacional del viceministerio citado.

Estas irregularidades exigen una pronta y cumplida acción de las autoridades superiores para que se inicie la apertura de expedientes administrativos en sede, así como en la Procuraduría de la Ética, a fin de que se investiguen y corrijan cuanto antes los graves hechos que a continuación se señalan:
1.   Se ha irrespetado en reiteradas ocasiones la Desconcentración Máxima de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) prevista en la misma Ley Orgánica del Ambiente, de manera tal que se ha convertido a este importante ente en un organismo subordinado a las decisiones y ordenanzas políticas y al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental en un trámite desvalorizado como instrumento que  tutela el cumplimiento del artículo 50 de la Constitución.
2.   Se ha puesto más recientemente en peligro de daño ambiental a las aguas subterráneas, uno de los recursos naturales más importantes y estratégicos del país, por la emisión de lineamientos que irrespetan la desconcentración máxima o los criterios técnicos de las entidades que las tienen bajo su responsabilidad, como el Servicio Nacional de Aguas Subterráneas Riego y Avenamiento (SENARA), cuando se indica (en Acuerdo  4230 de la Junta Directiva de esta entidad del pasado 31 de octubre del 2011) que no se solicitarán estudios hidrogeológicos ni de impacto ambiental, a las actividades que sustituyan tanques  de almacenamiento y trasiego de sustancias hidrocarburadas.
3. Se  deja de lado el hecho de que casi el 100% de esas actividades que disponen de tanques de combustible localización en el 76% del territorio del país es un área de recarga acuífera, así como que los estudios internacionales confirman que los tanques de combustible con más de 20 años, particularmente los subterráneos, representan una fuente de alto riesgo de contaminación del suelo, subsuelo y de las aguas subterráneas, con el agravante de que los efectos de contaminación del agua por hidrocarburos tienen muy serias consecuencias al ambiente y la salud.
4. Se ha evidenciado, por parte del actual viceministro del MINAET,  Andrei Bourrouet, una evidente falta de conocimientos en materia de protección de aguas subterráneas y detectado la poca importancia que le da al tema, cuando, por ejemplo, ante la contaminación del acuífero en Moín por hidrocarburos desde un tanque de combustible de RECOPE, este declaró (La Nación, 25/05/2011, p. 4.A) que: “ese tipo de contaminaciones son comunes en plantas refinadoras”, mostrando una actitud displicente en vez de solicitar las sanciones  que establece  la Ley del Ambiente por daño ambiental para las entidades responsables de dicho daño, así como una investigación profunda de la situación ambiental de RECOPE y de otros planteles de esta entidad en todo el país.
5. Se ha dado una interpretación incorrecta y antojadiza a la Ley 8220 (Ley que protege al ciudadano del exceso de trámites del Estado), en la medida de que lo que se ha promovido es la eliminación de requisitos de estudios hidrogeológicos o de impacto ambiental, a la sustitución de tanques de combustible; cuando lo que corresponde  es la publicación de los procedimientos y reglas que operan en las diferentes instancias bajo su cargo.
6. Se ha mostrado una clara actitud de beneficiar a un sector en específico sin que se dé la debida  y real importancia a la protección del ambiente, y en particular de las aguas subterráneas, como lo muestra y documenta el Acuerdo 4230 del SENARA, en el que el citado viceministro, en una reunión con el Secretario General de la SETENA, el Director de Hidrocarburos y el Gerente del SENARA, deciden unilateralmente y sin que mediara un discusión técnica apropiada y en claro irrespeto a la legislación vigente y a la autonomía de criterio de las entidades en cuestión, eliminar requisitos técnicos sin ninguna justificación concreta.
Ante las graves anomalías precitadas, exigimos de la manera más vehemente y enérgica la renuncia o despido del viceministro Andrei Bourrouet a la brevedad posible, por el claro incumplimiento de sus funciones al dejar de velar por los intereses públicos que nos asisten como ciudadanos costarricenses. 


ENTIDADES FIRMANTES:

Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia  -  Asociacion de Desarrollo para la Ecologia  -  Asociación de Ecología Social (AESO) -  Bloque Verde  -  Bosques Nuestros  -  COECOCEIBA - Amigos de la Tierra  -  Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel (Santo Domingo de Heredia)  -  Comisión de Ambiente de la FEUNA  -  Confraternidad Guanacasteca  -  Coordinadora Ni una sola mina  -  Coronado por la naturaleza  -  Fundación para la Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales (FUPROVIRENA) -  Grupo de Apoyo Ambiental del Movimiento Democrático de Oreamuno  -  Llamado Urgente por el Pais - Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo  - MUSADE - (San Ramón, Palmares, Naranjo, Valverde Vega y Zarcero)  -  Oilwatch Costa Rica  -  Red Activa de Derechos Humanos  -  Red de Coordinación en Biodiversidad  -  Unión Norte por la Vida (UNOVIDA)


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