Mauricio Álvarez M. Geógrafo, ecologistay docente UCR

En la región de mayor pobreza extrema del país se debe priorizar, para asegurar que los pocos recursos públicos sean invertidos en proyectos e infraestructura que ayuden a superar esa condición de miseria. Según la Contraloría de la República, el hecho de que la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur) financie estudios técnicos previos para la construcción del aeropuerto de Osa implicaría un uso inapropiado de los recursos públicos. Al tratarse de un proyecto en planeamiento, tal financiamiento no estaría dentro de las facultades de ley de Judesur (informe N.° DFOE-EC-08-2011 y artículo 11, Ley N.° 7012).

El costo de los estudios correspondientes a la primera fase es de ¢150 millones; se trata de estudios geológicos, arqueológicos e hidrológicos para definir el sitio de emplazamiento del nuevo aeropuerto internacional de la zona sur. A la vez, son insumos para concluir la preparación del plan maestro (Semanario Universidad, 19/10/2011). En total, los fondos destinados por Judesur para los estudios previos y el plan maestro del aeropuerto ascienden a ¢600 millones.

Según datos de la Contraloría, la pobreza en la zona sur aumentó del 24% al 34,9% entre el 2007 y el 2010, a pesar de los ¢10.000 millones girados por Judesur durante esos años. La pobreza extrema pasó del 6% al 12,6%. En caso de que se determine que el proyecto del aeropuerto no es viable social o ambientalmente, las comunidades más pobres habrían perdido esos recursos, que deberían ser invertidos en obras que sí generen un desarrollo integral.

Aeropuerto exclusivo. Justamente, en esta zona se quiere construir un aeropuerto “verde” que se dedique exclusivamente a vuelos charter y ejecutivos. Recordemos que la región sur ha sido de las más afectadas por la época lluviosa, por lo que el Conavi calcula que la recuperación de 1.250 kilómetros de carretera va a suponer una inversión de $58 millones (EFE, 30.10.2011). ¡Casualidad que esa cantidad de millones sea similar a la inversión presupuestada para el aeropuerto de Osa!

La falta de prioridades y la práctica del Gobierno de promover la exclusión social se ejemplifican en este proyecto. En los estudios previos y en el discurso de sus promotores se ha borrado la existencia de familias campesinas con décadas de vivir y producir en estas tierras. Parece que la solución integral que propone el Gobierno para esas familias en pobreza extrema es ignorarlas y que en el mejor de los caso terminen en los cinturones de pobreza de la capital.

Por años, los habitantes del sur han estado olvidados. El modelo de desarrollo los ha venido empobreciendo y despojando de sus tierras, las más fértiles de las cuales se han destinado al monocultivo de palma (36.480 ha) y a la actividad piñera (más de 10.000 ha).

Las tierras donde se pretende construir el aeropuerto fueron ocupadas hace más de 20 años por 300 familias, después de que fueran abandonadas por las compañías bananeras.

Esto les otorga a los campesinos un derecho de posesión, pero, al realizar los citados estudios previos, se les ignoró, y se irrespetaron sus cultivos y sus bienes.

Como respuesta a estos atropellos, los campesinos conformaron el Comité de Defensa de las Tierras del Sur, y denunciaron los hechos ante la comisión del Congreso que investiga el aeropuerto (Asamblea Legislativa, Comisión del Ambiente, Acta de sección ordinaria N.° 14, 8.9.2011).

Aunque la mona se vista de “verde”... El impacto negativo del proyecto sobre el ambiente también es innegable, y no se soluciona reduciendo un poco la dimensión del aeropuerto, ni tampoco alejándolo unos metros del área principal del humedal. El impacto directo, acumulativo e indirecto del megaproyecto (La Nación, 27.10.2010), y ya generó un “boom” inmobiliario en áreas de amplia fragilidad ambiental. Este hecho fue confirmado reciente por una barrida del Tribunal Ambiental, que inspeccionó un total de 16 casos de daño ambiental en el Humedal Nacional Térraba-Sierpe (TAA, nota de prensa, 25.10.2011).

Hechos y no palabras. No basta con adjetivar una obra de “verde” para hacerla viable y necesaria.

No se puede pretender ser “verde” sin una viabilidad ambiental aprobada, si no se acata la ley, si no hay trasparencia ni participación social, si se ignora la problemática de la tierra.

Antes de gastar fondos públicos debe verificarse, como mínimo, que este megaproyecto esté conforme con el plan de manejo recientemente aprobado para el Humedal Nacional Térraba-Sierpe.

En un momento en el que se discute la pertinencia de más impuestos, en el que las dádivas y la mala gestión de fondos son pan de cada día, y en el que estamos arrastrando pérdidas en cultivos por más ¢17.000 millones, hay que llamar la atención sobre la manera en que ciertos sectores están priorizando este aeropuerto, al punto de venderlo con un barniz verde que ya deja ver el gris por dentro.

Prosokioc