Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 11 de agosto, 2021

El sábado 31 de julio, al filo de la medianoche y de manera inédita (por lo atropellado del uso del tiempo) la Sala Cuarta dio a conocer la resolución sobre diversas consultas de inconstitucionalidad presentadas en contra del Proyecto de Empleo Público aprobado en Primer Debate en la Asamblea Legislativa. Encontraron los y las magistradas, nada más y nada menos que, 35 inconstitucionalidades al Proyecto. También consideró en temas como el de objeción de conciencia que su redacción no violentaba la constitución. Igual determinación dictaminó para el caso de las convenciones colectivas.

Al día siguiente iniciaba el periodo de sesiones ordinarias del congreso y por lo tanto la temporalidad de alguna forma suscita la emisión del documento.

Con todo y feriado del 2 de agosto los sectores expectantes de la resolución iniciaron las lecturas interpretativas de la resolución. El martes 03 de agosto tanto por el fondo como por la forma las 35 inconstitucionalidades se habían convertido en dudas constitucionales y, al decir de un buen amigo, igual las interpretaba a su buen entender un roto que un cosido.

El vértigo que tomó la discusión de la resolución y sus múltiples interpretaciones nos hacen recordar las presiones que desde el poder ejecutivo y el poder legislativo vivió las últimas semanas la Sala Cuarta. No deja de tener todo esto un todo amenazante y la deliberación posterior, sobre todo, en algunos medios por parte de expertos y opinólogos que están en contra del Estado Social de Derecho, se han encargado de no soltar el dedo sobre la línea de desarmar el aparato estatal.

No recordamos haber oído de ante que, cuando un Proyecto de Ley cuya redacción atenta contra el orden constitucional de 35 maneras distintas no es un Proyecto Inconstitucional sino todo lo contrario es tan constitucional como que por un tecnicismo de procedimiento parlamentario, la Asamblea Legislativa, como no son errores de proceso los inconstitucionales, sino que, de fondo, entonces puede enmendar las 35 materias inconstitucionales y seguir el trámite de aprobación. Esa es la respuesta del Poder Ejecutivo a esta resolución de la sala constitucional. En la universidad si alguien reprueba con tal cantidad de insuficiencias el estudiante pierde el examen y el curso.

En un sano juicio volver a redactar el sujeto, el verbo y el predicado de 35 redacciones lesivas a la constitución de la república significaría un documento distinto al que se aprobó en primer debate.

En el camino de este desparpajo una que otro diputado ha repensado su voto y está condicionando su aprobación en una nueva votación al calor de la resolución de la sala cuarta,

Con la resolución se termina de decantar el objetivo supremo que tiene este Proyecto de Ley para la plutocracia y la élite neoliberal, el rediseño del aparato estatal acorde con sus intereses privados. Porque este proyecto de ley, aquí se ha dicho desde hace meses, tiene algo de empleo público y mucho de una transformación nefasta del estado social de derecho. Sobre todo, en esa ansia disciplinadora de estos sectores en los temas de autonomías constitucionales e independencias necesarias entre poderes.

Aunque el procedimiento parlamentario dicte la continuación del camino hacia el segundo debate de este proyecto no se están tomando en cuenta otras preguntas que se le podrían plantear como nuevas dudas de constitucionalidad tanto en el procedimiento como el fondo a la Sala Cuarta. Acordémonos que la sala solo responde lo que se le pregunta. Asimismo, tampoco se están tomando en cuenta posibles elevamientos a instancias internacionales de temas tan sensibles del derecho laboral de cualquier país que se diga democrático como es el de la negociación colectiva.

No obstante, la atención que ha suscitado la resolución de la sala constitucional el expediente judicial del caso Cochinilla no ha dejado de mostrar la amplitud de las redes de corrupción y sus posibles implicaciones en ámbitos como los gobiernos locales. Tal es el caso que señala en los últimos días el Semanario Universidad, que es prácticamente el único medio de prensa escrita que no ha dejado de informar sobre los múltiples casos que articulan esta red de influencia y compra de voluntades en el sector de construcción de obra de infraestructura vial nacional. Ni que decir de la interminable carretera a San Carlos que a la larga se ha convertido en un monumento a esta red de corrupción. ¿Cuánto les ha costado a los pueblos y al desarrollo humano que se mantenga este estado de situación?