Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 13 de abril, 2021

Una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa indica que a partir del año 2020 el periodo de sesiones extraordinarias dura 8 meses, es decir de diciembre a julio.  Periodo en el cual, como se sabe, la iniciativa de propuestas de ley está en manos de la Presidencia de la República.

El actual Gobierno del PAC decidió que durante estos ocho meses el único proyecto de ley que se iba a discutir era “Ley de Empleo Público”. Consonante con la errática política presidencial se puede suponer que este gobierno puso todos los “huevos en una sola canasta” y perdió la posibilidad de presentar otras iniciativas para atender los problemas estructurales y coyunturales que aquejan a la nación.

El presidente Alvarado ha estigmatizado de manera negativa al empleo público señalando que está “salvando a Costa Rica” de esta, según él, enfermedad que aqueja al Estado Costarricense.

Parte de esta vacuna o proyecto de ley que hay que aplicar para “salvar a Costa Rica” es desconocer el avance de la democracia laboral y sus derechos alcanzados. Regresar a inicios del Siglo XX la legislación laboral vulnerando el derecho a huelga, la institución de la negociación colectiva, politizando el servicio civil, creando un superministro de empleo público, vulnerando el equilibrio de poderes, confundiendo la definición de objeción de conciencia, erosionando la institución constitucional de la autonomía, y creando una serie de nuevas prerrogativas de carácter autoritario para gobernar el sector público.  La justificación sigue siendo el equilibrio presupuestario y el déficit fiscal.  Sigue este gobierno sin presentar propuestas para erradicar la evasión, elusión y contrabando fiscal.

Esta es la mesa que está servida para jugar la partida de la próxima elección nacional.

Un país más pobre, más desigual y menos democrático.

Un país que únicamente cuenta con un sector primario de producción: Agrícola y un sector de desarrollo de conocimiento: Educación para echar adelante un modelo económico que está dirigido por una Plutocracia cuya corta visión no le permite ver más allá de la privatización del Estado, cerrar universidades públicas, deteriorar los servicios públicos y sumergir el país en una bipolaridad totalmente inadecuada para atender una coyuntura de crisis extraordinaria como es esta Pandemia y los sacrificios que como una sola sociedad se deberían de estar haciendo para tratar de salir juntos y provocar un cambio.

En las últimas 3 semanas, como ínterin de estos 8 meses de sesiones extraordinarios monotemáticos, ha iniciado la campaña electoral y las luchas internas de precandidaturas en los partidos políticos.

Grupos y personas conservadores insisten en limitar la campaña política a temas axiológicos (objeción de conciencia). 

Una defensoría de los Habitantes sumida en una crisis en un momento crucial y necesario para su actuación.

Una negociación de un crédito con el FMI parece pender de un hilo. 

Los pobladores de territorios indígenas están sumidos en territorios sin ley ni seguridad sobre sus vidas.

El narcotráfico hunde sus tentáculos en la vida nacional provocando un cáncer social muy difícil de curar. 

El país parece entrar en una nueva ola de contagio pandémico derivado de la irresponsabilidad y de las múltiples mutaciones que muestra este virus.

El diálogo nacional se petrificó como un requisito fosilizado y no se convirtió una buena práctica de lograr acuerdos. 

La pobreza crece en la periferia de ese “otro país” que invisibilizamos pretendiendo vivir como si no hubiera una crisis. 

El desempleo sigue afectando cada vez más a las mujeres trabajadoras y jefas de hogar. 

Un avance importante de obra vial pública no logra minimizar el resquebrajamiento del gabinete de gobierno, las contradicciones entre la fracción legislativa oficialista y la dimisión de ministros y encargados de asuntos especiales.

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