Editorial del Programa de Radio Voces y Política, 24 de febrero, 2021

Hoy hace un año a esta hora ya la violencia tenía días, meses, años, décadas y algunos siglos de manifestarse en Térraba. Que más violencia que tener un territorio decretado por ley y en la práctica un noventa por ciento del área titulada está ocupada ilegalmente por personas no indígenas con aprobación tácita o formal del Estado. 

Por décadas la inacción, omisión y la impunidad ha marcado la relación del Estado con los Territorios indígenas. Esta inacción ha producido sean las instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la que ordene al Gobierno en 2015 y nuevamente en 2016 que tome medidas especiales para proteger de la violencia y las amenazas que sufren las comunidades indígenas por parte de los ocupantes ilegales en los territorios de Térraba y Salitre. 

Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia, entre un día antes del asesinato y junio del año pasado evidencias que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares si no es responsable de no detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas. 

Mientras el Estado por medio del poder Judicial busca desalojar a los mismos indígenas de las recuperaciones el Ejecutivo no ha desalojado ni siquiera a un solo ocupante ilegal del territorio. Es más, por ningún hecho de violencia o denuncias que interponen los indígenas hay una contundencia y eficiencia igual que cuando el proceso es contra los indígenas. 

El ciclo de violencia que mato Yehry inicio en setiembre de 2013 cuando sufrió un lamentable hecho de violencia  al encontrarse en labores de defensa de los bienes naturales del territorio indígena. Fue agredido mientras buscaba señal celular para denunciar a personas no-indígenas  que se encontraban realizando labores de tala ilegal dentro de territorios indígenas. Por ese incidente se puso una denuncia contra el supuesto agresor de apellidos Martínez por el delito de lesiones graves. 

“También ahí lo intentó agredir con un machete, el mismo (sujeto) que lo asesinó” aseguro hoy – en el Semanario Universidad- la tía de Jehry Elides Rivera. 

El hecho de violencia que mato a Yehry inicio el día antes de su asesinato y es por milagro que no hubiera más víctimas como cuenta la misma familia de Yehry que sobrevivió la noche antes del asesinato a un ataque de un grupo armado de más de 100 personas que ejercieron la violencia a vista y paciencia de la fuerza pública. El día después Yehry Rivera fue ultimado de cinco disparos por la espalda en medio de un “linchamiento” de usurpadores no indígenas por un terreno recuperado. 

Yehry Rivera nació el 1 de noviembre de 1974 en Territorio. Desde joven fue un valiente y vehemente dirigente indígena y luchó contra el despojo de tierras y la discriminación, por la recuperación del territorio y otros bienes comunes naturales y culturales.

 Lo conocimos luchando contra la construcción de la represa hidroeléctrica del Diquís. Él decía “El río no se da a cambio de una carretera o una construcción”.

 En marzo del 2020 el Ministerio Público informó que la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos solicitó medidas cautelares “en contra de dos hombres de apellidos Varela Rojas, quienes figuran como sospechosos de cometer el delito de homicidio calificado” contra Yehry Rivera. Las medidas solicitadas eran prisión preventiva para uno de los hermanos y arresto domiciliario para el otro, que estaba hospitalizado. “No obstante, el Juzgado Penal rechazó el requerimiento y ordenó la libertad de los sospechosos; sin embargo, en contra del primero impuso la medida cautelar de no acercarse a testigos”.

 Como dijo su familia: “ha sido un año dónde no guardamos luto, sino esperanza, no lloramos sino agradecimos por el tiempo qué él estuvo entre nosotros y que el racismo, la intolerancia a un mundo desconocido por muchos, un mundo dónde la plata es elemento principal  que lo asesino”.